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Desde Washington

Nos encontramos en el aeropuerto de Ezeiza. Damián Loreti caminaba con lentitud y dificultad por un ataque de gota. Junto con Andrea Pochak integrábamos la delegación del CELS, que asistiría a las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y participaría en un debate sobre la ley audiovisual en el Inter American Dialogue, que reúne a políticos y académicos de Norte, Centro y Sudamérica. Cuando vimos avanzar rengueando al secretario de redacción de Clarín, Miguel Wiñazki, pensamos que le estaba haciendo un chiste a Loreti, quien lo asesoró en un juicio de Zulema Menem por el que le embargaron parte de su sueldo. Pero nos contó que se había descoyuntado una rodilla y estaba en una pata del dolor. Le preguntamos a dónde viajaba.

–Los sigo a ustedes –contestó sonriente.

Como sabía de la mesa en el Dialogue pero no de la audiencia en la CIDH le contamos que uno de los casos que llevábamos era del Grupo Clarín, como yo le había comunicado al editor general, mi viejo amigo Ricardo Kirschbaum, con quien tratamos de mantener el afecto por encima de las diferencias cada día más grandes de apreciación sobre lo que ocurre en la Argentina. Para Clarín una ley que es señalada como modelo para la región y que no tiene un solo artículo que restrinja contenidos es un atentado a la libertad de expresión, lo mismo que la pugna gremial por el encuadramiento de los camioneros que transportan diarios. El bloqueo por algunas horas de plantas impresoras o de distribución no es más salvaje, sino menos, que el lockout de las patronales agropecuarias, cuyos cortes de rutas desabastecieron de alimentos por semanas a las ciudades, con el beneplácito de Clarín, que trató el caso como un edificante despertar cívico. Como escribió mi amigo Eduardo De la Serna, coordinador del movimiento “Carlos Mugica” de sacerdotes católicos en opción por los pobres, “con la actitud patoteril que lo caracteriza, Moyano bloqueó la salida de camiones ya varias veces. Pero cuando bloqueó el centro de distribución de Coto no recuerdo que Clarín titulara ‘Kirchner amenaza el supermercadismo independiente’...”.

Tres casos

Al día siguiente Wiñazki apareció junto con la corresponsal de Clarín, Ana Baron en la audiencia de la CIDH. Su desarrollo completo, con video y todo, está en las páginas web de la OEA y del CELS (http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo= 090275&videotype=&sCollec tionDetVideo=3). Hicimos allí el seguimiento de viejos casos de libertad de expresión, afectada por funcionarios de los tres poderes del Estado: Carlos Corach, Eduardo Menem y el juez Omar Jesús Cancela, quienes presentaron denuncias penales y civiles (contra mí, por Robo para la corona; contra el director de Humor, Tomás Sanz, y contra el canal de televisión del Grupo Clarín, la guionista Maitena Burundarena y la actriz Gabriela Acher, por un sketch humorístico). Con esos tres casos iniciamos en 1999 un procedimiento de solución amistosa por el que el Poder Ejecutivo se comprometió a derogar los artículos de los códigos Penal y Civil que castigan las calumnias e injurias en casos de interés público. Después de diez años de incumplimientos, la presidente CFK mandó el proyecto, pero limitado al Código Penal. La despenalización fue sancionada hace una semana por Diputados y sólo falta el voto del Senado. Por eso pedimos en la audiencia que la Comisión enviara los casos de Humor, del Canal 13 y el mío a la Corte Interamericana, para que ésta obligara al Estado a modificar también esa legislación. Wiñazki nos contó que estaba muy bien impresionado por el funcionamiento del sistema y nos agradeció porque al derogarse el desacato se anuló una causa en su contra. Le dije que era una lástima que en el clima de polarización que vive nuestro gremio, sólo Nelson Castro hubiera dedicado al menos una línea en Perfil a reconocer la importancia de la despenalización de calumnias e injurias, mientras el resto de los medios minimizan el resultado de una lucha que ya lleva dos décadas contra los instrumentos que históricamente sirvieron para perseguir a los periodistas y proteger a los funcionarios, porque lo único que hoy parece importar es el perjuicio económico que tal vez llegue a sufrir el Grupo Clarín si tiene que ceder parte de su espacio para que surjan otros medios.

