[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Fueron largas insistencias, y finalmente lo logró. El ministro de la Corte Suprema Antonio Boggiano se convirtió en el candidato oficial del Gobierno a integrar la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, con lo que el presidente Eduardo Duhalde aspira a lograr una vacante más en el máximo tribunal donde intentaría ubicar a algún hombre propio. Boggiano, uno de los jueces de la llamada mayoría automática leal a Carlos Menem, enfrentó 35 cargos en su contra en el juicio político y fue uno de los supremos peor posicionados, a pocos votos de ser destituido. Con este panorama, aún en el oficialismo reinan dudas de que su pliego sea aprobado por la asamblea general de países miembros.
Los rumores de las aspiraciones de Boggiano a ocupar un tribunal internacional son de larga data y reaparecen siempre que se habla de posibles renuncias en la Corte. Hasta ahora ningún Presidente lo había candidateado con firmeza. Duhalde lo hizo, según confirmaron a Página/12 dos funcionarios de su entorno.
El Poder Ejecutivo tenía dos posibilidades: apoyar el candidato propuesto por una suerte de comisión de notables que funciona en el país o bien elegirlo por su propia cuenta y pedirle acuerdo al Senado. Si el elegido pasa el filtro de la Cámara alta, algo aún dudoso, entonces su pliego será enviado a la asamblea de estados parte, donde deberá conseguir los votos favorables de dos tercios.
La CPI, que quedó ratificada a comienzos de este año cuando suficientes países terminaron de suscribir el Estatuto de Roma –firmado en julio de 1998–, es el primer tribunal internacional permanente para juzgar a los individuos responsables de violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos, como el genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Originalmente 139 países firmaron el tratado, y este año los 6O necesarios lo ratificaron.
Hasta hace unos días el candidato a la CPI de Duhalde era otro: el jurista Pedro David, integrante de la Cámara de Casación Penal. Estaba todo firmado para presentar su nombre. Por otro lado, la comisión experta había postulado a Silvia Fernández, una prestigiosa profesora de Derecho Penal impulsada desde la Cancillería. Según versiones provenientes de la Casa Rosada, fue el ministro de Justicia, Juan José Alvarez, quien insistió en imponer a Boggiano, “ya que venía planteando que si le conseguían el cargo de una vez se iba de la Corte”. Aparentemente, todo resultaría en principio en un enroque: David no se quedaría sin nada, sino que sería propuesto para ocupar la vocalía del máximo tribunal que dejó vacante Gustavo Bossert a los pocos días del cierre del juicio político.
La novedad desató toda clase de comentarios dentro del Gobierno, incluso de sectores que se mostraron totalmente en desacuerdo. “Es grotesco mandar a este hombre a la Corte Internacional”, dijo enfurecido un hombre cercano a la Presidencia. “Primero y principal, no es un penalista, se dedica al derecho privado, y 131 diputados pidieron su destitución en el Congreso”, especificó. Recordó también la historia del famoso “recurso de arrancatoria”, cuando dos compañeros del propio Boggiano –Augusto Belluscio y Enrique Petracchi– lo vincularon con la misteriosa desaparición de una sentencia que condenaba al Banco Central al pago de honorarios millonarios.
En sus tiempos de principiante, Boggiano fue secretario de la Corte, donde trabajó junto a su suegro, después llegó a juez de primera instancia y luego a camarista comercial. El 11 de junio de 1991, durante la primera presidencia de Menem, se convirtió en ministro de la Corte. En la treintena de acusaciones de las que fue blanco este año durante el juicio político figuraban: su voto a favor de la liberación de Menem en la causa por la venta de armas a Ecuador y Croacia, la investigación infructífera del atentado a la Embajada de Israel, la sentencia que declaró inconstitucional el corralito, la habilitación para que el ex gobernador de Corrientes Raúl “Tato” Romero Feris fuera candidato aún estando en lacárcel, el fallo por la jubilación de Carlos Fayt, el rebalanceo telefónico y la competencia en las causas contra el banquero Raúl Moneta. Dentro del propio Ministerio de Justicia parecen ser conscientes de que no están dadas las condiciones para que Boggiano llegue por un tubo a la CPI. El estatuto de Roma es muy claro al exigir que los candidatos sean personas de alto prestigio, idóneos, honestos, capaces de llevar adelante procesos históricos. Habrá que ver si Boggiano da la talla.