La situación en Kraft avanza hacia una solución o está empantanada, según de qué lado de las partes se mire. Para el Ministerio de Trabajo, luego de la reunión que se realizó ayer, se logró la reincorporación de 30 trabajadores, mientras que los delegados sostienen que en esa lista de beneficiados no está, precisamente, la conducción gremial que la empresa no reconoce y cuyo despido es el origen del conflicto. El único aspecto resuelto fue el pago de la totalidad de los sueldos. “No se cumplió con lo central, que es que la comisión interna pueda ingresar a la fábrica, mantienen a la policía adentro mientras la patronal aprieta a los trabajadores e impuso nuevas reglas internas que son persecutorias. No es con una multa como se va a resolver, porque ya avanzaron contra los derechos laborales”, explicó a Página/12 Mariano Pedrero, uno de los abogados de los delegados.

El letrado, que también asesora a los ceramistas de Zanon, se refirió así a la sanción económica de 13 millones que el ministerio impuso ayer a la empresa por haber violado la ley de Asociaciones Sindicales al impedir que los representantes de los operarios y operarias entren en la planta de Pacheco para ejercer sus funciones gremiales. La cifra surge de multiplcar 5 mil pesos por cada trabajador afectado por la ausencia de representantes gremiales. Ayer, el ministro Carlos Tomada le informó a los directivos de la ex Terrabusi que se inició el sumario. “La multa rige aunque ahora los dejen pasar. Y si no lo hacen, aumenta”, precisó un funcionario de la cartera laboral. “Para Kraft, que está en 150 países y acá factura más de 400 millones al año, no es un problema económico”, apuntó Pedrero. Desde el interior de la fábrica, ayer los empleados relataron a sus compañeros los cambios implementados por la empresa. “Podrán sufrir modificaciones en sus categorías, redujeron los tiempos de descanso y permanencia en el comedor, establecieron el horario de ingreso media hora antes para evitar que se crucen adentro con el turno saliente y anunciaron que abrirán los cofres en forma periódica para supuestas fumigaciones”, describió Oscar Coria, delegado despedido. Pedrero ponderó esta situación. “Ahí está el origen de todo, la empresa ya avanzó en las condiciones laborales, algo que nunca pudo hacer porque esta comisión interna se lo impedía”, enfatizó el abogado de los trabajadores. “La reunión no condujo a ningún lado, es una provocación que la empresa reincorpore 30 a un campo de concentración, sin comisión interna y con policía, porque al no haber protección sindical puede volver a despedir gente, como hizo el mismo día del desalojo con represión cuando se habían comprometido a no despedir, en una maniobra para facilitar la represión, y al día siguiente mandaron cientos de suspensiones, que son los que ahora todavía están afuera de la fábrica. El Gobierno tiene que garantizar la vuelta de la comisión interna y que no haya represalias”, agregó.

En Alem al 600 el equipo del ministro Tomada hacía otra evaluación. “Con mucha dificultad pero estamos avanzando, hay 30 que ya están adentro”, comentaron. Según estas fuentes, al inicio de la reunión la empresa dijo que aceptaba reincorporar a 10 personas y el ministro le respondió que así no se podía empezar. De los 30 reincorporados, 25 pertenecen al grupo de los 86 despedidos (que en principio fueron 162 pero la mitad acordaron retiros por indemnizaciones). Y de los 36 suspendidos por “hechos violentos” durante el desalojo, cinco integran esa lista. Ninguno de los que pueden volver a trabajar son delegados –de la comisión interna o de sector– y todos pertenecen a la lista Verde que lidera el sindicalista de la alimentación Rodolfo Daer, quien participó de la reunión. “La lista la armó la empresa, y el ministro pretende que el martes puede ser más amplia, por eso la idea es que todos aguanten hasta entonces”, pidieron las autoridades de Trabajo.

Sin embargo, las partes, que hasta ahora se reunieron por separado con los funcionarios y el martes se verán por primera vez cara a cara, parecen hacer caso omiso de las exhortaciones de los ministerios de Trabajo nacional y provincial en cuanto a no tomar medidas que alteren los ánimos en medio de la frágil negociación. De hecho, anoche la asamblea que se realizó en la puerta de Henry Ford al 3200 resolvió cortar Callao y Corrientes, ir a las 13 a la UIA y marchar a la residencia presidencial de Olivos, y el sábado realizar otra asamblea ampliada con organizaciones políticas y sociales para decidir un nuevo “plan de lucha”.