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Son historias personales y colectivas que se repiten en diferentes puntos del país. Modus operandi reiterados que se multiplican con las declaraciones en primera persona de los afectados y en los escritos judiciales: primero los campesinos son engañados para firmar documentos que supuestamente los benefician, luego llega la intimación para abandonar sus tierras, después la presencia policial para concretar el desalojo y un sistema judicial que se convierte en “la herramienta más sofisticada del modelo de los agronegocios”, como denunció a Página/12 el abogado Ramiro Fresneda, integrante del Movimiento Campesino de Córdoba. Son historias comunes que afectan a campesinos y habitantes originarios de Salta, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe –la lista continúa– que pasan sus días entre la cría de animales, la cosecha de vegetales, granos y la lucha por no ser desplazados.

Mientras tanto, el campo visible, el de la Mesa de Enlace, mira para otro lado y defiende sus intereses. Detrás de su silencio, se amparan el empresario Gianfranco Macri, la empresa Madera Dura del Norte, el empresario Jorge Bellsolar Ferrer, los dirigentes Edgardo y Juan Carlos Scaramuzza (Federación Agraria) y Ricardo Buryaile (CRA), diputado electo por el radicalismo.

A continuación, Página/12 presenta algunas de las historias que hacen visible lo que muchos se empeñan en ocultar.

Un hermano ejemplar

En el departamento de Rivadavia, en la provincia de Salta, el empresario Gianfranco Macri, hermano del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, quiere desalojar a varias familias campesinas. Hace seis meses comenzó el juicio que sentó en el banquillo de los acusados a la familia Garnica, que ocupa 170 hectáreas; la familia Ruiz, con 500 hectáreas, y la familia Cardozo, con 700 hectáreas. Gianfranco Macri dice que compró 15.000 hectáreas en 2006, dentro de las cuales viven estos campesinos.

“Los pequeños productores piden que se les reconozca el derecho principal que tienen, que es la posesión de esas tierras por haber vivido y trabajado allí toda su vida desde hace varias generaciones. Desde que comenzó el juicio, los pobladores no comen ni duermen tranquilos. Ellos reclaman el derecho de posesión y, si después se tienen que sentar a negociar cuántas hectáreas le corresponde a cada uno, no tienen problema. Lo que ellos reclaman no es ni el 10 por ciento del total que dice tener Gianfranco Macri”, aseveró a este diario Rebecca Russo, abogada de la Organización de Pequeños Productores del Chaco Salteño, entidad que cuenta con el apoyo de la Federación Agraria. Según los campesinos de la zona, el objetivo de Macri es la producción de soja y la cría intensiva de ganado en feedlots.

En octubre de 2007, el Foro Provincial de Agricultura Familiar le hizo firmar a Juan Manuel Urtubey un acta donde el entonces diputado y ahora gobernador se comprometía a impulsar un Plan Estratégico para el Desarrollo Rural, que en su primer punto se fijaba la regularización de la tenencia de la tierra a los pobladores rurales. A dos años de esa acta acuerdo, el juicio a los campesinos continúa. Por otro lado, las comunidades indígenas (wichí) también siguen esperando la regularización de sus tierras (ley 26.160/06).

En agosto pasado, los wichí hicieron una presentación ante la Corte Suprema reclamando sus derechos. La Defensoría del Pueblo, por su parte, hizo una visita a la zona de Embarcación, donde viven 25.000 personas, rodeados por 10 comunidades indígenas, que están a la vera de las rutas 34, 53 y 81, esperando, pacientes, una respuesta oficial.

Poder político y empresario

“En Formosa hay una connivencia entre los intendentes y los representantes de la Mesa de Enlace. El intendente de General Belgrano, Amado Bobadilla (FpV) –que ahora está distanciado de las entidades agropecuarias–, nunca intervino a favor de los campesinos. No existe ninguna experiencia de intendentes, al menos en la zona, que hayan jugado a favor de los campesinos”, denunció ante este diario Benigno López, dirigente del Movimiento de Campesinos de Formosa (Mocafor).

En esta provincia hay dos casos emblemáticos. Uno ocurre en General Belgrano, donde Ricardo Buryaile, dirigente patronal de CRA y empresario millonario –según sus propios compañeros federados de la Mesa de Enlace–, impulsó el desalojo de diez familias de un campo de 38 hectáreas, donde viven campesinos de entre 20 y 80 años.

El otro caso emblemático ocurre en el municipio de Ingeniero Juárez, departamento de Matacos, en una finca que se llama La Florencia, de aproximadamente 60.000 hectáreas, adonde viven más de cien familias de criollos e indígenas. Los campesinos, que se dedican a la cría de ganado, cabras, porcinos, entre otros animales, son perseguidos por el empresario Jorge Bellsolar Ferrer quien, a través de su empresa Sociedad de Parques SRL, busca desalojar a esos productores para expandir la frontera agrícola.

Benigno López denunció en reiteradas oportunidades la connivencia entre Ferrer, el intendente de Ingeniero Juárez, Cristino Vidal Mendoza, y la policía local, dirigida por el oficial Pablo Sosa. “Ferrer expulsa a los campesinos y vende las tierras a precios internacionales. Hace dos años comenzó a reclamar formalmente por las hectáreas de La Florencia. Antes de eso se presentaba como alguien que quería ayudar a los campesinos, les hacía firmar papeles con la excusa de que conseguiría subsidios y así se fue haciendo de un manto legal, pero ilegítimo, para reclamar algo que no le corresponde”, indicó López. En Formosa hay 3 millones de hectáreas en situación de conflicto.

