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La mención a la pobreza estructural y su contraste con los reclamos sectoriales de los más poderosos causó impacto entre los directivos de las cámaras patronales agropecuarias, que luego de escuchar el mensaje presidencial anunciaron que postergaban la nueva agresión en cierne. Sin embargo, sería ingenuo pensar que tan dura y prolongada batalla de intereses se disuelva por la fuerza de la palabra o por la imagen de los condenados de la tierra cubiertos por el lodo, la imprevisión, y la desidia, de lo que da cuenta la reglamentación de la ley de bosques nativos recién después del aluvión en Tartagal, mientras los funcionarios niegan cualquier relación entre el desmonte y la tragedia y descargan toda responsabilidad en la pesada herencia que recibieron de sus predecesores. El anuncio del jueves se explica sobre todo por las divisiones internas de la Mesa de Enlace y de la Federación Agraria, por el fracaso del lockout de la primera semana de octubre en el que pocos productores respondieron a la convocatoria de dirigentes que intentan presentarse como desbordados por la presunta presión de sus bases, y por las negociaciones silenciosas con el gobierno, a cargo del tambero Hugo Biolcati, en consulta con el primer secretario de la Franja Morada agropecuaria, Mario Llambías, y con el líder de los arrendatarios entrerrianos, Alfredo de Angeli. El discurso en el que CFK dijo que le hervía la sangre no fue más que la punta del iceberg con el que chocó el lockout agropecuario.

Feliz Año Nuevo

Las conversaciones reservadas entre Biolcati y el ministro de Planificación, Julio de Vido se filtraron en la columna patronal de Clarín el viernes. Ese texto da por fracasada una gestión que, por el contrario, explica el alivio de la tensión. Comenzaron entre la Navidad y el Año Nuevo, e incluyeron a los respectivos equipos técnicos. Además de un par de encuentros personales, hubo otros contactos por medio de emisarios desconocidos por el público. Esta es la síntesis de lo ocurrido en los últimos 45 días:

- Biolcati gestionó el encuentro a través de un empresario de otro sector de la producción.

- El gobierno puso dos condiciones: que no se repitieran las agresiones verbales o a cacerolazos contra CFK y que no se discutieran las retenciones a las exportaciones de soja. Tal como la presidente le diría el jueves 12 al gobernador santafesino Hermes Binner, las retenciones son el equivalente al superávit fiscal, por lo que en este momento de crisis global es impensable eliminarlas o suspenderlas.

- Los reclamos de la Sociedad Rural fueron presentados por escrito en un memo que confeccionó el economista en jefe de su Instituto de Estudios Económicos, Ernesto Ambrosetti, luego de una consulta con el secretario de Agricultura Carlos Cheppi. Ese pliego incluyó:

- eliminación total de las retenciones a las economías regionales,

- retenciones al trigo después y no antes de la molienda, lo cual tendría efecto fiscal neutro pero beneficiaría a los productores;

- aumento en el precio de la leche que cobran los tamberos,

- supresión de las retenciones a las exportaciones de leche en polvo,

- lanzamiento de un programa carne plus, que permita la faena de animales más pesados, de modo de incrementar el tonelaje exportado con el mismo número de cabezas y la asignación a los corrales de engorde que tienen 35 por ciento de capacidad ociosa de los terneros de las vacas lecheras;

- revisión de la resolución 543 de la Oncca que desacopló al Estado del riesgo en los mercados de futuros,

- eliminar los Registros de Operaciones de Exportación (ROE) a cortes finos, como el lomo o el cuadril,

- autorización para exportar manta de vaca vieja, que va a la industria del termoprocesado,

- reducción de la cantidad de productos lácteos de precio regulado, como crema y postrecitos.

