El Congreso fue la caja de resonancia de todo el arco político frente al proyecto de ley de Servicios Audiovisuales que el Gobierno envió ayer al Parlamento. Uno a uno y por separado, los principales bloques de la oposición manifestaron su rechazo a la iniciativa. Unión-PRO, la UCR y la CC –en ese orden– reclamaron en sucesivas ruedas de prensa que el debate sea después del 10 de diciembre, tras el recambio legislativo, y lanzaron duras críticas al Gobierno, además de vaticinar el fin de la libertad de expresión y agitar el fantasma del chavismo en la Argentina. Los diputados del socialismo, Proyecto Sur, Solidaridad e Igualdad (SI) y Nuevo Encuentro, en cambio, se mostraron dispuestos a discutir el proyecto “sin hipocresías” y con “límites precisos para evitar la discrecionalidad del Gobierno”.

Unión-PRO fue el primero que salió al cruce del anuncio de Cristina Fernández de Kirchner. Mauricio Macri, Francisco de Narváez y Felipe Solá se juntaron –a pesar de sus diferencias– en el anexo de Diputados y fijaron su posición. “Que el debate se desarrolle después del 10 de diciembre, con el Congreso que eligió la gente. Esta composición actual del Parlamento es legal, pero no es legítima”, soltó el jefe de Gobierno, también en compañía de Gabriela Michetti y varios de sus diputados.

“El kirchnerismo pretende controlar los medios de comunicación y controlar la opinión pública”, sostuvo De Narváez y, aunque aclaró que aún no lo había leído, comparó el proyecto con la política de comunicación chavista: “No es distinto de lo que ha hecho Hugo Chávez en Venezuela para perpetuarse en el poder. Expresamos nuestro más profundo rechazo”.

“Es la ley más importante de los últimos años, no debería ser tratada en un Parlamento que no representa a los argentinos”, arrancó Solá. “La gente siente una distorsión absoluta respecto de lo que pasó en las elecciones de junio y de lo que está pasando ahora”, completó Michetti.

El maratón de ruedas de prensa siguió en la oficina del bloque de diputados radicales del segundo piso del Palacio Legislativo. Allí se presentaron el jefe de los Diputados de la UCR, Oscar Aguad; el de los senadores, Ernesto Sanz, y la diputada Silvana Giúdici, que preside la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja.

“Si fuera una verdadera política de Estado, requiere de un gran consenso nacional y no debe ser tratada en 24 horas, una semana o un mes”, sostuvo Aguad y concluyó que “esto no ayuda a pacificar el país”. “El Gobierno vuelve a ideologizar un tema, como con el campo, para sacar provecho propio. Lo plantea como una batalla ideológica contra los monopolios, pero en realidad está contribuyendo a la matriz política K, que es un modelo de acumulación política y económica del Gobierno. Nosotros vamos a resistir esta ley”, resumió Sanz.

Giúdici se quejó porque el proyecto pasaría por las comisiones de Presupuesto y Comunicación, pero no por la que ella preside. Se manifestó en contra de que las telefónicas ingresen al negocio de la comunicación audiovisual y que el Estado retenga el 33 por ciento del espectro de radiodifusión. “Tiene la matriz chavista”, dijo sobre el proyecto. “La estrategia de hacer valer una mayoría circunstancial pone en jaque a la democracia doblegando libertades al mejor estilo chavista, con medios de rodillas replicantes del discurso oficial”, sostuvo a través de un comunicado el presidente de la UCR, Gerardo Morales.

Casi al mismo tiempo, la Coalición Cívica empezaba su propia conferencia de prensa en el Anexo del Senado. “El Gobierno ve extorsiones en todos lados, porque ésa es su política”, dijo la senadora María Eugenia Estenssoro, replicando el discurso de la Presidenta. “El verdadero objetivo –continuó– es generar consorcios de medios públicos con medios comunitarios subsidiados por el Estado, el 60 por ciento de la prensa subsidiada por el Estado y adicta al Gobierno. Ese es el modelo que propone la ley, un modelo peligroso.”

Los socialistas, socios de la UCR y la CC en el Acuerdo Cívico y Social, argumentan su postura con un perfil más bajo. “Debemos darnos una discusión amplia en el Parlamento, sin hipocresías. No podemos decir que presentamos una iniciativa para consagrar la pluralidad en la Argentina cuando hace sólo cuatro años Néstor Kirchner amplió las licencias hasta 2015 a aquellos sectores a los que ahora se dice limitar con esta iniciativa”, sostuvo la jefa de los diputados del PS, Silvia Augsburger.

“Nuestro bloque había considerado el anteproyecto de ley y en términos generales estamos de acuerdo. En lo que hay que avanzar es en los controles para evitar discrecionalidad del Ejecutivo”, afirmó Eduardo Macaluse, titular del bloque SI. “Se trata de volver las cosas a su lugar, volver a que los medios sean medios y no construyan el poder, no pongan y saquen gobiernos, pongan y saquen dirigentes y climas sociales. Este es un debate extraordinariamente importante y este proyecto es una de las herramientas de ese debate”, sumó Carlos Raimundi.

“Algunos sectores de la oposición política y de la mediática fundan su rechazo al proyecto oficial en una presunta defensa de la libertad de expresión, lo que es un contrasentido, y una dirigente ha llegado a decir que no vacilaría en apoyar a ‘llamados grupos económicos’ en aras de esa libertad, lo que se parece en realidad a una confesión disfrazada y vergonzante”, aportó el socialista K Jorge Rivas a través de un comunicado.

“Bienvenido el debate sobre una nueva ley de radiodifusión. Discusión medular para consolidar la democracia y reemplazar la actual ley de la dictadura”, agregó Claudio Lozano, de Proyecto Sur, que sumará al debate su propia iniciativa.

“Es necesario sancionar una excelente ley y ponerle fin al actual marco normativo que fue diseñado en la última dictadura militar y perfeccionado en el menemismo para evitar el acceso del pueblo a una comunicación democrática”, señaló Martín Sabbatella, que asumirá su banca recién en diciembre, pero que tiene varios aliados entre los actuales diputados nacionales.

El debate recién empieza.