El futuro del cambio en la autoridad de aplicación en la atención y tratamiento de las personas que consumen drogas será hoy motivo de una reunión en la Casa Rosada. Del encuentro participarán el jefe de Gabinete nacional, Aníbal Fernández; los integrantes de su comité asesor en el tema y el ministro de Salud, Juan Manzur. Sobre esta última cartera recaerán las responsabilidades que hasta ahora tercerizaba, a través de becas, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar). Este cambio, junto a la reforma del régimen de internación y la adecuación de los tratamientos a las normativas internacionales, son los puntos cruciales de las leyes de salud sobre la materia que también se discutirán durante la reunión.

El encuentro se realizará a las 11, en la oficina del jefe de Gabinete. Se entregará al ministro Manzur, según adelantó una integrante del Comité Científico a Página/12, el Plan Nacional de Drogas 2010-2015 que ya fue revisado a principios de mes por los diputados titulares de las comisiones donde se enviarán los leyes de reforma a la actual política de drogas (Salud, Legislación Penal y Presupuesto). Los expertos ya relevaron los recursos estatales provinciales (faltan camas) y aseguraron que en Buenos Aires la Red Metropolitana de Servicio en Adicciones funciona correctamente.

“Los hospitales públicos provinciales deben adecuar no sólo la parte de desintoxicación, sino la red de contención. Deberán tener salitas comunitarias en coordinación con la red de Desarrollo Social, que ya diseñó un protocolo adecuado para los institutos de menores y además está financiando muchas becas y asistencia porque decidió que el tema será prioritario”, confió la asesora. “Lo que buscamos –agregó– es que los poderes públicos y los sectores privados ajusten sus protocolos y recursos como pidieron la Corte Suprema, la Iglesia, las organizaciones civiles de reducción de daños, la facultades de Medicina, Farmacia y Derecho de la UBA, los jueces, defensores, fiscales y Madres del Paco, a fin de garantizar el mejor y más amplio acceso de la salud.”

El “ajuste” al que refiere la asesora está contenido en el reciente fallo Arriola de la Corte Suprema, que declara inconstitucional penar la tenencia para consumo personal, y el caso R.J.M., una persona con problemas mentales y de adicción que pasó 25 años internada. “En esos fallos la Corte detalla los lineamientos en materia de prevención, asistencia, educación y reinserción”, comentó la fuente. Se trata de un “catálogo de derechos”, que son la columna vertebral de los argumentos de los proyectos de ley sobre salud.

Allí, se establece que el paciente tiene derecho a saber su diagnóstico y tratamiento, a rechazarlo, a que se garantice la continuidad del tratamiento y a recibir una terapia farmacológica adecuada y “no como castigo o para conveniencia de terceros”. Sobre la internación coactiva, uno de los puntos más importantes, la Corte dispuso que “debe sustentarse exclusivamente en el padecimiento de una afección mental susceptible de internación” y debe durar “el tiempo mínimo e indispensable, en razón de un tratamiento restrictivo que debe presentarse como última opción, dejando sentada la regla de la libertad del paciente”.

Hasta ahora, la falta de reglas claras en las comunidades terapéuticas de puertas cerradas, sean estatales o privadas, permitió todo tipo de abusos. Por eso, el proyecto de ley sobre las internaciones forzosas se presentará por separado del Plan Integral de Atención, Prevención, Asistencia e Inclusión en el Campo de las Adicciones. Este último proyecto compromete además de la cartera de Salud, los ministerios de Desarrollo Social, Trabajo y Justicia y es complementario de la ley enviada al Congreso por el diputado fueguino Leonardo Gorbacz sobre la creación de un programa nacional de asistencia a los usuarios de drogas.

Por otra parte, los expertos del comité aconsejaron “revisar las competencias de la Sedronar” en materia de prevención y también en narcotráfico. Más que reformular, se limitará esta secretaría por decreto presidencial. Para esto se invocará la Ley de Ministerios para reestablecer los controles estatales. Ayer, desde el comité adelantaron otro pedido al ministro Manzur: “Queremos avanzar en los planes de prevención y tratamiento de alcohol y paco, como de control en los tratamientos y obras sociales y prepagas que no cumplirían con las leyes que los obligan a prevenir y dar tratamiento a los afiliados”.

Los dos proyectos de ley sobre Salud, según el cronograma del comité, deberían ser tratados antes de fin de mes en la Cámara de Diputados. “Son reformas urgentes –reflexionó la asesora al respecto–, si realmente queremos una política de drogas seria, humana y eficaz.”