La oposición cerril

El gobierno sólo rechazó los dos puntos finales. En un caso por razones de política justicialista, en el otro por dificultades para controlar que bajo manta de vaca vieja no se faenen terneros en la flor de la edad y esto haga subir el precio de los cortes populares. Biolcati quiso agregar luego dos puntos que no formaron parte del escrito de Ambrosetti: la supresión total de retenciones al trigo, que implicaría un sacrificio fiscal de 250 millones de dólares, más quitas parciales por otro importe similar a las exportaciones de girasol y maíz. Ante la nueva negativa oficial durante algunos días los contactos se interrumpieron. Pero entretanto, Biolcati consiguió la adhesión al acuerdo del energúmeno de Gualeguaychú, quien le comunicó su asentimiento al recién vapuleado presidente del bloque frentevictoriano de diputados, Agustín Rossi, a quien Néstor Kirchner no está dispuesto a sacrificar para complacer a Carlos Reutemann. Quien presionó para mantener las medidas fue el presidente de la FAA, Eduardo Buzzi, a quien sus compañeros de la mesa de enlace encargaron que anunciara la posición contraria a la que defendió en la discusión interna. Buzzi no consigue disimular el rencor por la gratuidad de los documentos de control del transporte de granos, que constituía el grueso del financiamiento de su burocracia. De los 200 millones de pesos que dejan de pagar los productores, unos 15 desfinancian la caja federativa. Esta reacción no es extraña en el ex militante de las juventudes agrarias comunistas, reciclado luego al peronismo santafesino de la Cooperativa: en noviembre de 2007, Buzzi pidió no ser orador en el acto que la Central de Trabajadores Argentinos realizó en el estadio de Ferrocarril Oeste junto con sus aliados de otras organizaciones, porque el tono opositor de los discursos podía molestar al gobierno, con el que estaba negociando nombramientos en una secretaría de Agricultura Familiar e ingresos para su entidad. Buzzi es el más politizado y el menos político de los dirigentes de la Mesa de Enlace. En noviembre dijo que la meta de la dirigencia patronal era desgastar al gobierno y esta semana que no descarta la presentación de su candidatura a presidente en 2011, un sueño que acariciaron otras estrellas fugaces del firmamento mediático, como el ex subcomisario Luis Abelardo Picapiedra y el ex ingeniero Juan Blumberg. Biolcati no se encandila con esas quimeras de autoayuda y luego del anuncio de la postergación del nuevo lockout reanudó la comunicación con el gobierno.

Dos hipótesis

Acerca de lo que suceda a partir de mañana, se manejan dos hipótesis extremas, con diversas combinaciones intermedias:

1. Tal como hizo durante la interminable faz caliente de la confrontación en 2008, Biolcati invoca la necesaria unidad de las cuatro organizaciones para no avanzar hacia la solución. La Mesa de Enlace parte de las concesiones que el gobierno ya le adelantó para aumentar las exigencias y frustrar cualquier acuerdo, de modo de acorralarlo y hacerle la vida más difícil en año electoral, en el que las cámaras patronales piensan jugar con candidatos propios y con representantes de sus intereses, como Felipe Solá y Francisco de Narváez. Cuenta para ello con la seguridad de que no se repetirán las reuniones multitudinarias de discusión, en las que Alberto Fernández atribuía a CFK todas las dificultades. Esto expuso en forma temeraria a la presidente y convirtió a cuatro dirigentes por entonces poco conocidos en centro de atención de los medios, como si se tratara de una negociación entre potencias equivalentes. La previsible negativa a repetir este esquema autoderrotista será denunciada como intolerancia, agresividad y negativa al diálogo.

2. Por el contrario, Biolcati y Llambías aceptan las muy beneficiosas condiciones que ellos mismos pusieron, cuentan con el apoyo de Coninagro, que en todo momento hizo saber que no se plegaría a nuevas medidas de fuerza de creciente impopularidad y con el aislamiento de Buzzi dentro de su propia entidad, que comienza a mirarlo como al apestado causante de la desgracia. El presidente de la Sociedad Rural ultima los detalles en una conversación reservada a solas con la presidente y recién entonces todos se sientan a la mesa en público, no para discutir medidas ni firmar acuerdos sectoriales, sino para tomar conocimiento de primera mano de los anuncios presidenciales sobre el punteo que aquí se reprodujo.

