“El desconocimiento genera prejuicio, el prejuicio discriminación”, como la que genera que “el Estado legitime la desigualdad” al limitar el matrimonio legal a las parejas heterosexuales. La afirmación fue pronunciada por la presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt), María Rachid, en un recinto tan poco habituado a debatir sobre los derechos civiles de distintas identidades sexuales como el Congreso nacional, que se estrenaba, ayer, en la faena, con el primer plenario de comisiones dedicado a los dos proyectos de legalización del matrimonio gay. Durante unas dos horas, diputados y diputadas de las comisiones de Legislación General y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia escucharon las exposiciones de dos especialistas en Derecho y de la propia Rachid, aun cuando la asistencia raleó, en parte por la convocatoria que había hecho la presidenta Cristina Fernández para el anuncio sobre la asignación universal casi a la misma hora y en parte porque quienes se oponen al proyecto prefirieron retirarse para no debatir. Luego, la mayoría de los presentes anticipó su apoyo a dar dictamen primero y a la sanción en recinto después. Las previsiones más optimistas, inclusive, se inclinaron a sostener que la semana próxima podría darse el primer paso, tras otra reunión con especialistas, y que antes de fin de año el matrimonio legal para personas del mismo sexo podría ser debatido en la Cámara de Diputados.

En la calle, desde temprano, y a metros del anexo del Congreso en que se realizaría la reunión, había un pequeño revuelo: activistas de Falgbt se servían de un pequeño gazebo para juntar firmas en favor del matrimonio gay, repartir folletería de la campaña “El mismo amor” (www.elmismoamor.org) que reclama “igualdad jurídica para todas las familias”, y tratar de explicar razones a las personas de paso. No resultaba sencillo, como comprobaba la activista Lisa Kerner (conocida por su militancia tanto como por haber iniciado las fiestas y la casa Brandon), quien sin embargo tenía la respuesta lista a la frase más usual: “no tengo tiempo” o bien “estoy apurada” recibía un “para vos no son más que tres minutos y a mí esto me cambia la vida”. Unas cuantas veces, hay que decirlo, la gente que pasaba terminaba firmando.

Allí nomás, en el edificio, el plenario comenzó poco antes de las 11 de la mañana, cuando Vilma Ibarra (EPS), presidenta de la Comisión de Legislación General y cofirmante de uno de los dos proyectos (el otro fue reingresado, luego de que perdiera estado parlamentario, por Silvia Augsburger, del PS), dio por conformado el quórum y fue cediendo la palabra a las personas invitadas a exponer sus opiniones sobre los proyectos para que, eventualmente, legisladoras y legisladores pudieran realizarles preguntas. El primer turno fue del abogado especialista en Derechos Humanos Roberto Saba, quien basó su argumentación en que el Código Civil, siendo una norma secundaria, contraría el ejercicio y el goce de las garantías que brinda la Constitución nacional, como lo es “la igualdad en el ejercicio de un derecho”, entendiendo comprendido en ello “al derecho a contraer matrimonio”. Saba no sólo refirió que el texto de la ley indica que la unión es entre “cónyuges” (en lugar de definir que ha de ser entre personas de distinto sexo), sino que, además, limitar la posibilidad de contar con la protección legal de la pareja a uniones heterosexuales “involucra creencias” en lo que respecta a “planes de vida”.

A continuación, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez se congratuló porque “que el tema esté en agenda de debate implica ya la ruptura de un tabú en el orden simbólico”, y luego se explayó en torno de la pertinencia que la aprobación del matrimonio gay puede tener de cara al paradigma constitucional argentino, a su parecer vulnerado por lo taxativo del Código Civil, y la proyección de los efectos que, en lo inmediato, puede tener la modificación de la legislación. Habida cuenta de que existe “un derecho fundamental y un derecho humano a formar una familia”, y dado que no existe un único modelo sino “múltiples formas de entender una familia”, dijo, ¿por qué proteger sólo a una forma de familia? “Algunas personas que se oponen a ver esto dicen ‘pero los hijos de las parejas gays van a salir gays’... ¿y qué importa si salen gays? Sólo importa el amor que se dé a esas personas, la protección de esa familia.” Por eso, continuó, la igualdad no es sólo una cuestión normativa, sino que su garantía legal puede tener efectos culturales profundos “sobre la subjetividad de las personas”.

