La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) entregó ayer al juez federal Norberto Oyarbide una lista de veinte obras sociales que se proveyeron de medicamentos en las droguerías San Javier y Multipharma, las empresas sospechadas de suministrar remedios adulterados. El organismo iniciará, además, auditorías en todas esas entidades para comprobar la evolución de los pacientes que pudieron haber recibido material “trucho” para tratamientos contra el cáncer, la hemofilia y el sida.

La lista de obras sociales que recibió ayer Oyarbide y que en los próximos días también será enviada al juez Claudio Bonadío –a cargo de otro expediente que involucra maniobras con medicamentos– incluye a La Bancaria –que ya fue intervenida– y Agentes de Loterías y Afines, Aeronavegantes, Personal de la Industria del Calzado, Personal Administrativo y Técnico de la Construcción, Personal de Entidades Deportivas y Civiles, Personal de Escribanos de Capital Federal, Personal Gráfico, Personal de la Industria del Hielo y Mercados Particulares, Personal de Maestranza, Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas, Personal de la Industria del Vidrio, Personal de la Empresa Nacional de Correo, Personal de la Municipalidad de Avellaneda, Personal de la Actividad del Turf, Portuarios Argentinos, Obra Social de Relojeros y Joyeros, Obra Social de Trabajadores de Estaciones de Servicio y la Asociación de Obras Sociales de Comodoro Rivadavia. La sospecha de que algunas de estas entidades tenían como proveedores a las droguerías involucradas en la adulteración de remedios ya había trascendido. En principio, se habló de siete entidades involucradas. Pero ahora la lista se amplió a veinte y en el futuro podrían ser más.

Para elaborar este registro la SSS pidió informes a las propias obras sociales y a la Administración de Programas Especiales (APE), ya que ese organismo es el encargado de suministrar los reintegros por tratamientos de alta complejidad.

“A partir de mañana (por hoy) comenzarán a auditarse estas obras sociales, lo que significa que se revisará factura por factura para saber qué pacientes recibieron remedios sospechosos y se estudiará la evolución de esa persona”, explicó a Página/12 un funcionario del área.

Oyarbide ya tenía bajo sospecha unas cincuenta obras sociales a partir de documentación hallada en los allanamientos en la Policlínica Bancaria y las oficinas de la droguería San Javier, que pertenece a Néstor Lorenzo, que fue detenido y excarcelado y ahora espera su turno para declarar como imputado. Está acusado de comercializar remedios vencidos, falsos o robados. El magistrado también busca determinar si hubo connivencia de los gremialistas en la maniobra. Juan José Zanola, titular de los bancarios, es por el momento el principal comprometido.