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“Negociaciones incompatibles con la función pública” es el delito por el que ayer fue procesada la ex funcionaria menemista Alicia Martínez Ríos. La autodefinida “Gostanian femenina”, ex secretaria de Asuntos Consulares durante el gobierno de Carlos Menem, propició la firma de un convenio por el cual la Cancillería acordó el pago de honorarios millonarios al abogado Ernesto Galante, que también fue procesado como partícipe necesario. Hace dos semanas, cuando Martínez Ríos fue indagada por el juez federal Norberto Oyarbide, apeló a la conocida estrategia de acusar a alguien que ya no puede defenderse, el fallecido ex canciller Guido Di Tella.
La historia comenzó en 1991 cuando Celulosa Argentina pidió su propio acuerdo preventivo, y el abogado de la empresa Ernesto Galante reclamó honorarios por 128 millones de dólares. Todas las instancias judiciales rechazaron la demanda del letrado, que llegó hasta la Corte Suprema, donde no le fue mejor. Habían pasado cinco años y sólo le reconocieron 18 millones. Galante querelló a los jueces supremos por prevaricato y demandó al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Mientras tanto, el abogado firmó un “acuerdo de solución amistosa” con Martínez Ríos que le reconocía su derecho a cobrar honorarios a cambio de que retirara la demanda ante la CIDH. En su indagatoria, Martínez Ríos insistió en que el reclamo del letrado era legítimo porque “la justicia argentina le había ocasionado padecimientos patrimoniales y morales”. Un día antes de abandonar el poder, Menem firmó 200 decretos pero el de Galante quedó afuera. Las autoridades aliancistas frenaron el trámite y en abril de 2000 la Oficina Anticorrupción presentó una denuncia penal.
El fallecido ex canciller Di Tella negó haber impulsado la firma del acuerdo con Galante, cuando fue interrogado por el ex juez Gabriel Cavallo. A mediados de julio de 2001, el magistrado recibió el resultado de un peritaje caligráfico que determinó que la firma estampada en el decreto que Menem tuvo a la firma no correspondía con la de Di Tella. En su declaración indagatoria del 11 de noviembre, la ex funcionaria menemista aseguró: “Di Tella me envió unos biblioratos negros donde estaban todos los antecedentes del caso junto con una notita manuscrita por él que decía ‘Alicia, seguí adelante’”. Hasta ahora, los peritos no pudieron determinar si es la letra del ex canciller. “Di Tella me respondió que era urgente la definición sobre el tema porque él había consultado con altas autoridades y había una decisión política de llevar adelante el acuerdo”, afirmó ante Oyarbide, nuevo juez del caso.
Antes de procesar al abogado y a la “embajadora inmobiliaria”, como la bautizaron en la Cancillería por haber gastado millones comprando residencias para las sedes argentinas, el juez envió un pliego de preguntas al juez de la Corte Suprema Carlos Fayt. “El doctor Fayt llamaba continuamente por teléfono (...) Este hombre ejercía una gran presión para que no se llegara a un acuerdo con Galante”, había asegurado Martínez Ríos en la indagatoria.
Oyarbide embargó los bienes de los procesados por cinco mil pesos. Una fuente judicial explicó a Página/12 que “no hubo perjuicio para el Estado porque el convenio nunca se materializó”. Y agregó que es un caso emblemático porque “los controles funcionaron a tiempo”. El magistrado consideró que Martínez Ríos se excedió en sus atribuciones al tramitar el convenio. Aunque la acusada citó antecedentes de casos similares, el juez entendió que en ellos no estaban en juego cuestiones patrimoniales. La ex funcionaria dice haber estado habilitada para realizar ese tipo de negociaciones en base al decreto 393/98, pero Oyarbide consideró que esto es así pero en el caso de acuerdos con Estados y no con particulares. Martínez Ríos, que supo ser abogada de Menem cuando estuvo preso en Las Lomitas, se quejó de que fue modificada la calificación penal para evitar la prescripción de su acusación.