El Inter American Dialogue

Por la tarde volvimos a encontrarnos, en el Inter American Dialogue. Un gestor, no sabemos si pago o espontáneo, aunque eso es lo de menos, había exigido que se invitara al panel a Martín Echevers, gerente del grupo Clarín. El Inter American Dialogue no cedió a la presión. Podría asistir y participar, con preguntas y opiniones, pero el panel estaba constituido sólo por José Miguel Vivanco, el director ejecutivo de Human Rights Watch/Americas, y por mí. Era sobre la ley de medios y no sobre alguno en particular, por importante que fuera. El gestor fue Emilio J. Cárdenas, el abogado que calificó al gobierno de Menem como “una cleptocracia” y de inmediato aceptó representar a ese gobierno de los ladrones como embajador en las Naciones Unidas. La semana pasada Cárdenas publicó una columna en Clarín según la cual el espejo que adelanta la realidad argentina es la censura cubana. En mi intervención dije que la ley derogó un decreto de la dictadura, que ponía la seguridad nacional por encima de la libertad de expresión. Esa cláusula no era una rama seca, dado que Fernando de la Rúa intentó usarla en diciembre de 2001 para impedir que los canales de TV transmitieran la represión a las movilizaciones populares. Todas las modificaciones al decreto a partir de 1989 favorecieron el surgimiento de televisoras privadas, pero sin control sobre la concentración y el abuso de posiciones dominantes. Por ejemplo, la compañía española Telefónica posee ocho canales de televisión y el diputado nacional Francisco De Narváez es el principal accionista del multimedios América, pese a las respectivas prohibiciones legales. Con el pretexto de regularizar el espectro de Frecuencia Modulada, Carlos Menem autorizó que una misma empresa tuviera hasta veinticuatro licencias en vez de cuatro, y ningún medio protestó. La autoridad regulatoria se integraba con un militar de cada fuerza armada y dos empresarios. En vez de ese cuerpo militar-comercial, a partir de 1984 la autoridad quedó en manos de un interventor designado por el Poder Ejecutivo, sin control de ningún tipo. La radiodifusión estaba reservada a organizaciones con fines de lucro, salvo la Iglesia Católica Apostólica Romana, que a partir de 1989 obtuvo más de 300 autorizaciones en todo el país, por decreto, sin que nadie se quejara. Poner fin a esta situación restrictiva de la libertad de expresión y empobrecedora de la democracia fue el objetivo de una coalición de tres centenares de organizaciones, que elaboró un documento de 21 puntos para una radiodifusión democrática. CFK tomó en consideración ese programa en la propuesta que puso a discusión en marzo de este año. Durante seis meses fue analizada en veintiocho foros en todo el país y más de sesenta conferencias. Además se recibieron sugerencias y propuestas por Internet. En este proceso se introdujeron un centenar de correcciones, hasta llegar al proyecto de ley. Cuando fue enviado a la Cámara de Diputados un amplio debate dio como resultado otro centenar de cambios, entre ellos los dos principales que planteó la oposición: el ingreso de las compañías telefónicas y la integración de la autoridad de aplicación. Esta es la primera ley anotada artículo por artículo desde el Código Civil del siglo XIX. Incluye legislación comparada de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Chile, Uruguay y Brasil, más los principios y recomendaciones sobre libertad de expresión de la CIDH y sus relatores, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las preguntas sobre la ley fueron contestadas por Loreti, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, ex director de su carrera de Comunicación y miembro de la Comisión Directiva del CELS. Loreti fue el principal experto académico consultado por el Comfer para realizar ese cotejo minucioso de legislación. Una vez sancionada la ley, el gobierno dispuso por decreto que los reguladores fueran sometidos al mismo procedimiento de escrutinio e impugnaciones que distintas fuerzas y organismos reclamaron durante el debate parlamentario. El modelo es el decreto 222/03, por el cual el Poder Ejecutivo aceptó autolimitar sus facultades en la elección de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, de modo que las designaciones fueran sometidas al control de la sociedad. La definición de tres segmentos, público, privado comercial y privado sin fines de lucro amplifica la participación y contribuye a la pluralidad de voces. Lamentablemente esta reforma tan positiva se produce en un clima de polarización política, inevitable cuando se afectan intereses económicos. Esa polarización comenzó en marzo del año pasado, cuando los principales medios, que tienen intereses en el sector agropecuario, asumieron una posición militante en contra del aumento de las retenciones a las exportaciones de cereales y oleaginosas, no como una opinión sobre el interés general sino en defensa de intereses propios afectados. Agrego ahora: el gobierno no se quedó de brazos cruzados y ésa es la sorpresa que no le perdonan.

