Ante una sala colmada por más de trescientas personas, una docena de camarógrafos, y con los rostros de los desaparecidos en alto sobre las manos de sus seres queridos, comenzó ayer en un galpón de Munro el primer juicio oral y público al dictador Reynaldo Bignone y a otros ex jefes de Campo de Mayo durante la última dictadura. La noticia del día fue la ausencia del general retirado Eduardo Alfredo Espósito, que por problemas de salud fue excluido del juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín. El general Fernando Ezequiel Verplaetsen, ex jefe de Inteligencia del Comando de Institutos Militares del que dependían cuatro centros clandestinos de tortura y exterminio, fue autorizado a retirarse a poco del comienzo con diagnóstico de “diarrea autocontenida”.

El escenario del proceso al último dictador es la antítesis del subsuelo de Comodoro Py, donde en semanas se comenzará a juzgar a los represores de la ESMA. El tribunal y las partes, incluidos los imputados, se mueven con comodidad sobre un escenario que ocupa la mitad de la cancha de papi fútbol de la sociedad de fomento “José Hernández”, separados por policías y dos hileras de vallas a la altura del área grande. En la otra mitad trabajan los reporteros gráficos y se ubican los allegados a las víctimas y a los militares, que ayer se contaban con los dedos de una mano. A la izquierda de los jueces hay una bandera argentina. Sobre sus cabezas no está Jesucristo crucificado. Tampoco hay policías ni judiciales de traje hostigando a la prensa o a las Madres para que se saquen los pañuelos. Sólo habrá que ver cuánto rinden los ventiladores los días en que el sol caliente el techo de chapas.

A las 9.47 ingresaron al tribunal los siete imputados, todos mayores de ochenta años. El general Santiago Riveros, al menos a la distancia, aparenta menos. El rostro pálido de Bignone, que sobresale por la altura, sugiere varios años más. Todos tienen el pelo blanco excepto el ex comisario Germán Montenegro, el único policía, a quien los militares dejaron solo durante el cuarto intermedio. El más a gusto con el rol que no eligió parecía ayer el coronel Alberto Roque Tepedino: petiso y corpulento, el pecho inflado, ceño fruncido, anteojos negros pese a las nubes. La imagen se condice con el imaginario de lo que podría ser un ex jefe del Batallón de Inteligencia 601 y poco tiene que ver con la del anciano en camiseta y con bolsitas de hacer los mandados retratado hace seis años mientras violaba su arresto domiciliario.

La audiencia inicial comenzó con una serie de comunicaciones de Marta Milloc, presidenta del tribunal. El último informe de los médicos forenses sobre la salud de Espósito destacó su “deterioro neurológico”, explicó la jueza. La resolución de excluirlo se tomó el miércoles pasado y ayer fue notificada a las partes. Luego informó que las audiencias se realizarán de martes a jueves porque dos jueces son titulares en otros tribunales, y agregó que se tratará de respetar el pedido de las defensas para que no superen las cinco horas, de modo de “preservar a sus defendidos”.

Por último hizo constar en actas que a primera hora, cuando agentes del Servicio Penitenciario Federal fueron a retirar a Verplaetsen del Hospital Militar, los médicos entregaron un informe en el cual le recomendaron “24 horas de reposo” por el cuadro diarreico. Como el ex jefe de Inteligencia de Campo de Mayo manifestó que el mal aún lo aquejaba, a las 10.06, veinte minutos después de llegar, fue autorizado a retirarse. El último párrafo de Milloc fueron quejas por los inconvenientes para encontrar una sala acorde (ver aparte) y disculpas a los pibes del barrio que se quedaron sin cancha de fútbol.

La lectura de los requerimientos de elevación a juicio, que continuará hoy, estuvo a cargo de las secretarias Gabriela Basualdo y Débora Damonte. Sus voces se combinaron con el ruido de la lluvia, que por momentos golpeó duro contra las chapas, y con los bombos de los compañeros de Cacho Scarpati, el principal testigo de la causa, que falleció el año pasado. Desde la primera fila, a la altura de la media cancha, escuchaban atentas Tati Almeida, de Madres Línea Fundadora; Sara Derothier de Cobacho, secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires; Judith Said, del Archivo Nacional de la Memoria; el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak –que escuchó sin pestañear las críticas del tribunal–, y Lita Boitano, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. A sus espaldas, cientos de jóvenes, mayoría de remeras negras del “Peronismo 26 de Julio”, y de organizaciones sociales nucleadas en “Justicia Zona Norte” y la Comisión Campo de Mayo. También estuvieron presentes Iris y Floreal Avellaneda, padres del Negrito, la primera víctima de Campo de Mayo por la que se hizo justicia, dos meses atrás, con las condenas de Riveros, Verplaetsen & Cía.