Una abogada cordobesa integrará la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya. Silvia Fernández de Gurmendi, diplomática de carrera, con destacada experiencia como jurista en cuestiones de derecho internacional, se convirtió en la primera argentina elegida jueza por la Asamblea de Estados Parte en el Estatuto de Roma. “La elección de Silvia Fernández de Gurmendi es no sólo un reconocimiento de su formación jurídica y dedicación, sino también de ese compromiso de la Argentina con los derechos humanos”, destacó el canciller Jorge Taiana al celebrar el nombramiento, a su regreso de Brasil.

Fernández tiene 54 años y actualmente es directora de Derechos Humanos de la Cancillería. Formada en las universidades estatales de Córdoba (UNC) y Buenos Aires (UBA), es profesora titular de posgrado de Derecho Penal Internacional en la UBA y autora de numerosas publicaciones, y ayer resultó electa.

La CPI tiene 18 jueces, que representan en forma equitativa a las regiones del mundo. En enero se eligieron varios magistrados, entre ellos uno de Guyana, que nunca llegó a asumir por razones personales y renunció. Para cubrir esa vacante es que el Gobierno nominó a Fernández. Era la primera vez que la Argentina postulaba un/a candidato/a para juez de la CPI. En ese tribunal, encargado de juzgar crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, otro argentino, el abogado Luis Moreno Ocampo, se desempeña como fiscal desde 2003, cuando empezó a funcionar la CPI.

La nominación en el país de Fernández debió sortear el mismo mecanismo que los candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese proceso no recibió ninguna impugnación ni observación. Y finalmente fue aprobada por el Senado, donde tampoco recibió cuestionamientos. La Corte Penal Internacional es un tribunal ya conocido por la flamante jueza: la abogada cordobesa tuvo una extensa participación en el proceso de su creación y puesta en marcha. Además, condujo la elaboración internacional del procedimiento penal que utiliza la CPI, que incluye las disposiciones sobre protección y participación de víctimas. Y fue vicepresidenta de la Conferencia de Roma, de 1998, en la que se adoptó el estatuto que creó el tribunal. De 2003 a fines de 2006 estuvo trabajando en la CPI como directora de una de las tres divisiones de la Fiscalía, la encargada de la cooperación internacional para poder llevar adelante las investigaciones.

Su candidatura no fue la única de la región. Fernández competía por el cargo, entre otros, con otra muy buena postulante, la abogada chilena Cecilia Medina, jurista de prestigio internacional, actual presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Articulación Regional Feminista, integrada por diversas organizaciones que trabajan en derechos humanos y justicia de género en los países de la región, expresó su apoyo a ambas candidatas.

También avalaron la postulación de la argentina la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional del Litoral, la Asociación por los Derechos Civiles y la Federación Argentina de Colegios de Abogados, entre otras entidades académicas, profesionales y de la sociedad civil.

En su extenso currículum se destaca una vasta experiencia como diplomática y jurista internacional en cuestiones de derecho internacional y humanitario y derechos humanos. Fue, entre 1994 y 2000, consejera legal de la Misión Permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas y represente del país ante la Sexta Comisión de la Asamblea General y otros comités legales de la Asamblea General y Consejo de Seguridad. Ayer celebró en La Haya.