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La frase del ministro se convirtió rápidamente en muletilla oficial: “Fue un buen día para el Gobierno y un mal día para los que querían los militares en la calle”. El funcionario, y todos los que asumieron esa conclusión, hablaban de la marcha de los piqueteros. Pero desviaban la atención hacia la interna del PJ. Más aún: se vanagloriaban de la presunta derrota de Carlos Menem y su osada propuesta de otorgar el título de policía interno a las Fuerzas Armadas.
La participación de María Servini de Cubría no fue un elemento ajeno a la hora de las especulaciones. La jueza federal se coló en la marcha piquetera con una orden de oficio. Dispuso hacer un cacheo de los manifestantes. Y logró espesar aún más el clima.
En la Casa Rosada lo interpretaron como una afrenta. Y otra vez homogeneizaron el discurso: “Servini es Menem”, atacaron. Curiosamente, desde las columnas de desocupados hicieron la misma asociación.
A esa altura, la confusión y el miedo comenzaron a tomar cuerpo en el Puente Pueyrredón. Había aroma a represión. Y Juan José Alvarez debió ponerse al teléfono para aventar fantasmas. El ministro de Seguridad y Justicia habló con Luis Zamora y Vilma Ripoll. Los legisladores escucharon la retahíla de promesas “antiviolencia”.
Por la explanada de la Casa Rosada habían llegado a lo largo de la semana los informes de la Side. Prenunciaban enfrentamientos. Entonces se dispuso afiatar el dispositivo de seguridad. Y, simultáneamente, se ordenó evitar roces con los grupos que ayer recordaron a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, a cinco meses de sus muertes.
La importancia que Duhalde le dio a la protesta quedó al descubierto con la presencia en el lugar de los hechos del comisario general Alberto Capuchetti. Se trata, al fin, de un policía de rango a cargo de la superintendencia del área metropolitana.
No fue un dato menor y alentó una hipótesis que recorrió ampliamente el espinel piquetero: que el Gobierno no dejaría avanzar a las columnas hacia la Plaza de Mayo, seguros de que la protesta se convertiría en un peligroso antecedente de lo que podría suceder el 19 y 20 de diciembre.
Otra vez Servini estaba en boca de todos. Primero fue Marcela Bordenave afirmando que no existía ninguna orden de la magistrada para cachear a las personas. La diputada del ARI alegó a su favor la confidencia de un secretario del juzgado. La legisladora intentó reunirse con Jorge Matzkin para chequear el dato. Pero el ministro del Interior se negó por problemas de agenda. “Se están pasando la pelota para ganar tiempo y enrejar la Plaza de Mayo”, bramó Bordenave.
Alicia Castro y Alfredo Villalba ni siquiera se enredaron en la existencia de la orden judicial. Directamente prometieron presentar un recurso de hábeas corpus. “La orden requisitoria de las familias movilizadas resulta inconstitucional, ilegítima e ilegal y se trata de una disposición que violenta la intimidad de las personas”, dijeron los diputados del Frente para el Cambio.
Lo cierto es que después de varias hipótesis conspirativas se conoció el escrito. Servini volcó la orden de cacheo en un párrafo. “Este Juzgado, ante las consultas efectuadas por las fuerzas de seguridad apostadas en el Puente Pueyrredón se ha limitado a encomendar al Sr. Jefe de la Policía que arbitre los medios para permitir el ingreso de los manifestantes a esta Capital Federal, siempre que lo hagan sin portar elementos contundentes, palos y/u otros objetos que puedan hacer peligrar la seguridad tanto de las personas como de bienes, debiendo impedirse el ingreso de aquellos que porten bolsos, mochilas y/ o bultos e impidan la verificación de su contenido.”
Tanto Alvarez como Matzkin lo vieron más como un obstáculo que como una medida para garantizar la paz. Por eso el ministro del Interior se comunicó con la jueza para pedirle que flexibilice la medida. Accedió. Hubo un plan canje, que se conoció extraoficialmente poco tiempo después. Los piqueteros debían desistir de acampar en la Plaza de Mayo (sólo el Movimiento Teresa Rodríguez planteaba resistencia a este punto) y el Gobierno se comprometía a realizar sólo un “cacheo visual” (o sea, la policía sólo miraba de lejos), como le transmitieron a los desocupados.
Públicamente, Matzkin se mostró menos dócil. “El Gobierno no estaba dispuesto a modificar la decisión de la jueza, a quien le pareció razonable flexibilizar la instrucción del cacheo a cambio de que dejaran los palos y otros elementos.” No se quedó ahí. El ministro puso en boca de los piqueteros la propia preocupación oficial. “Ellos me dijeron que no querían darle motivos o excusa a aquellos que proponen a la Fuerzas Armadas para combatir los delitos de la calle”, señaló. Nadie lo mencionó. Pero todos hablaban de Menem.
Al Gobierno le vino como anillo al dedo. Nada mejor que colar la interna peronista para sumar un poroto. Fue Menem quien, la última semana, prometió, en tono marcial, terminar con aquellos que salen con “palos y garrotes” a la calle, en clara alusión a los piqueteros. Más aún: promovió la presencia militar en la calle y si fuera necesario la imposición del estado de sitio.
Conclusión. Duhalde lo vivió como un doble triunfo: la paz de la protesta, y las muestras de tolerancia mutua entre el Gobierno y los grupos más radicalizados de piqueteros, quitó argumento a los apóstoles del caos. O sea, a Menem.