Por separado, los principales bloques parlamentarios opositores volvieron a fijar posición sobre el proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual que se votará la semana próxima en la Cámara de Diputados. Unión-PRO, la UCR y el cobismo ratificaron su decisión de frenar la ley o, de lo contrario, revisarla después del 10 de diciembre –tras el recambio legislativo– si el kirchnerismo logra aprobarla. La Coalición Cívica (CC), el socialismo (PS) y Solidaridad e Igualdad (SI) –que avalan que el actual Parlamento discuta la iniciativa– expusieron cada uno por su lado una lista de modificaciones al proyecto. Desde el kirchnerismo afirman que la CC y el PS “levantaron la vara” de las exigencias para evitar acercarse al oficialismo, aunque todavía mantiene abierta la discusión con otros bloques de centroizquierda para introducir cambios (ver recuadro).

El kirchnerismo no está dispuesto –sostiene– a “dilatar el debate” y quiere llevar la semana que viene al recinto de la Cámara baja el proyecto oficial: “Los que dicen que necesitan más tiempo en realidad quieren que no haya ley”, sentenciaron. Ayer por la noche, tras la cuarta jornada consecutiva, se cerraron las audiencias públicas en el anexo del Congreso. El martes se reanudará el plenario de las comisiones de Comunicación, Presupuesto y Libertad de Expresión.

Allí, el bloque K expondrá “artículo por artículo” los cambios que introduciría al proyecto por sugerencia de las distintas bancadas políticas y buscará el dictamen de mayoría. Si logra agotar el debate y consigue los votos, pedirá una sesión especial para el miércoles. Si no, lo trasladaría para el jueves.

Con el oficialismo posicionado en la recta final, la oposición salió a ratificar posturas. Los diputados radicales Silvana Giúdici, que preside la Comisión de Libertad de Expresión, y Oscar Aguad, junto a los macristas Federico Pinedo y Gabriela Michetti, llevaron la voz cantante de los sectores que se alinearon con la estrategia que se diseñó el jueves en el despacho de Julio Cobos en el Senado, junto a Mauricio Macri y Francisco de Narváez, con la adhesión de Felipe Solá y Carlos Reutemann.

“Me duele deducir que lo que sucede nos lleva al convencimiento de que hay un acuerdo entre sectores del Gobierno y privados”, dijo Pinedo, poniendo bajo sospecha el ingreso de las compañías telefónicas al negocio de las comunicaciones audiovisuales.

Giúdici prefirió las definiciones políticas y volvió a agitar el fantasma del chavismo, cuando después de trazar un paralelo entre Venezuela y la Argentina no dudó en afirmar que el propósito del proyecto oficial es “acallar a los medios críticos”.

Aguad recurrió a la experiencia de la disputa con las entidades ruralistas y buscó el apoyo del interior: realizó “un pedido desesperado a los gobernadores, que deben resguardar la libertad de prensa en las distintas provincias argentinas”. El diputado electo Gustavo Ferrari, alineado con De Narváez, eligió una metáfora multimedia que ya había deslizado su jefe político: “El proyecto oficial significa entregarle el control remoto del televisor o del dial al gobierno nacional”.

Pasado el mediodía, la CC hizo su propia rueda de prensa. Ya de regreso de China, Adrián Pérez retomó las riendas del bloque de diputados y la palabra: “El proyecto no garantiza la libertad de prensa y busca controlar los medios, porque la autoridad de aplicación depende del Gobierno de turno, no se regula la asignación de publicidad oficial y el kirchnerismo busca entrar al mercado privado a través de la compra de Telecom”.

“Es necesario reemplazar la ley de la dictadura, pero cualquier ley de la democracia, por sí misma, no es una buena ley. Debemos consensuar y llegar a la mejor ley”, agregó la senadora María Eugenia Estenssoro, más con la intención de diferenciarse del otro núcleo opositor que de lograr acuerdos con el oficialismo.

Luego expusieron los 12 puntos que la CC propone modificar de la iniciativa del Gobierno. Sugieren, entre otros cambios, una autoridad de aplicación “autónoma y autárquica” y la exclusión de las empresas de servicios del negocio de comunicación audiovisual.

En tanto, en un hotel céntrico, el Comité Nacional del socialismo discutía su postura. No fue una resolución fácil. Tuvo posiciones divididas, aunque al final se impuso el criterio que impulsaba el senador Rubén Giustiniani: “Coincidimos en la necesidad de sustituir la actual ley y avanzar en un proceso de democratización de los medios en la Argentina tendiente a desconcentrar la propiedad, descentralizar la producción de contenidos y fomentar el uso plural del espectro”, arrancó.

Pero, a renglón seguido, Giustiniani calificó como “inaceptables” algunos aspectos del proyecto oficial. En esa lista incluyó al órgano de aplicación, el acceso de las telefónicas a los medios audiovisuales y sumar un artículo para regular la publicidad oficial. “El 10 de diciembre se transforma en la coartada de quienes no quieren debate y de quienes no quieren ley”, agregó como diferenciación del resto del abanico opositor, que incluye a sus socios políticos en el Acuerdo Cívico, la UCR y la CC.

El SI, en cambio, envió al bloque K y a los técnicos del Comfer su propia lista de modificaciones. Ahí también se sugieren cambios en la integración de la entidad de aplicación y limitaciones al ingreso de las telefónicas. “Hay que evitar cualquier otra posición dominante, pero si excluimos a las telefónicas del texto de este proyecto, buscarán avanzar en el negocio sin ningún tipo de regulación”, subrayaron.