El tercer turno fue para María Rachid, quien insistió sobre cómo “este debate pendiente que estuvo hasta ahora sin llegar al lugar del que salen las leyes” trata sobre “los derechos civiles y, por tanto, sobre la vida cotidiana de las personas”. Aun cuando durante toda su intervención leyó un texto que había escrito (“por si me traicionaban los nervios”), la suya fue una participación signada por el tono emotivo de lo personal devenido político. Refirió por sus nombres de pila distintos casos de familias en los que la no heterosexualidad de sus fundadores y fundadoras se tradujo en desigualdades flagrantes: un viudo que quedó en la calle por no poder heredar la casa que había compartido más de 30 años con su pareja; una nena que no puede tener cobertura de la obra social de una de sus madres sólo porque su otra madre está desempleada y resulta ser la biológica, es decir, la única reconocida por la ley; dos varones nacidos en distintos países no pueden convivir en una ciudad porque uno de ellos no puede acceder al permiso de residencia... El matrimonio, dijo, “no se trata sólo de la fiesta, el vestido o el traje y los regalos”, sino de “gozar de igualdad jurídica y ser más felices, de tener derecho a la vida, la salud, el trabajo y el amor”, por lo que llamó al Parlamento argentino a ser pionero en Latinoamérica en reconocer y amparar a las nuevas familias.

Pasada la ronda de exposiciones, los diputados y las diputadas que intervinieron, con una sola excepción, lo hicieron para anticipar su respaldo. Silvia Augsburger, quien es firmante de uno de los proyectos y advirtió que el PS acompañará la iniciativa, destacó que el de los derechos a las nuevas familias “no es un debate aislado”; Fernanda Gil Lozano (CC) adelantó el respaldo de su bloque y se esperanzó con que “quizás antes de fin de año podamos tener la ley”, mientras que Cecilia Merchán (EPS, al igual que Ibarra, y firmante de uno de los proyectos) insistió en que “no se trata de una cuestión de minorías sino de derechos”. Leonardo Gorbacz (Proyecto Progresista) destacó la importancia de avanzar sobre el cambio para acabar con “cosas que son injustas”, porque “el Código Civil es un refugio del conservadurismo”, una perspectiva que también sostuvo María Fernanda Reyes (CC), quien tildó al debate de “histórico”. Luego de la breve consulta de Juan Pais (FpV), quien indagó sobre qué países adoptaron “un esquema similar al de los proyectos” y cuáles “formas morigeradas” (la respuesta instantánea de Ibarra fue que ello figuraba en los argumentos de los proyectos), María Josefa Areta (Frente de Todos) brindó una definición personal y emocional: como psicóloga, contó, atendió muchos años a parejas gays, “es duro tener que ver, en una pareja de años, lo que pasa cuando muere un miembro, y también ver jóvenes que están ocultando su homosexualidad y tienen que llevar casi una doble personalidad”, por lo que adelantó el apoyo “no en nombre del bloque pero sí en nombre mío”.

La semana próxima, a la misma hora, en el mismo lugar, habrá un nuevo plenario, en el que expondrá, además de María José Lubertino en nombre del Inadi, el activista español del PSOE Pedro Zerolo, asesor en temas de diversidad sexual del gobierno de José Luis Zapatero. “Que vengan los que no están a favor –invitó Vilma Ibarra al cierre del plenario de ayer–. Lo peor que pueden hacer es esconder el debate y que se pretenda trabar el proyecto en el recinto. Es necesario que se debata de cara a la sociedad.”