Al menos por unos días, el grupo de choque del gobierno porteño especializado en desalojos de indigentes que viven en la calle, conocido como UCEP, no podrá realizar ese tipo de procedimientos sin autorización judicial. Lo decidió ayer el juez Roberto Gallardo, quien además ordenó que ese organismo se abstenga de intervenir en “acciones que involucren a menores e incapaces”. La medida fue adoptada horas después de un allanamiento a la sede de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), en el Edificio del Plata.

La medida cautelar fue adoptada por Gallardo apenas veinticuatro horas después de que el asesor tutelar de Menores Gustavo Moreno presentara una acción de amparo a partir del caso de Carla Baptista, la mujer con un embarazo de cinco meses que hace un mes fue golpeada, manoseada y amenazada por una patota de la UCEP, en un operativo realizado en la calle Pasco y Autopista, donde ella vivía con su pareja.

El accionar de la UCEP viene siendo denunciado desde hace tiempo por sus víctimas y por organizaciones sociales y políticas que advierten sobre los métodos violentos que utilizan sus integrantes para desalojar a personas sin techo de la vía pública. La diputada Liliana Parada (Proyecto Sur) formuló a fines de 2008 una denuncia penal contra Mauricio Macri y el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, por “amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, a la que se sumó con otros casos la Defensoría del Pueblo de la ciudad. Este organismo, junto con la Defensoría Oficial de la Justicia porteña y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentaron la semana pasada un pedido de disolución de lo que consideraron como una “fuerza paraestatal”.

A la causa que se tramita en la Justicia penal se agregó ahora un expediente en el fuero Contencioso Administrativo porteño. Fue después de que Carla Baptista, la mujer embarazada atacada el 1º de octubre, se presentara acompañada por la diputada Parada, en la Asesoría Tutelar, para solicitar protección ante su situación de desamparo. “Después del desalojo volvió a vivir bajo la Autopista y una semana después uno de los integrantes de la UCEP le fue a decir ‘Vas a ver lo que te va a pasar por hacer la denuncia’”, contó Parada a Página/12.

Como primera medida, el asesor tutelar Gustavo Moreno presentó un recurso de amparo “en nombre del hijo por nacer” para que se le otorgue un subsidio suficiente como para vivir en un hotel con sus seis hijos. “Es que los chicos, como sus padres no tienen vivienda, estaban alojados en un hogar infantil, en Avellaneda. Y el gobierno de la ciudad tiene un máximo de 700 pesos para subsidios, que no alcanzan para alojar a una pareja con hijos. Por eso la única manera de ampliar los subsidios es mediante recursos de amparos”, explicó Moreno a Página/12. Fue de esa manera que Carla Baptista accedió a un subsidio de 1700 pesos para llevar a sus seis hijos con ella. El mayor de los chicos tiene seis años.

Resuelta la emergencia, el asesor tutelar pidió el jueves a la Justicia, en un nuevo recurso de amparo, “que la UCEP no participe en procedimientos con personas menores (de 21 años) y embarazadas”. Para eso, al caso de Carla agregó “otros sucesos de igual tenor, que tuvieron lugar en circunstancias similares, de los que también habrían sido víctimas menores de edad”.

La causa recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo a cargo de Roberto Gallardo, quien en menos de veinticuatro horas ordenó allanar las oficinas de la UCEP, en el quinto piso del edificio de Carlos Pellegrini 211, donde secuestró abundante documentación. “Después de leer la presentación del asesor tutelar, existían dudas acerca de la forma en que se realizan los procedimientos”, dijo Gallardo a Página/12 al justificar el allanamiento.

–¿Usted allanó la UCEP porque pidió documentación y no se la entregaron? –preguntó este diario.

–No. Dada la gravedad de los acontecimientos denunciados, en los que podría haber actividades ilegales, no era adecuado solicitar información, sino obtenerla de esa manera.

Después de “repasar en forma superficial el conjunto de la prueba colectada”, Gallardo resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada; le ordenó al Ministerio de Espacio Público –del que depende la UCEP– que hasta tanto se resuelva en forma definitiva, el organismo cuestionado “se abstenga de formalizar cualquier procedimiento sobre personas que se encuentren en el espacio público o en la vía pública, sin haber obtenido previamente la autorización de este tribunal, solicitud a la que deberá acompañarse los antecedentes administrativos que fundamenten la intervención, todo ello bajo apercibimiento de denuncia criminal”.

También le ordenó al ministerio que “se abstenga de intervenir en aquellas acciones que involucren menores e incapaces”.

“Tratan de limpiar las calles de Buenos Aires de pobres, pero tirándolos del otro lado de la General Paz. Ofrecen dinero primero, y si no se van con dinero, se van a los golpes”, dijo la diputada Parada. El miércoles último, cuando el ministro Piccardo brindó un informe en la Legislatura, la diputada le preguntó al funcionario: “¿Están esperando un muerto? Yo no. Y para que esto no ocurra, la UCEP tiene que dejar de existir”.

Piccardo se empeñó en negar que la UCEP emplee métodos violentos y en sus exposiciones consideró que los testimonios brindados por víctimas y testigos no constituyen pruebas de un accionar ilegal. De hecho, en la Legislatura confirmó que inició tres sumarios para investigar las denuncias, pero admitió que no separó preventivamente a ninguno de los funcionarios acusados.

De acuerdo con denuncias coincidentes, el grupo –cuyo jefe sería un barrabrava de San Lorenzo, conocido como el Luis “El Tano” Savoiardo– se moviliza en varios vehículos no identificados con leyendas oficiales y un camión compactador de basura, adonde son arrojadas las pertenencias de las personas desalojadas.

Según admite el propio organismo, desde febrero hasta septiembre la UCEP realizó 444 procedimientos de desalojo, la gran mayoría contra personas indigentes, a razón de dos o más operativos por día. Ahora, sus integrantes ingresan en período de abstinencia: sólo pueden actuar bajo supervisión judicial, al menos hasta que haya sentencia definitiva.