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Pocos días atrás, el oficialismo sumó 131 votos en Diputados y logró, por goleada, la emergencia económica. Para la reforma política necesitaba 130 sí o sí. Mayoría especial, la mitad más uno del número de bancas y no de los miembros presentes. Jugaba contra esa marca más que contra la oposición, que anda diezmada esta primavera. A primera hora Agustín Rossi cortaba clavos: no le sobraba nada. Fiel al modelo “una coalición distinta para cada ley”, el Frente para la Victoria (FpV) aglutinó a su sólido núcleo propio de cien diputados, contó con aliados provinciales usuales y recolectó de a puchos adhesiones del centroderecha, algún peronista disidente.

El espectro opositor se mostró mucho menos enardecido que en otros debates. La duración de la sesión (que por una vez terminó en horario vespertino) trasuntó la mengua pasional. Los enconos fueron inversamente proporcionales al tamaño actual de los partidos: los grandes cerca del oficialismo, los más chicos muy en contra. En el encuadre ideológico, el centroderecha fue más afín al oficialismo que el centroizquierda. La lógica instrumental explica los alineamientos, todos racionales en función de los intereses propios. Los radicales miran con cariño los trazos gruesos de la reforma, en la Coalición Cívica jamás alabarán al oficialismo, pero ponderan las disposiciones sobre financiamiento de campañas y regulación de la publicidad; los peronistas disidentes atisban la posibilidad de arrebatarle a Kirchner la representación del PJ.

En el centroizquierda la resistencia fue firme, invirtiendo el cuadro de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Entonces Carlos Raimundi fue uno de los oradores más lúcidos de la iniciativa, ayer fundó bien las reservas de “los otros” frente al cariz pro bipartidista del proyecto de ley. Dos ex aliadas del kirchnerismo, Victoria Donda y Cecilia Merchán, entusiastas también con la LSCA, tildaron de “trucha” a la reforma. Recelan del espíritu de la ley, no les faltan buenos motivos.

Los números dieron, al fin, apenas por encima del estricto requerimiento constitucional. Pero subiste para el kirchnerismo la enorme dificultad para mantener la unidad en la acción con el centroizquierda al que puede convocar para determinadas iniciativas, pero del que se distancia cuando trama “su” gobernabilidad con otros jugadores: el PJ, la CGT o los partidos “grandes”.

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La reforma regula los partidos políticos, la elección de candidatos, las campañas, su financiamiento y publicidad. Poner en caja a un sistema político anarquizado es una necesidad, ése es el mérito primero de la norma. Claro que no colmará esa necesidad, en ciertos temas ni lo procura. Algunas astucias berretas de las últimas elecciones ni fueron rozadas. Las candidaturas testimoniales quedaron indemnes el mismo día en que Nacha Guevara confirmó que no ocupará su banca.

El sistema político argentino es generoso, en términos comparativos, con la representación parlamentaria de fuerzas alternativas. El régimen proporcional, con un piso del 3,5 por ciento, posibilita y hasta incentiva presencia multicolor en la Cámara de Diputados. La diferencia con lo que sucede en Chile, Estados Unidos, Uruguay, o Gran Bretaña es sideral. También es notable respecto de la mayoría de las democracias europeas. Ese pluralismo, a los ojos del cronista, mejora la calidad de la representación, dando cabida parlamentaria a fuerzas o emergentes díscolos o críticos, que aguijonean a las contingentes mayorías. Al mismo tiempo, el estallido del bipartidismo, la crisis de representación y la carencia de normativa seria transformaron esa virtud en una parodia en el cuarto oscuro. Cientos de boletas complican la ecuación del ciudadano, la legibilidad de las propuestas y hasta la estética del comicio. Sellos de goma, microemprendimientos personales o familiares restan legibilidad a las propuestas y confunden al votante.

Equilibrar el pluralismo restringiendo razonablemente la plurioferta es un objetivo complejo. Quizá no pueda lograrse plenamente en una primera elección. Sería chocante que algún partido que cuenta con representación parlamentaria ahora vea cercenado su derecho a presentarse en 2011. Una reforma parcial, disposiciones transitorias o un manejo sensato por parte de los mecanismos de aplicación deben impedir ese brete, que es imaginable con el texto actual.

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Las internas abiertas, obligatorias y simultáneas son una clave del nuevo sistema. El sentido común “políticamente correcto” las endiosa, acaso en exceso. Su virtud cardinal es la participación masiva que legitima en cascada a los candidatos. Para el cronista su riesgo es privilegiar en exceso al elector “flotante”, no comprometido versus los militantes o los afiliados.

La modificación generará una seguidilla de votaciones, en especial en las muchas provincias con cronograma electoral propio. El federalismo abre resquicios para la búsqueda de ventajas de los gobernadores, que no se privan de buscar su destino. Dejarlos de lado exigiría un consenso extendido entre todos los mandatarios provinciales, inimaginable con la actual cultura política. Y aun así quedarían distritos cuya constitución impone elecciones separadas...

Así las cosas, en la mayoría de los distritos habrá tres elecciones en pocos meses: las primarias, la provincial y la nacional. En Santa Fe, donde hay un régimen preexistente de primarias obligatorias, el piso se elevará a cuatro.

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Las estipulaciones sobre publicidad y financiamiento van en el buen camino, que es restringir los obscenos abismos entre partidos ricos (y aun, partidos de ricos) que fueron regla desde hace años. Tampoco serán un antídoto plenamente eficaz. El poder de los dueños de medios de comunicación, las metodologías tangenciales para catapultar referentes, seguirán al orden del día. Imagine, lector, si se eligiera presidente dentro de seis meses, haga su prospectiva de cómo jugarían los multimedios en espacios alternativos, como podrían ser el living de Susana, la mesa de Mirtha o la escuela de vida de Tinelli. En fin, nada es perfecto, lo mejor posible es mitigar el impacto del dinero en las campañas y ése es uno de los aspectos razonables de la reforma.

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Toda modificación de un sistema político contiene un rumbo deseado por la mayoría legislativa, así ocurrió con la misma Constitución del ’94, incubada en el Pacto de Olivos. Sus peripecias pueden ilustrar una hipótesis provisoria, destinada a quienes creen que el kirchnerismo se ha garantizado resultados propicios en 2011: cuando media el voto popular, nada está atado desde el vamos. El bipartidismo acuñado en Olivos y redondeado en Santa Fe (votado por la mayoría en la Constituyente) se empezó a resquebrajar en 1995, cuando Bordón-Alvarez salieron segundos. Se reperfiló en 1997 con la Alianza y se hizo crema en 2001.

Suponer que un esquema que incluye dos elecciones obligatorias de todo el padrón nacional garantiza certezas a quien lo promueve es menoscabar la potencia del voto popular.

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Rossi completa una ristra de aprobaciones, casi todas sudando tinta. Vaya si conquistó el derecho a ser reelegido presidente de su bloque. El Senado comenzará a tratar el proyecto la semana que viene. Todo indica que quedará para el próximo período parlamentario. La impresión (y, quizás, el fatigado anhelo) de los senadores oficialistas es que, cerca de la dead line del 30 de noviembre, los tiempos no dan para otra cosa.

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