Luego de conocer los fundamentos del fallo del Tribunal Oral Federal de San Luis que ordenó investigarlo por encubrir delitos de lesa humanidad durante la dictadura, el juez Carlos Martín Pereyra González renunció a su cargo en la Cámara Federal de Mendoza. El magistrado también es investigado junto a sus colegas de la Sala B por el Consejo de la Magistratura, a partir de una denuncia de organismos de derechos humanos de Cuyo por su “actitud consecuente y manifiesta a favor de la impunidad de ejecutores del terrorismo de Estado”. Familiares de desaparecidos de San Luis pedirán que la renuncia no interrumpa el jury de enjuiciamiento.

Pereyra González fue hace treinta años secretario del juez federal puntano Eduardo Allende. En 1987 el ex policía Jorge Velázquez declaró que el joven magistrado presenció en 1976 en Jefatura de Policía el interrogatorio bajo torturas a Graciela Fiochetti. La denuncia no tuvo eco, Velázquez había sido condenado dos años antes por Pereyra González. Tres meses atrás, durante el juicio en San Luis, el abogado Carlos Samper retomó el caso. Contó que fue a tribunales tras el secuestro de Fiochetti y que el secretario le confesó: “Asistí a un espectáculo terrible que nunca quisiera volver a ver. He visto a esta chica torturada, por suerte parece que la van a poner en libertad”. Dos días después apareció el cadáver, quemado y con las falanges cortadas. La historia continuó. A partir de hábeas corpus a favor de desaparecidos, Allende y su secretario solicitaron y recibieron el sumario militar inventado para adjudicar a Montoneros la muerte de Fiochetti y del “NN masculino” junto al cual la ejecutaron. Pese a que los secuestrados seguían en el limbo, los magistrados no ordenaron exhumar el “NN” y devolvieron el sumario en silencio.

También durante el juicio en San Luis, ex presos políticos lo acusaron de no haber recibido sus denuncias de tormentos. En diciembre de 1976, durante un careo ante juez y secretario, Juan Cruz Sarmiento se retractó de una declaración anterior porque aseguró que había sido obtenida bajo torturas por el capitán Carlos Plá y el comisario Víctor Becerra, ambos condenados a prisión perpetua. Allí murió su denuncia. Aníbal Olivera declaró que “en la Justicia sabían bien lo que pasaba en Jefatura de Policía porque estaban pared de por medio”. En 1977, cuando presentó su primera denuncia ante Allende y Pereyra González, “me trataron como si ellos también fueran torturadores”, declaró. “Cuando dije lo que nos habían hecho, me dijeron a los gritos que lo que estaba haciendo era un desacato a la autoridad”, agregó.

Citado como testigo, Pereyra González admitió haber devuelto el sumario fraguado, negó haber recibido denuncias de torturas y aseguró con lágrimas que “no supe de desapariciones en ese momento, ignorábamos la magnitud de lo que estaba pasando”. La declaración de Samper fue posterior. Cuando trascendió, el camarista pidió una audiencia especial para someterse a un careo. Cuando el tribunal fijó fecha, adujo problemas de salud y no se presentó. Los jueces Raúl Alberto Rodríguez y Roberto Julio Naciff desmenuzaron en sus fundamentos la complicidad judicial con los represores. Jorge Roberto Burad, mendocino como el camarista, redactó su propio voto, que se limitó a los uniformados.

En diciembre, tras la excarcelación de los últimos represores mendocinos presos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos pidieron al Consejo un jury de enjuiciamiento contra Pereyra González, Alfredo López Cuitiño y Julio Petra Fernández, de la cuestionada Sala B. Dos semanas atrás, los magistrados denunciaron “una embestida contra el Poder Judicial” impulsada por “diversas ONG adscriptas a la tuición de los derechos humanos”. Los organismos de Mendoza ratificaron que “existe una actitud consecuente y manifiesta de los camaristas objetados a favor de la impunidad de militares y policías que ejecutaron el terrorismo de Estado”. Agregaron que “las excarcelaciones y faltas de mérito son consecuencia de esta postura política” y destacaron que el fallo plenario “Díaz Bessone”, invocado por los jueces para ordenar liberaciones, “fue usado en los casos de represores y no en los de delincuentes comunes”.

La semana pasada Pereyra González desmintió en dos oportunidades la noticia de su renuncia, que anticipó Radio Nihuil y que admitió finalmente ante periodistas de MDZ Online. Esta semana el abogado Enrique Ponce, de la APDH San Luis, se presentará ante el Consejo de la Magistratura en representación del hermano del desaparecido Pedro Ledesma y pedirá que el jury no se interrumpa hasta que concluya la investigación por el encubrimiento del secuestro. “La renuncia no implica una sanción. El jury debe continuar hasta que se determine si corresponde o no inhabilitarlo como juez”, explicó Ponce.