La Mesa del Consejo

Si la conciliación ocurriera esta misma semana, sería el prólogo a la incorporación de las patronales agropecuarias a la mesa del Consejo Económico Social, tal como reclama el patronato industrial. Esto coincidiría con un realineamiento dentro de la UIA, que mermaría la incidencia de la papelera Ledesma (de las familias Arrieta y Blaquier) y de las transnacionales italianas Techint y FIAT. Este fue el tema de un almuerzo entre el aún presidente de la UIA, Juan Carlos Lascurain, el papelero Héctor Massuh y el lobbysta José Ignacio de Mendiguren, factotum de la devaluación dispuesta por el ex senador Eduardo Duhalde. La idea del Consejo ronda por las mentes oficiales desde 2004, cuando fue desechada por el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna, recobró impulso en la campaña electoral de CFK y quedó en stand-by cuando la UIA condicionó su participación en el Acuerdo del Bicentenario a la presencia de la Sociedad Rural y sus aliados. Debería llevarse a la práctica en los próximos meses, antes de que el empresario plástico Héctor Méndez suceda a Lascurain. El mismo sector que impuso el regreso de Méndez a la conducción de la UIA, que ya ejerció entre 2005 y 2007, periodo en el que cuestionó con dureza la política oficial de aumentos salariales, incluye los Rocca y Blaquier y al fabricante italiano de automóviles Cristiano Rattazzi Agnelli. En vísperas del Día de la Industria intimaron a que Lascurain endureciera su discurso frente al gobierno y como no lo hizo dieron el golpe interno que deberá reponer a Méndez. El problema de Mendiguren, Lascurain y Massuh es que sin los aportes de Techint, Ledesma y Fiat no alcanzan ni siquiera a pagar la luz de la cámara industrial. Un modelo posible de financiamiento que están estudiando es el acuerdo entre la Federación de Camioneros y la cámara del transporte automotor que en las negociaciones paritarias incrementaron los aportes en un par de puntos, con los que ambos gremios se financiaron. Esto permitió que los propietarios de pocos camiones se independizaran de los grandes transportistas como Román.

Palos porque bogas

Una coincidencia básica une a fuerzas políticas, económicas, sociales y mediáticas: que la caída en el aprecio del matrimonio presidencial es irreversible y que sólo se trata de unir esfuerzos para asestarle el golpe de gracia. La oportunidad serían las elecciones de este año, en las que el Frente para la Victoria quedaría tan debilitado que a duras penas podría terminar su mandato en 2011, sin la menor posibilidad de la reelección o incluso de incidir en la nominación del sucesor. Este punto de partida condiciona todas las lecturas. Es posible afirmar que la Argentina está aislada en el mundo en la misma semana en que su presidente realiza una visita de Estado impecable a España, recibe una carta del nuevo presidente estadounidense y comienzan los contactos con el ministerio de relaciones exteriores de Hillary Clinton sobre las relaciones bilaterales y multilaterales, la cumbre del G-20 en Londres y la de presidentes americanos en el Caribe. Nada impide presentar la discusión inconclusa sobre Aerolíneas Argentinas como el centro de una visita que habría producido imágenes pero no hechos, por más que el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero haya dicho que las relaciones son excelentes en el 99 por ciento de los temas y que el presidente de los diputados, José Bono, dijera ante la Asamblea Legislativa que la comunidad de intereses entre ambas naciones “es tan evidente que no hay otras dos naciones que puedan igualarla” en el mundo. Los mismos que cuestionan la excesiva preocupación de Cristina por su aspecto y su atuendo se indignan por las imágenes de blusa y pantalón en Tartagal, como si sólo fuera una puesta en escena electoral, dirigida a embarrar la pantalla en el momento de la presentación en público de la nueva sociedad entre Maurizio Macri, Felipe Solá y Francisco De Narváez. Apuestan en cambio a esta Unión Transitoria de Expectativas Electorales. Esta UTE representa una derecha moderna, gay friendly. Sus tres socios son divorciados y han vuelto a casarse o conviven con segundas y hasta terceras parejas. Aman las fiestas y los disfraces y no ven a la Iglesia Católica más que como un actor político y un resorte de control social. Por tradición y para marcar su diferencia con Kirchner, Solá recibió varias veces en la casa de gobierno de La Plata a los diecinueve obispos bonaerenses, encabezados por el sombrío Héctor Aguer. En Buenos Aires, Macri aumentó con generosidad el presupuesto para la educación confesional y por medio de su vicejefe, Gabriela Michetti, cultiva la relación con el arzobispo jesuita Jorge Bergoglio. Como Menem cuando bailaba con odaliscas, intentan comunicarse con la sociedad como personajes de la farándula, incontaminados por la política.

