Un grupo de organizaciones de derechos humanos presentó una impugnación contra Daniela Bruna Ugolini, la candidata de Mauricio Macri a ocupar un lugar en el Tribunal Superior de Justicia porteño. El CELS y otras ONG remarcaron que la actual fiscal de Cámara en lo contencioso demostró a lo largo de su carrera que “no cumple con los requisitos de idoneidad técnica y moral, independencia de criterio y compromiso con los derechos humanos”. Advirtieron que Ugolini avaló el cierre de la muestra de León Ferrari, sobre la que sostuvo que era una “obra anticristiana”, además de haber dictaminado como procuradora porteña que una mujer debía tener permiso de su marido para una operación de ligadura de trompas.

Macri eligió presentar únicamente a Ugolini en lugar de una terna que habría incluido a los camaristas Carlos Balbí, Esteban Centanaro e Inés Weiberg. La decisión del jefe de Gobierno cayó pésimo en el Poder Judicial, donde verían mejor en ese cargo a alguno de los camaristas con trayectoria, como Eduardo Russo. El CELS presentó una impugnación formal a la candidatura de Ugolini junto a las ONG dedicadas a defender el derecho a la vivienda, como ACIJ y Corhe, además de Copadi y FARN. Las ONG reclamaron que se informe a qué empresas asesoró Ugolini mientras era abogada del Estado entre 1974 y 2000. En el mismo sentido, el director de Transparencia de Cippec, Manuel Garrido, había reclamado al gobierno porteño mayor información sobre la actividad patrimonial de la fiscal.

“El cargo debería recaer en uno de los mejores juristas de la ciudad. En los antecedentes curriculares de la candidata no se detecta que haya escrito siquiera un libro. Tampoco es profesora titular de alguna universidad. Sin embargo, podría suceder que se haya dedicado a la vida profesional y de su trabajo dependa su excelencia. Lamentablemente, luego de analizar sus dictámenes, estamos convencidos de que no es el caso”, advirtieron las ONG. Y remarcaron: “En gran cantidad de casos, Ugolini convalidó el accionar del gobierno, pese a que éste resultara claramente violatorio de derechos fundamentales”. Entre otros ejemplos, señalaron:

- En el caso del cierre de la muestra de Ferrari, recomendó fallar a favor de la Asociación Cristo Sacerdote. “La ofensa al sentimiento religioso está en la propia exhibición pública. La expresión artística cuestionada es claramente una expresión ‘anticristiana’”, dictaminó Ugolini.

- En el conflicto con las entidades rurales, Ugolini se pronunció contra la instalación de las carpas K ante el Congreso, con el argumento de que el gobierno porteño puede disponer a discreción de los usos del espacio público y se encuentra autorizado a desalojarlo “en forma tan rápida y enérgica como sea posible”.

- El CELS y las otras ONG advirtieron que, en sus dictámenes, Ugolini “reduce a nada el derecho a la vivienda de niños y adultos en situación de calle”. “Toda necesidad vinculada a la vivienda no puede ser siempre satisfecha sino en el marco del presupuesto exigible”, sostuvo Ugolini, contra lo que fallaron los jueces de la Cámara en lo Contencioso. En el caso de una persona que pedía incluir a un nuevo hijo en un programa social, Ugolini aseguró que no se puede “hacer responsable al Estado de las consecuencias de quien, antes que nada, debería asumir su propia responsabilidad en la paternidad”.

- También advirtieron sobre los dictámenes en contra de dar agua a cuatro manzanas de la Villa 31 bis y contra dar viviendas definitivas a los habitantes de Villa Cartón. Los impugnantes objetaron que “según Ugolini, el Estado puede dejar en la calle a niños, niñas y personas en situación de vulnerabilidad y esa conducta no estaría violando derecho alguno”.