Ya lo había sugerido hace unos días el ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin: “Las posibilidades de elucubrar situaciones para estafar al Estado con medicamentos son infinitas”. Sin embargo, a medida que se acumulan causas surgen ciertos parámetros o protocolos de acción de la denominada “mafia de los medicamentos”. En este sentido, y según fuentes de la investigación de las irregularidades detectadas en el Policlínico Bancario, conviene desmenuzar los movimientos en el caso Yectafer. “Es el caso testigo, el que nos permitió quebrar las otras causas de falsificaciones”, afirman en el juzgado de Norberto Oyarbide.

La causa, como ya se relató en este diario, comenzó en Río Negro, donde se comprobó una adulteración luego de que Verónica Díaz, de 22 años, falleciera intoxicada a fines de 2004. La joven había recibido el medicamento en el Hospital Artémides Zatti como parte de un tratamiento por anemia. Cuando los técnicos del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) compararon la muestra que había comprado el hospital con las que fabricaba la empresa AstraZeneca notaron que la ampolla era más grande, que no cabía en el soporte de plástico en el que solía llegar envasada. Los rótulos y el logo de la empresa eran falsificaciones. El líquido de las ampollas, que debía ser amarillento, era rojizo. El lote resultó ser gemelo, en su numeración, de otro de circulación legal.

“La falsificación era íntegra. Además de la cajita y las ampollas se intentaba imitar el contenido”, recuerda quien encabezó la instrucción del caso, Marcelo Munilla Lacasa, de la Fiscalía de Nueva Pompeya, especializada en estos delitos. La causa tuvo el agravante de la intencionalidad (el dolo). “Cualquier falsificación es potencialmente dañina para la salud. En el caso del Yectafer, el falsificador tenía un asesor que supuestamente conocía un poco el tema y decía más o menos qué proporción de hierro debía meterse en cada ampolla”, comenta el fiscal.

Sin embargo, cuando la causa llegó al juzgado federal encabezado por Oyarbide el peritaje despejó las dudas. “Lo que mató a las cinco víctimas fue un exceso de hierro. El que rellenó las ampollas en vez de poner el 3 por ciento puso el 300 por ciento. Digamos que se les fue la mano”, dice una fuente del juzgado de Oyarbide. Por eso, los acusados, que habían falsificado el número de lote y arrojaron mil ampollas al mercado, están imputados de homicidio agravado por la intencionalidad. Si no hubo más muertos es porque pudieron sacarse 700 ampollas a tiempo y rastrearon rápidamente las otras.

El falsificador del Yectafer tenía un laboratorio clandestino y planeaba, según rememoran fuentes del caso, abrir un lugar similar en la Triple Frontera. Las ampollas en cuestión habían sido compradas por el laboratorio porteño Quimbel (Química Belgrano). Uno de los responsables, José Cernadas, empleado de esa droguería, se negó en su momento a declarar dónde lo obtuvo. Una vez en el circuito legal, Quimbel envió las ampollas a la droguería Gavazza, de Bahía Blanca, que las revendió al hospital de Viedma.

“Cuando uno iba siguiendo las pistas se encontraba con un montón de documentación fraudulenta. La droguería te deriva a la distribuidora y de ahí te mandan al laboratorio y a veces resulta que el laboratorio existe sólo en los papeles”, repasa el fiscal Munilla Lacasa. ¿Cómo entran los remedios truchos en un hospital o en una clínica?, preguntó Página/12. “Los falsificadores se contactan con alguien que comercializa, en este caso una droguería. Aunque también se pueden presentar directamente a una licitación y ganarla, porque son medicamentos caros y tienen ellos mejor la oferta”, agrega. Entre 2002 y 2006 se habilitaron cerca de 300 droguerías, un número desmedido que alertó al entonces ministro de Salud Ginés González García, que limitó la sospechosa expansión mediante una resolución.

Santiago Lucio Gavazza, dueño de la droguería de Bahía Blanca, y Santiago Pacayut, el director del Hospital Zatti en Viedma, fueron procesados por el caso Yectafer y aguardan juicio junto a otros acusados. El delito de falsificación de medicamentos no está incorporado en el Código Penal (ver aparte) y sólo puede ser condenado si la droga le causó daños a alguien. En el caso del policlínico, las drogas falsificadas eran placebos, aunque esto dependerá de la interpretación del juez Oyarbide.

Marcelo Peretta, presidente del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, tiene su opinión respecto de lo que pudo haber pasado en el Policlínico Bancario con todos los pacientes oncológicos, hemofílicos o que recibían antirretrovirales: “Para las estadísticas oficiales la causa de muerte de estos pacientes es la enfermedad, cuando en realidad, seguramente, muchos murieron por un problema relacionado con los medicamentos. Claro que para probarlo es necesaria una autopsia”.