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Patricia Bullrich –candidata presidencial de Unión por Todos– denunció ayer ante la Oficina Anticorrupción a la ministra de Trabajo, Graciela Camaño, por haber “derogado la resolución que obliga a los dirigentes sindicales a presentar su declaración jurada de bienes”. La ex funcionaria aliancista calificó como “una medida antiética” y “totalmente reprochable” que tanto Camaño como la actual secretaria de Trabajo, Noemí Rial, “hayan firmado una resolución” de ese tipo, porque la primera “es parte, por ser esposa de (Luis) Barrionuevo”, y la segunda fue “en su momento, abogada de la CGT”. “He decidido no mirar para el costado y, lejos de especular políticamente a través del Estado, resolví hacer frente al tema que Bullrich dejó en la Justicia” respondió, por su parte, la ministra. Y agregó que “existe una Cámara y un juzgado que se pronunció y entendió que la medida no es correcta”. El titular de la CGT, Rodolfo Daer, también participó del debate al afirmar que la norma era “una clara persecución hacia el sindicalismo”.