Modus operandi

Según un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación (2006), desde hace años los habitantes de Sol de Mayo, departamento de Alberdi (Santiago del Estero), resisten las presiones de la empresa Madera Dura del Norte, compañía que aduce poseer títulos sobre unas 156.000 hectáreas. Una investigación de la Defensoría (345/06) describe un modus operandi que se repite en los diferentes testimonios recogidos por este diario. Según la denuncia de los vecinos de la zona, en varias oportunidades hubo intentos de desalojo, con represión policial, disparos con balas de gomas, donde actuaron tanto fuerzas de seguridad nacionales como el Grupo Especial de Táctica Operacional de Alto Riesgo, división especial de la policía de la provincia de Santiago del Estero.

Dentro de las hectáreas detentadas por Madera Dura del Norte S.A. viven más de 1500 familias campesinas, hay postas sanitarias, destacamentos policiales y un cementerio. “A pesar de las reiteradas denuncias, desde el Juzgado de Monte Quemado se reclutan policías y supuestamente gendarmes para custodiar a parapoliciales y las topadoras, de la empresa Desmontes Londero, que ya desmontaron más de 15.000 hectáreas. El reclamo unánime de la población de las regiones visitadas es que el sistema judicial de la provincia actuaría sistemáticamente en favor de los empresarios. A ello se agrega la gran dificultad de los campesinos para acceder a la Justicia”, concluye el citado informe.

Federación Agraria y dos desalojos

Ramona Bustamante, de 83 años, vive desde que nació en un campo ubicado en el paraje Las Maravillas, a veinte kilómetros de la localidad de Sebastián Elcano, en el norte cordobés. Por ser hija extramatrimonial, sus hermanastras, tras la muerte de su padre, vendieron el campo de 230 hectáreas donde vivía. Esto fue en 1984. Tras la venta, el campo pasó por varias manos hasta caer en posesión de los hermanos Edgardo y Juan Carlos Scaramuzza, quienes le hicieron firmar a Ramona un convenio de desocupación.

Ramona firmó bajo la creencia de que los reclamos judiciales terminarían. Pero no fue así. En 2003 fue desalojada, pero logró volver a su campo. La Justicia insistió, y en 2004 la volvieron a desalojar. Los hermanos Scaramuzza, que fueron acusados de fraude pero rápidamente sobreseídos, son dirigentes de la Federación Agraria de Oncativo. Según indicó a este diario un dirigente de la entidad, cuando se conoció el hecho se recomendó su expulsión, pero quedó en la nada.

La lucha del granito rojo

José Luis Godoy, de 43 años, enfrentará el próximo lunes junto a su hermana Alcira la sentencia por un juicio en el que están imputados como usurpadores de un predio de 26 hectáreas, ubicado dentro del campo donde su familia vive desde hace más de sesenta años. Un productor y empresario local, de nombre Víctor Manuel Gómez, les reclama esas hectáreas ya que detenta unas canteras de Granito Rojo Príncipe, recurso natural de alto valor económico.

“Hace más de sesenta años que vivimos en la comunidad Represa Morales, a 10 kilómetros de Villa de Soto (Córdoba). No tenemos luz eléctrica, tomamos agua del mismo pozo que nuestros abuelos. Fuimos a la escuela rural a tres cuadras de casa. Esta es nuestra vida, criamos cabras, chanchos, ovejas, es un campo tirando a árido, de 400 hectáreas. Hace muchos años, un tal Víctor Manuel ‘Maruco’ Gómez llegó a la zona diciendo que era dueño de los campos. El tipo decía que mi padre le había firmado un papel cediendo las 26 hectáreas donde está el granito rojo. El abogado de mi padre en ese momento era Aristóbulo Gutiérrez, después resultó que se asoció con Gómez para estafarnos. Los dos se juntaron para desalojarnos”, relata.

“Gómez también dice que mi padre le cedió 200 hectáreas del campo. En 2003 comenzó el juicio por usurpación y lo perdimos. Fuimos a Casación en febrero de 2009. Ahora parece que podemos ir a la cárcel. Este empresario es un matón que se va ganando el miedo de los vecinos matando animales y negando el acceso al agua; amenaza a las mujeres cuando los hombres trabajan en el monte. Todo lo que quiere son las canteras.”

Hay parámetros generales que se dan tanto en Santiago del Estero, Catamarca, Salta o Córdoba, que es ver a la tierra como mercancía o como parte de un negocio para pocos, donde se propicia la expulsión de campesinos. “El sistema judicial resulta ser la herramienta más sofisticada del modelo de los agronegocios. El Poder Judicial, que debería servir para equiparar la desigualdad natural, termina favoreciendo a los más poderosos. De un lado quedan los impulsores de los agronegocios, con la soja a la cabeza y la especulación inmobiliaria. Del lado de enfrente, están los agricultores familiares”, concluyó el abogado Ramiro Fresneda, integrante del Movimiento Campesino de Córdoba.