[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

La SIP realiza su asamblea anual en Buenos Aires, con pronunciamientos contra la ley audiovisual y el gobierno que la elaboró. Hace 31 años una misión de la entidad investigó la situación de la prensa y de los periodistas bajo la dictadura militar. El informe de Edward Seaton e Ignacio Lozano, propietarios del Mercury de Kansas y La Opinión de Los Angeles, constató que en 1978 los principales medios y editores argentinos:

- priorizaban la seguridad nacional sobre la libertad de expresión;

- justificaban la censura porque se declaraban de acuerdo con la dictadura, con la cual dijeron que deseaban cooperar;

- se negaban a informar sobre la desaparición de personas y

- se beneficiaban de tal comportamiento al asociarse con el Estado para la producción de papel, lo cual imponía a los diarios “no antagonizar con el gobierno”.

El informe mencionó los casos de Jacobo Timerman, “torturado, privado de su propiedad” que seguía preso aunque lo había juzgado y absuelto la justicia militar, mientras su diario era dirigido por un general del Ejército; Rodolfo J. Walsh, secuestrado al día siguiente de difundir una Carta Abierta que constituye “la más poderosa y detallada denuncia del gobierno aparecida desde el golpe”; y el secuestro de diez madres de Plaza de Mayo en la iglesia de la Santa Cruz, que “pocos medios quisieron cubrir”. El 13 de octubre de 1978, cuando el informe fue presentado a la asamblea de la organización en Miami, La Nación anunció que ADEPA había rechazado el premio SIP Mergenthaler, ofrecido en forma colectiva “a los periodistas argentinos que por defender la libertad de prensa han muerto, desaparecido o sufrido encarcelamiento y persecución”. Según Clarín, los asistentes argentinos dijeron que su aceptación “contribuiría a la campaña lanzada por ciertos elementos de la prensa internacional para denigrar” a la Argentina. El artículo destacó un párrafo del documento sobre algunos “signos alentadores”. Entre ellos mencionó “la concesión a las empresas periodísticas de créditos a largo plazo para la adquisición de papel”, convirtiendo en positivo lo que el documento había calificado como motivo de “graves reservas”. Dos años después, en 1981, cuando la SIP y la Universidad de Columbia confirieron a Timerman el premio María Moors Cabot, los directores de Clarín y La Nación, Ernestina Noble y Bartolomé Mitre, devolvieron los suyos. En la Asamblea de la SIP de ese año, el ideólogo pro dictatorial José Claudio Escribano pronunció un discurso descalificatorio del colega perseguido y despojado. “No te pedían tanto, Claudio”, le dijo Timerman. Como ningún medio ni entidad de la Argentina retiró la placa de homenaje a los periodistas desaparecidos, la SIP la colocó en su sede central, en Miami. En 2000, cuando se trasladó a un nuevo edificio, en la misma ciudad, también la placa desapareció.