El vacío de poder

Como saben que no tiene el menor sex appeal electoral, los tres se esforzaron por minimizar el rol de Duhalde, quien comenzó a trabajar en el proyecto de liquidación del gobierno de CFK, aún antes de que ella fuera elegida. Cuando algunos peronistas marginados como el jefe de su custodia, Miguel Toma, o el ex gobernador misionero Ramón Puerta le plantearon la necesidad de presentar una fórmula alternativa en 2007, respondió que era imposible impedir la victoria de Cristina pero que había que prepararse para cubrir un futuro vacío de poder, para lo cual comenzó ya entonces una serie de contactos con empresarios y dirigentes de cámaras patronales. Puerta, quien jugó un papel decisivo en la operación de Duhalde para desplazar al impotente jefe de la Alianza, Fernando de la Rúa, fue el puente con Macri, su compañero de estudios y de negocios. Ambos festejaron con un partido de fútbol la renegociación del contrato por la represa del arroyo Urugua-í, una obra presupuestada en 80 millones de dólares que costó 300 y que dejó como secuela una causa judicial por defraudación y cohecho, caratulada “Grindetti, Néstor Osvaldo, s/estafa”.

Contrabando

En 1999 la Sala IV de la Cámara Federal de la Capital sobreseyó a Macri y a su padre por el contrabando desde Uruguay de 13.000 automotores, como recordó la entonces senadora CFK durante el juicio político a los miembros del cardumen menemista en la Corte Suprema de Justicia. La DGI sostuvo que los Macri enviaron autopartes al Uruguay por las cuales cobraron reembolsos. Una vez armados, los vehículos reingresaron a la Argentina sin pagar impuestos internos. Además se falsificaron las firmas de los 13.000 compradores para hacerlos aparecer como importadores directos. CFK dijo que también debían ser destituidos los camaristas Gustavo Hornos, Amelia Berraz de Vidal y Ana María Capolupo, pero nada de eso ha ocurrido. Una jueza renunció, otra se jubiló y Hornos sigue en su cargo. El fiscal federal Eduardo Taiano pidió en 2005 que se investigara también la existencia de una asociación ilícita para defraudar al Estado nacional por parte de la UTE que construyó Urugua-í. Su colega Jorge Di Lello hizo el mismo pedido en 2006 en la causa “Henin, Guillermo Arturo y otros por defraudación contra la administración pública”. El Estado nacional pagaba reembolsos a las empresas constructoras de la represa de Yacyretá por los regímenes de promoción industrial de la ley 20.852. Su objeto era compensar a las empresas locales productoras de bienes nacionales para que pudieran competir en pie de igualdad con las extranjeras en las licitaciones internacionales. Pero los beneficios fiscales y arancelarios se otorgaron también a empresas extranjeras, por bienes importados o inexistentes, con certificados falsos o por materias primas sin valor agregado, como el cemento, la piedra y la arena. Los ex jueces federales Pedro Wechsler y Néstor Blondi llegaron a probar estafas por más de 300 millones de dólares. La Sigen dictaminó que el pago de los reembolsos fue irregular y que no se certificaba el origen nacional de los bienes. Esos delitos fueron cometidos por un consorcio de empresas integrado, entre otras, por Sideco, de la que Maurizio Macri, no su padre Franco, fue vicepresidente y luego presidente, entre 1986 y 1992. En ese lustro el grupo de Sociedades Macri encomendó un estudio entre líderes de opinión para determinar las vulnerabilidades en su imagen empresarial y buscarles remedio. Un porcentaje apreciable de las respuestas lo mencionó como “testaferro”, “vinculado con la mafia” o “de la logia Propaganda Due”. (En las listas de la logia P2, figuraba el contraalmirante Juan Questa, uno de cuyos hijos trabajó en el grupo Socma en tareas de lobby para la obtención de contratos con el Estado). En abril de 2002, cuando recién meditaba dejar la compraventa de futbolistas por la política, Macri viajó a Washington para establecer contactos con políticos estadounidenses, en compañía de tres íntimos colaboradores: Eugenio Burzaco, Francisco de Narváez y Alfonso de Prat Gay, que luego siguieron rumbos distintos. Los unía desde entonces la obsesión por la seguridad. Macri dijo durante la última campaña electoral que el presupuesto de seguridad se decuplicaría, del 2 al 20 por ciento, “como tienen Nueva York y Santiago de Chile” (sic). Con cautela, omitió informar en qué rubros economizaría la diferencia. Por supuesto no ha hecho nada de eso.

