El Poder Ejecutivo anunció que excluirá a las empresas de telecomunicaciones –Telecom y Telefónica– del proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual, con el objetivo de allanar su tratamiento en el Congreso. También quedarán afuera del nuevo marco regulatorio las empresas que entraron en el mercado luego de la desregulación que hizo el gobierno de la Alianza. Sólo podrán ofrecer los servicios de radiodifusión las cooperativas de telecomunicaciones, tal cual lo remarcó ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según indicó a Página/12 Felipe Boccoli, titular de Fecotel, cámara que agrupa a las cooperativas, estas entidades podrán facturar de aquí a dos años aproximadamente 300 millones de pesos. La discusión que se dio sobre la participación de Telefónica y Telecom en el triple play dejó entrever que todavía existe una situación de concentración en el sector, donde las dos telcos no cumplen con los convenios de interconexión ni permiten el acceso democrático a sus redes. “Las cooperativas entran y las grandes no. Esto viene a resolver un grave problema de financiación, porque hasta el momento no éramos rentables en banda ancha porque Telefónica y Telecom tienen concentrado el mercado y la telefonía fija está en decadencia. Nosotros no jugamos a ser monopólicas. Somos los propios usuarios, organizados, para prestar un servicio”, aseveró Boccoli a este diario.

Según datos de la cámara que nuclea a los principales proveedores de telecomunicaciones del país (Cabase), Telefónica y Telecom facturan conjuntamente más de 17.000 millones de pesos por año. Actualmente existen aproximadamente 330 cooperativas telefónicas en todo el país. Desde una de sus organizaciones, Fecotel, estiman que con los servicios audiovisuales podrán alcanzar una facturación de 24,7 millones de pesos mensuales y casi 300 millones por año, casi un dos por ciento de la facturación de las telefónicas.

Además de poseer una rentabilidad envidiable, Telefónica y Telecom son dueñas de las redes sobre las que ofrecen telefonía e Internet (por las que pretenden también ofrecer servicios audiovisuales). Las demás compañías –tanto las cooperativas como las que ingresaron a partir del 2000– tienen que alquilar esa red, cuyo acceso es manejado por las telcos. Más allá de que el nuevo marco regulatorio de servicios audivisuales contempla a las cooperativas, el presidente de Fecotel también reclama una nueva ley de Servicios Públicos y otra de Defensa de la Competencia para lograr una “adecuada regulación sobre la red”. “El objetivo es garantizar la universalización de los servicios de comunicaciones del país, para que haya una real distribución de la renta nacional de las comunicaciones”, enfatizó Boccoli.

El proyecto tal cual estaba hasta ayer contemplaba el ingreso al mercado de los servicios audiovisuales a las empresas de servicios públicos sin fines de lucro, a los servicios públicos con fines de lucro y las empresas telefónicas. A partir de la nueva redacción, sólo quedarán las organizaciones sin fines de lucro. Además de Telecom y Telefónica, quedan afuera de la ley las empresas entrantes y las compañías eléctricas. Si bien las llamadas entrantes –como Iplan, Impsat, Compsat y GlobalCrossing– se oponían al ingreso de Telefónica y Telecom, le solicitaron al Comfer “no ser incluidas dentro de la misma bolsa”.

“La oposición no fue refinada en su análisis. Le tiraron a todo el bulto”, ironizó a este diario Mario Micceli, vicepresidente de Cabase. Por su parte, Franco Cecchini, vocero de Iplan, aseveró que “las empresas entrantes deberían estar incluidas expresamente en el nuevo marco regulatorio porque no constituimos ningún monopolio”.

Las entrantes podrían ofrecer triple play, pero deben alquilarles las redes a las dos telcos. Según Cabase, de las 3000 áreas locales existentes, las prestadoras dominantes sólo comprenden en su Oferta de Interconexión de Referencia (OIR) a un número reducido de localidades. Telecom ofrece interconexión en 67 áreas locales, mientras que Telefónica lo hace en otras 62. “En las otras 2850 áreas, la interconexión no es técnicamente factible”, expresó Cabase en un documento presentado durante las últimas audiencias públicas.

Por paradójico que resulte, tanto Telefónica (de capitales españoles) como Telecom (al menos en su composición actual con socios argentinos e italianos) y la mexicana Telmex no estaban muy contentas con la redacción del proyecto de Servicios Audiovisuales. Por eso su silencio. Modificada la normativa, salieron a expresar su disconformidad con el proyecto original. Por un lado, no estaban de acuerdo con la obligación de tener un 70 por ciento de capital nacional para ofrecer radiodifusión y otro punto que cuestionaban era el referido a la producción de contenido nacional. Aunque no lo reconozcan públicamente, confían en poder negociar en el futuro otro marco regulatorio para ofrecer triple play sin tantos condicionamientos.

“El negocio de las telcos es comprar contenidos enlatados. Tampoco estaban muy interesados en mantener redes separadas y atenerse a la Ley de Bienes Culturales. Muchos sectores de la oposición, sobre todo los de centroizquierda, terminaron haciéndole publicidad a las empresas de cable como si fueran la voz de la pluralidad”, aseveró a Página/12 el investigador de la UBA Ricardo Beltrán.