A diez años del compromiso asumido por el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Senado convirtió en ley anoche, por unanimidad, el proyecto oficial para despenalizar los delitos de calumnias e injurias. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner había anunciado el proyecto en septiembre, en la ESMA, durante un homenaje a los miembros de la CIDH que en 1979 corroboraron los crímenes de la última dictadura. La promesa de eliminar ambos delitos del Código Penal fue incumplida por todos los presidentes argentinos durante la última década. En la misma sesión y luego de un debate de cuatro, la Cámara alta también aprobó tres proyectos oficiales reclamados por organismos de derechos humanos:

- El primero permite a los jueces que intervienen en causas por apropiaciones obtener muestras de ADN “por medios distintos a la inspección corporal, como el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas del cuerpo”, tal como aprobó la Corte Suprema y como se aplicó con éxito en nueve casos de jóvenes recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo. Se aprobó por 57 votos a favor y sólo uno en contra.

- El segundo convierte el Banco Nacional de Datos Genéticos, que tenía una doble dependencia funcional, en un ente autárquico que funcionará dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El BNDG se encarga de realizar los exámenes genéticos que hicieron posible identificar a decenas de hijos de desaparecidos. Fue el que mayor resistencia tuvo: 38 votos a favor, 20 en contra.

- El tercero establece que las asociaciones o fundaciones registradas conforme a la ley pueden constituirse como querellantes en los procesos por crímenes de lesa humanidad, al margen de representar a víctimas directas, siempre que su objetivo estatutario se vincule con la defensa de los derechos lesionados. La ley pone fin al cuestionamiento de distintos tribunales a la legitimidad de organismos que patrocinan a víctimas o familiares. Se aprobó por 50 votos a favor y siete en contra.

La eliminación de los llamados “delitos contra el honor” del Código Penal implica cumplir el fallo de la Corte Interamericana en el caso de Eduardo Kimel, el periodista condenado por criticar la actuación de la Justicia durante su investigación de la Masacre de San Patricio en 1976. El tribunal le ordenó al Estado dejar sin efecto la sentencia, indemnizar al periodista, reconocer su responsabilidad en un acto público y modificar su legislación para evitar violaciones a la libertad de expresión, punto que se cumplió ayer.

El debate comenzó poco antes de las seis de la tarde. Los tres proyectos, con dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, se debatieron en conjunto. El pampeano Rubén Marín los presentó en nombre del oficialismo. Remarcó que el traspaso del BNDG a Ciencia y Tecnología y no al Ministerio de Justicia, como establecía el proyecto original, era un pedido de los partidos que asegura “una independencia y autonomía mayor”. Sobre el proyecto de extracción de ADN, destacó que estaba en línea con los fallos de la Corte Suprema y las indicaciones de la Comisión Interamericana, y que trataba de “contemporizar un medio de prueba que la tecnología puso al servicio de los jueces, sin invadir la privacidad de la persona”.

Luis Petcoff Naidenoff fundó la negativa al proyecto del BNDG tras remarcar la trayectoria de la UCR, por haber excluido de las leyes de impunidad la apropiación de menores. Cuestionó que se limita la utilización del BNDG a causas vinculadas con delitos de lesa humanidad; la misma crítica formuló Sonia Escudero, del Interbloque Federal: el traspaso implica “la apropiación de once mil muestras de ADN, y se deja en desamparo total a actuales y futuras víctimas de delitos”, afirmó.

Petcoff leyó una carta de Adolfo Pérez Esquivel. Según el Premio Nobel de la Paz, el Banco bajo la órbita del Ejecutivo “afecta el requisito de la imparcialidad”, porque la Secretaría de Derechos Humanos es querellante en causas penales, y por ende “implica otorgar un salvoconducto a los imputados”. El radicalismo también objetó que los jueces pudieran ordenar la extracción de ADN de imputados. “Si pasamos esa línea nos llevamos puesta la arquitectura garantista de la Constitución”, afirmó. Samuel Cabanchik, de la Coalición Cívica, consideró que la transformación del Banco era “inmotivada para las necesidades de investigación y reparación”, sugirió errores de redacción y consideró “bochornoso” que no se haya solicitado la opinión de las autoridades del Banco.

La senadora chaqueña Elena Corregido prefirió relatar la recuperación de Martín Amarilla Molfino. “Le quitaron el derecho a la intimidad, que es el de mirarse con su madre cuando se alimenta”, dijo, y recordó que “su propia sospecha lo llevó a hacerse los análisis de ADN, datos que el Banco no tenía, porque su familia ignoraba que la mamá estaba embarazada”. “Todos tenemos derecho a la identidad y a recuperar a nuestros hijos y nietos. Con estas leyes estamos asegurando el derecho a la verdad”, afirmó.

Daniel Filmus recordó que “este Congreso aprobó las leyes de impunidad” y destacó “el aval para debatir estos proyectos es el respaldo de los organismos de derechos humanos”. “Cuando buena parte de la sociedad les daba la espalda, Madres y Abuelas siguieron luchando. Hoy plantean estos temas como centrales para recuperar la dignidad de la sociedad”, dijo. Rubén Giustiniani fundó la disidencia del socialismo sobre el traspaso del Banco, y respaldó los otros proyectos. “Van a significar un instrumento legal importante para avanzar en el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad”, afirmó. “Hoy damos un paso adelante en el camino de la verdad, la justicia y la consolidación de la democracia”, cerró.