Una ley mejor

Como comentarista intervino el director ejecutivo de Human Rights Watch/Americas, el jurista chileno José Miguel Vivanco, quien dijo que los monopolios y los oligopolios en la propiedad de los medios constituían uno de las problemas más extendidos para la libertad de expresión, dado su impacto adverso sobre la circulación de ideas, el pluralismo, la diversidad, el debate democrático y el derecho de todos a estar informados. Informó que la amplia mayoría de la Cámara de Diputados que aprobó la ley no pertenecía sólo al partido del gobierno. “No tiene sentido afirmar que la nueva ley fue concebida para dar mayor control al Ejecutivo, ya que la preexistente le concedía un poder prácticamente absoluto”. Vivanco comparó la situación argentina, donde quien posea un canal de televisión abierta no podrá tener también un canal de cable, con la de Estados Unidos, donde esa restricción no existe. Pero aquí, en cambio, “no se permite poseer un diario y un canal de televisión”. Para el director de Human Rights Watch la nueva ley también tiene aspectos problemáticos. La autoridad de aplicación carece de completa autonomía, por lo que es clave el nombramiento de personas capaces e independientes para ejercer funciones de supervisión, según el decreto que dió participación a la sociedad civil en esas designaciones. Dijo que las definiciones de la ley sobre las faltas que pueden llevar a la cancelación de la licencia eran vagas. (Loreti le respondió luego con la lectura de las causales de caducidad de la ley chilena, de una amplitud e imprecisión totales). Sobre el plazo para la desinversión, Vivanco dijo que la ley no especificaba mecanismos de posible compensación para quienes probaran un perjuicio económico, pero que tendrían acceso a recursos administrativos y judiciales para pedirla, de modo que la resolución quedaría en manos de la justicia y no del poder administrador. Cuestionó como discriminatoria la posibilidad de conceder frecuencias a la Iglesia Católica a su solo pedido y mencionó el “desafortunado incidente” del “hostigamiento” de la AFIP a Clarín mientras se debatía la ley.

Argentina y Venezuela

Vivanco dijo que era “una horrible simplificación decir que la Argentina se está convirtiendo en Venezuela”, ya que el gobierno de Hugo Chávez extendió el alcance de la ley de desacato e incrementó las penas por calumnias e injurias, que permiten “la arbitraria suspensión de estaciones de radio y televisión”. El propio Vivanco fue expulsado por el gobierno de Chávez cuando intentó presentar un libro sobre sus primeros diez años de gobierno. Los funcionarios venezolanos “restringieron el acceso público a la información, abusaron del control de las frecuencias amenazando o castigando a las televisoras por su programación crítica” y se establecieron “delitos de prensa”, que se castigan con prisión de hasta cuatro años por suministrar información “falsa” que “perjudique los intereses del Estado”. El gobierno prohibió avisos que criticaban un proyecto de ley e intentó obligar a los canales de cable a transmitir los discursos de Chávez en vivo. Lo contrario ocurre en la Argentina, cuyo gobierno “impulsa en forma activa la despenalización de las calumnias e injurias en casos de interés público”. Además, “el sistema básico de controles y contrapesos funciona, lo cual fue evidente durante la discusión de la ley” y está abierto el recurso a la justicia. Su conclusión fue que, si maneja bien los temas pendientes señalados, la Argentina se convertirá en un referente para la región en el debate sobre los monopolios y oligopolios. Aun si así no fuera, se habría creado una ley mejor que la anterior. Para Vivanco, el gobierno debería presentar otra ley, de acceso a la información, y adoptar reglas claras para la distribución de publicidad oficial. Ese fue también el planteo del CELS durante el debate de la ley.

Estado emocional

Luego de las exposiciones tomó la palabra Wiñazki, quien pidió expresarse en castellano. En una intervención de tono muy emocional indicó que la ley importa menos que las actitudes del ex presidente Néstor Kirchner y su desafío “¿Qué te pasa Clarín”, al que atribuyó el clima que yo había descrito. También mencionó las descalificaciones de Kirchner contra Leonardo Míndez y de CFK contra Hermenegildo Sábat (que fueron cuestionadas en esta columna cuando se produjeron) y se refirió en forma despectiva a sus colegas de medios estatales y privados “afines al gobierno”, a quienes llamó “propagandistas del poder”. El vicepresidente del Dialogue, Michael Shifter, aclaró que Wiñazki representaba a Clarín. El editor dijo “sí, soy Clarín”, y se quejó de que esa pertenencia fuera utilizada para descalificar a sus periodistas. Respondí que su arenga confirmaba la lamentable polarización sobre el tema y me eximía de más comentarios. También intervinieron los académicos argentinos Silvio Waisbord, quien preguntó sobre la publicidad oficial y el contexto en que se aplicará la ley, y Héctor Schamis, quien adujo que no existe polarización sino una verdadera persecución contra los periodistas. Los participantes estadounidenses, como el periodista John Dinges, Shelton Davis o el propio Shifter se limitaron a preguntar, acerca de cómo se organizará el sector público de radiodifusión, qué pasará con quienes tienen mayor número de licencias que las permitidas, cuál es la situación de los pueblos originarios que contempla la ley, qué oligopolios serán afectados o cómo actuará el Congreso luego del 10 de diciembre, cuestiones que respondió Loreti. Ana Baron sostuvo que no era cierto que la ley se inspirara en la legislación estadounidense, ya que aquí no hay medios públicos. Loreti repuso que ese aspecto coincide con la legislación de Francia. En su nota sobre el coloquio publicada en Clarín del viernes, Wiñazki mencionó su emotivo discurso con señalable modestia como afirmaciones de “algunos de los presentes”. Ni Wiñazki ni Baron escribieron sobre la audiencia en la CIDH que les había causado tan buena impresión.