En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, la presidenta Cristina Kirchner anunció ayer que se eliminará del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual el artículo que permitía a las empresas telefónicas ingresar al negocio de los medios audiovisuales y de televisión por cable, una de los puntos sobre el que más cargaban las tintas los legisladores de la oposición que se resisten a aprobar la iniciativa. “Lo hacemos para desterrar las excusas para no tratar la ley”, explicó la Presidenta, que se presentó junto al titular del Comfer, Gabriel Mariotto.

Para el Gobierno la aprobación de esta ley pasó a ser un tema crucial, por eso todo lo susceptible de ser cambiado sin modificar el espíritu de la ley es puesto en juego con tal de lograr la mayor adhesión posible. En ese marco se entiende una jugada tan fuerte como la de mantener a las empresas telefónicas excluidas del negocio de la televisión por cable.

Es que las críticas que hacían los medios afectados por el proyecto de ley, de las que se hacían eco además algunos legisladores, dañaban al Gobierno. El latiguillo de que “se va a cambiar un monopolio por otro monopolio” se extendió, aunque de los artículos del proyecto no se desprendiera claramente esa posibilidad. Quedaba en claro que se les abría el juego televisivo a las telefónicas, pero para compartir el negocio con las empresas operadoras de cable que ya existen, no para reemplazarlas.

Sin embargo, luego de mucho análisis y cavilaciones, la Presidenta prefirió cortar de cuajo el argumento para votar en contra de la ley. “No dejemos que nos acusen de algo que nosotros no pensábamos hacer”, fue, palabras más, palabras menos, la orden que bajó la Presidenta, para que el bloque oficialista tuviera mayor amplitud para barajar acuerdos con sectores de la oposición de centroizquierda.

Con esto, decían anoche en el Gobierno a Página/12, el oficialismo espera cerrar un acuerdo con el bloque del SI y con los diputados Miguel Bonasso y Claudio Lozano, de Proyecto Sur, e incluso legisladores de la Coalición Cívica. Respecto del partido de Elisa Carrió, anoche en el Gobierno cayeron muy bien –quizá por inesperadas– las palabras de apoyo a este cambio del diputado electo Alfonso Prat Gay.

El otro punto importante que anunció ayer la Presidenta, subrayaban los que estuvieron más cerca de la elaboración del proyecto de ley, es la corrección en la redacción del artículo que indica que cada dos años se revisaría el estado de la frecuencias a la luz de eventuales cambios tecnológicos. Como el artículo hacía referencia a las licencias, la oposición quiso interpretar una supuesta falta de seguridad jurídica por la revisión de las licencias cada dos años, cuando son otorgadas por diez, con opción a otros diez.

Lo que el proyecto establece es que la licencias no serán revisadas, sino las frecuencias por las que emiten las señales adjudicadas, ya que la tecnología digital hará que puedan abrirse más señales en una misma frecuencia, cosa que con la televisión analógica no ocurre y a cada frecuencia le corresponde una señal. “También cambiamos la redacción de este artículo para que no dé lugar a dobles interpretaciones”, le dijo a este diario un alto funcionario.

En el esquema de cambios aceptables que maneja el Gobierno todavía le queda una carta importante para seducir opositores del centroizquierda no sólo de la Cámara de Diputados, sino también a los pocos que hay en el Senado, que es donde se supone el oficialismo se jugará la parada más difícil. Esa carta es la de hacer cambios en las autoridades de aplicación que prevé la nueva ley. Aunque en el Gobierno aseguran que el proyecto contempla un modo de control mucho más democrático, a través de la creación de un consejo federal, también señalaban que ante las críticas de a un excesivo protagonismo del Poder Ejecutivo en la autoridad de aplicación de la ley “eso se puede discutir”.

“Yo creo que no vamos a tener problemas en aceptar cambios que propongan desde la oposición, hay una idea del bloque Solidaridad e Igualdad, que si bien no creemos que sea mejor que nuestra propuesta, entendemos que es razonable y se podría conversar cambios en ese sentido”, comentaba anoche un funcionario que había escuchado hablar a la Presidenta sobre esta cuestión. Por lo tanto, no sería extraño que el próximo paso para que la ley avance sería darle mayor protagonismo a la oposición en el órgano de autoridad de aplicación. Y con esto sí quedaría completa la salvaguarda de las objeciones hechas por la oposición.

Si la ley logra media sanción en Diputados en los próximos días, como espera el Gobierno, el escollo más duro estará en el Senado, donde el vicepresidente Julio Cobos, como el más encumbrado opositor, y el senador Pampuro, como el oficialista de mayor jerarquía, preparan una serie de obstáculos a través de las reglamentaciones. En el Gobierno piensan cómo desbaratar la jugada que quiere hacer Cobos para que en vez de tres comisiones, como en Diputados, sean cuatro las que traten el tema en el Senado, con lo que el dictamen del proyecto sería más trabajoso.

En contrapartida, el Gobierno ya tiene bastante masticada la posibilidad de regular los tiempos para que el proyecto pueda ser tratado en el Senado la semana que la Presidenta estará en Estados Unidos y que por lo tanto tendrá que ser reemplazada por Cobos. Esto le impedirá al mendocino ir a votar al Senado y en caso de desempate –como fue necesario con la famosa la resolución 125– el voto final lo tendría Pampuro.