El candidato transgénico

La defección de Solá sobre la resolución 125 corona su carrera como operador de los grandes intereses económicos sectoriales. En 1996, apenas un año después de su introducción en Estados Unidos, sin ningún debate parlamentario ni académico, autorizó la soja transgénica de Monsanto y su letal herbicida Roundup. En pocos años esa oleaginosa pasó a cubrir 16 millones de hectáreas, lo cual equivale al 60 por ciento de la tierra cultivada en el país. Los precios de la tierra se cuadruplicaron y en una década el promedio de las explotaciones pampeanas pasó de 250 a 538 hectáreas, con un 30 por ciento menos de productores. Se redujeron el número de tambos, la producción de arroz, maíz, girasol, carne porcina. Los precios de artículos básicos de subsistencia crecieron en forma vertical. Según el oficial de Marina Mercante Roberto V. Maturana, quien cita informes de la Auditoría General de la Nación, la Procuración del Tesoro de la Nación y la Universidad Nacional de Buenos Aires, sobre los permisos de pesca otorgados durante su gestión, Solá también es “responsable absoluto de la destrucción y la entrega de la pesca nacional”. Maturana impulsó diez causas penales contra Solá en los tribunales federales de Mar del Plata que, sostiene, “no avanzaron debido a la adicción de la justicia al poder político”. Tanto en la Secretaría Nacional como en su paso por la gobernación bonaerense, Solá entregó la subsecretaría de pesca al grupo de empresas pesqueras CEPA. “Los buques congeladores factoría beneficiados con esta política de destrucción de la pesca nacional arrojan al mar en pescado fresco y bueno la suma aproximada de 250 millones de dólares al año, mientras niños de la Nación padecen hambre y comen de tachos de basura”, escribió.

Un hombre encantador

De Narváez es uno de los personajes más encantadores de la política argentina. Siempre tiene la billetera dispuesta para financiar emprendimientos ajenos. Para colmo de virtudes no puede aspirar a la presidencia porque es colombiano. Fue uno de los duhaldistas residuales que votaron en favor de la admisión del diploma como diputado del ex subcomisario Luis Patti. De su abuelo checoslovaco heredó la cadena de supermercados Tía. La vendió hace una década y hoy es copropietario del canal 2 de televisión y la radio La Red, pese a que la legislación vigente prohíbe esas actividades a un diputado nacional. En esos emprendimientos es socio del ex ministro menemista José Luis Manzano. También explota fondos de inversión y el predio cedido por Menem a la Sociedad Rural en Palermo, cuyo contrato negoció con Biolcati, a cambio de asumir entre otras cosas la deuda de la SRA con el Estado por la compra fraudulenta del predio. Como Massera, que creyó controlar al peronismo porque tenía presos a Isabel en un arsenal naval, a Lorenzo Miguel en su casa y a algunos Montoneros en la ESMA, De Narváez cree que es posible comprarlo: pagó la biblioteca de Perón, su uniforme, su mausoleo en San Vicente, la campaña presidencial de Menem en 2003 y la legislativa de Duhalde en 2005. La troika impulsada por Duhalde pondrá a prueba en octubre si la sociedad bonaerense está madura para optar como la porteña por una Argentina atendida por sus dueños.