La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia está definiendo los últimos detalles de las pautas de desinversión que deberá cumplir Telecom Italia para desprenderse de sus activos en el país, tal como le fuera ordenado el 27 de agosto. La intención oficial era difundir el dictamen hoy, pero finalmente se decidió postergarlo algunos días. Mientras tanto, la empresa continúa negociando de manera reservada la venta de su filial y ayer trascendió que podría haber novedades en la reunión de directorio del próximo 2 de diciembre.

La disputa por el control de Telecom Argentina comenzó en abril de 2007, cuando Telefónica de España acordó su ingreso en Telecom Italia y, de manera indirecta, en Telecom Argentina, su principal competidor en el país. La operación se concretó en octubre de ese año, pero las empresas intervientes se negaron a notificar los cambios accionarios ante la CNDC, argumentando que la transacción no constituía una concentración económica y que, por lo tanto, no estaba alcanzada por el régimen de control previo de fusiones y adquisiciones. Ese rechazo forzó a la autoridad regulatoria a iniciar una investigación preliminar de donde surgió que sí tenían que hacerlo. La decisión, tomada el 9 de enero, selló la suerte de españoles e italianos, pero hubo que esperar hasta el 27 de agosto para que se conociera el dictamen final que los obliga a vender Telecom Argentina en el plazo de un año. Lo que se conocerá en los próximos días son las reglas que se deberán seguir para llevar adelante esa desinversión.

La estructura del dictamen se basará en casos similares resueltos por la Comisión Europea, que ya fueron considerados por la CNDC para elaborar otras pautas de desinversión, como la correspondiente a la fusión entre Allied Domecq y Pernord Ricard, resuelta en 2005. Ese esquema prevé la designación de un agente de monitoreo, encargado de verificar el comportamiento de los accionistas durante el proceso de venta para evitar posibles vaciamientos, y también de un agente vendedor, si es que demoran excesivamente su salida.

El agente vendedor es una figura que la Comisión Europea estableció hace algunos años para poner fin a las estrategias de dilación de aquellos operadores que permanecían dentro de una firma argumentando que no encontraban comprador para sus acciones. Ahora se les da un plazo para transferir el capital y si no lo hacen deben designar a un banco de inversión para que se aboque a esa tarea, el cual debe contar con la aprobación de la autoridad regulatoria. Si el banco no consigue comprador es autorizado a ir bajando el precio hasta que aparezca una oferta.

Ese esquema de endurecimiento gradual de las exigencias que se le imponen al accionista son las que quiere evitar Telecom Italia. Por eso desde hace varios meses la compañía negocia de manera reservada con varias empresas interesadas en ingresar a Telecom Argentina. De hecho, ayer fuentes de la empresa dejaron trascender que su voluntad es “acelerar la venta de la participación en Argentina”.

Lo que les será difícil evitar es la multa que prepara la CNDC para todas las firmas intervinientes en la operación que terminó con el ingreso de Telefónica en Telecom. La estrategia de ambas compañías fue negarse inicialmente a notificar la transacción en el país porque si admitían que se estaba frente a una concentración económica la batalla estaría perdida, ya que el pliego de privatización de Entel dividió al país en dos zonas y estableció que los ganadores de las licitaciones no podrían tener vinculación societarias entre sí. Cuando la CNDC los obligó a notificar esa estrategia se derrumbó y no sólo quedaron con un pie afuera de la empresa, sino expuestos a una multa millonaria, porque tardaron trece meses en notificar y el artículo 46 de la Ley de Defensa de la Competencia prevé una sanción de hasta un millón de pesos por cada día de demora. La CNDC nunca aplicó la pena máxima. De hecho, la última multa que fijó fue de 6500 pesos por día a la firma Advent, pero en este caso se prevé una sanción mayor por la dimensión económica de la operación, su impacto en el mercado local y la existencia de una diligencia preliminar que fue la que terminó forzando a las empresas notificar la operación.

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