La CTA, la CGT y las organizaciones piqueteras, con unas pocas excepciones, respaldaron la asignación por hijo como una medida por la que los movimientos sociales vienen luchando hace más de diez años. “Un avance muy importante”, “una mano para los indigentes”, “una reparación”, “una medida que evitará el clientelismo” fueron algunas de las frases con que dirigentes sociales y sindicales apoyaron el anuncio presidencial. Pero al mismo tiempo, la mayoría puso objeciones a que la asignación por hijo se financie con fondos de la Anses. Un criterio compartido por los referentes fue que la Anses debería utilizar sus recursos para llevar las jubilaciones al 82 por ciento móvil y que el dinero para la asignación debería salir, en cambio, de aportes patronales o de impuestos a los sectores de mayores ganancias.

“Esta política va en la dirección que durante años demandamos la Central de Trabajadores Argentinos y otras organizaciones que formaron parte del Frente Nacional contra la Pobreza”, sostuvo el titular de la CTA, Hugo Yasky. Una de las primeras cosas que rescató el dirigente fue que a la asignación se accederá como un derecho ciudadano, “lo que marca un cambio respecto de la ayuda que el Estado distribuye como un subsidio concedido por gracia de los gobernantes”.

Hugo Moyano estuvo presente en el acto realizado en la Casa Rosada y anticipó que la iniciativa “contará con el total apoyo del sector obrero”. Además, salió al cruce de las críticas de la oposición en el sentido de que la asignación no sería universal. “Hay sectores que no tienen necesidad de cobrar una asignación familiar, creo que no se justifica que esto ocurra, porque de cualquier manera, indirectamente al descontarlo del pago a las Ganancias lo están cobrando”, señaló.

En el mismo sentido argumentó Luis D’Elía. “Escuché decir a la doctora Carrió que para que sea universal habría que darle 200 pesos a los hijos de los ricos; es un verdadero disparate, motivo de risa para muchos”, manifestó. Para D’Elía, la asignación por hijo “no resolverá el problema de la pobreza, pero les tiende una mano a los indigentes, a los que peor la están pasando”, por lo que “los más humildes del conurbano de las grandes ciudades del país lo van a agradecer de corazón”. Emilio Pérsico (del Movimiento Evita), Federico Martelli (del Movimiento de Unidad Popular) y Jorge “Quito” Aragón (del Frente Barrial 19 de Diciembre) fueron otros de los dirigentes de organizaciones sociales que celebraron la medida como un avance en el reconocimiento de los derechos sociales.

En cuanto a los reparos, los hubo de dos tipos. El más formulado fue un cuestionamiento a que se utilicen fondos de la Anses. “Nosotros planteamos que deben surgir de la restitución de los aportes patronales, del impuesto a la operaciones en la Bolsa y a las ganancias extraordinarias, es decir de impuestos progresivos que estén dirigidos a que esos fondos puedan recaudarse de los sectores que han concentrado las mayores ganancias en estos años de crecimiento económico”, planteó Yasky.

Desde la izquierda, Néstor Pitrola, del Polo Obrero, esgrimió este argumento con una postura mucho más crítica. “Si esto lo paga la Anses, se trata de una redistribución de la pobreza. Nuestra postura es que se le dé financiamiento patronal”, sostuvo.

El segundo tipo de críticas tuvo que ver con la desconfianza de algunas organizaciones piqueteras sobre cómo se va a implementar el sistema. El Frente Darío Santillán, el Movimiento de Unidad y Lucha y una veintena de organizaciones señalaron en un comunicado de prensa que “el problema de este gobierno con las políticas sociales no son los anuncios, muchas veces prolijos y bien elaborados, sino qué hace después con las políticas que anuncia”. Las organizaciones pusieron como ejemplo “el caso del plan destinado a armar cooperativas” que realizarán obras de mejoramiento en el conurbano. La queja de los movimientos es que el Gobierno “está incumpliendo sus promesas” de integrarlos a ese plan.

La misma postura de recelo sobre la implementación de la medida fue expresada por Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa.

“La asignación me parece bien, demoraron seis años, pero como medida está bien. No podríamos estar en contra cuando venimos peleando hace un montón de años para que los planes sean universales, para que no se siga usando a la indigencia de una forma clientelar. Pero hay que esperar a ver cómo lo van a poner en práctica, ahí vamos a saber si realmente llega a todos”, opinó el dirigente.