“¡Darío hijo de puta!”, “¡Que se vayan todos!” Los gritos se escucharon con claridad entre la protesta de vecinos, familiares y jóvenes que hostigaba a policías, funcionarios de la Justicia y miembros de la intendencia municipal. Los gritos provenían de la marea humana que clamaba por justicia por el crimen de Daniel Capristo. La multitud quería encontrar responsables. Y el estallido no se calmó con la detención del autor del homicidio, de 14 años. Hubo corridas, gritos enfurecidos, pedradas, piñas lanzadas sobre dos hombres solos que caminaban casi sin protección; los acusadores eran jóvenes conocidos del barrio, que suelen parar a la noche en la plaza Alsina; mujeres y hombres ya maduros que se daban ánimos para aplicar la pena por mano propia. Entre la muchedumbre también había militantes del PRO y del fallecido ex intendente de Lanús, Manuel Quindimil. La furia se retroalimentaba con la transmisión en vivo de los canales de noticias. Todo eso se descargó sobre la humanidad de dos personas: el fiscal penal juvenil de Lomas de Zamora, Enrique Lázzari, y el subsecretario de Seguridad de Lanús, Reinaldo Simone. Ambos fueron perseguidos por el barrio y debieron huir a las corridas, protegidos por un par de policías.

Lázzari recibió puñetazos en la cara y en la cabeza. Representante del Poder Judicial, la TV lo mostró con la boca partida y los dientes llenos de sangre. Cuando pudo ponerse a salvo de los golpes, la multitud se concentró sobre el patrullero que pretendía sacarlo del lugar. Uno de los más sacados rompió el vidrio de la ventanilla trasera con una piña. Cuando los médicos lo revisaron, Lázzari tenía lesiones en la cabeza y la mano derecha fracturada de intentar protegerse. Según las versiones de algunos testigos, una parte de la multitud se enardeció cuando el fiscal quiso identificar a los vecinos que habían capturado y golpeado al autor del crimen. Varias horas después, la Comisión de Fiscales de Lomas de Zamora emitió un comunicado solidarizándose con su compañero. “Este tipo de reacciones son producto de la confusión de los roles que cada poder del Estado tiene en la prevención del delito”, señalaron.

Simone había sido enviado al lugar por decisión del actual intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez. Su misión era ponerse a disposición de la familia, estar cerca de ellos. Vestido con una campera de gamuza beige, acompañado por algunos policías, fue rápidamente identificado por los vecinos. Enseguida comenzaron los gritos, lo señalaron como uno de los responsables del asesinato del chofer de Andreani. Así como llegó Simone tuvo que retirarse. Pero su retirada fue acompañada por escupidas, bolsas de basura que le llovían sobre el cuerpo, piñas que intentaban llegar a destino por encima de la custodia policial. El intendente siguió todo por la televisión. “Lo señalaron dos tipos y lo mataron a golpes”, se lamentó Díaz Pérez en diálogo con Página/12. El intendente cree que el hostigamiento a su funcionario estuvo impulsado por sus adversarios políticos del peronismo de Lanús. Algunos militantes vinculados a Díaz Pérez incluso llegaron a identificar a un barrabrava de Chacarita de sobrenombre “Tucán”. También habrían visto a un barra de Boca.

Lo cierto es que por la TV se pudieron escuchar gritos de “¡Darío hijo de puta!” y otros insultos dirigidos directamente al intendente. “Era gente del PRO y del manolismo (el sector del PJ local que seguía a Quindimil). Todo comenzó cuando hicieron correr la bola de que el pibe estaba libre. Y el pibe en ningún momento quedó libre, está encerrado, enclaustrado en un instituto”, dijo Díaz Pérez a Página/12. En la intendencia de Lanús tomaron como un indicio muy fuerte que de los 24 concejales del Concejo Deliberante (16 del Frente para la Victoria-PJ, 3 del ARI, 1 de Solidaridad e Igualdad y 4 del PRO) los únicos que no llamaron al intendente para ofrecer colaboración y ponerse a disposición habrían sido los cuatro del macrismo. Como una broma trágica del destino, Díaz Pérez ya tenía programado un acto con el jefe de Gabinete, Sergio Massa, para anunciar la puesta en marcha del Convenio de Seguridad con Nación en su distrito. El acto iba a ser el lunes próximo: iba a consistir en el anuncio de compras de cámaras, patrulleros y tecnología GPS. Tras los incidentes de ayer, Díaz Pérez está evaluando suspenderlo.