Desde Nueva York

Cuando la discusión sobre las virtudes y flaquezas de Barack Obama quede atrás, y el análisis sobre la exasperante capacidad de las instituciones para preservar el statu quo haya concluido, una sola cosa quedará en pie: la reforma del sistema de salud impulsada por Obama que el Senado aprobó en la mañana del 24 de diciembre pone en marcha una de las dos o tres políticas sociales más grandes e inclusivas de la historia norteamericana. Si la reforma fue debatida con más violencia que ninguna otra política pública en décadas, es porque reabre una discusión usualmente reprimida en los Estados Unidos: aquel que discute la idea estrecha de libertad individual y pone en el centro de la política al bienestar general y no a la propiedad privada como el bien público por excelencia.

Son tantas las concesiones que hizo Obama a los sectores autodenominados moderados del Partido Demócrata (que expresaron posiciones universalmente de derecha), a la ofensiva de los sectores que se reconocen como ultraconservadores, a la industria farmacéutica, a las aseguradoras de salud y a la liviandad mediática, que a primera vista resulta difícil percibir la magnitud del cambio que vivió Estados Unidos horas antes de la Nochebuena. Quizás quien mejor pudo medirlo fue el mismo Obama, que horas después de la votación partió con su familia de vacaciones a Hawai con la certeza de que se había anotado la victoria política más importante de su vida después de la elección en sí. La votación reflejó la división irreductible de la política norteamericana, con los 60 senadores demócratas y aliados a favor, y los 39 senadores republicanos votando en contra (se ausentó el Jim Bunning, republicano de Kentucky).

El proyecto que aprobó el Senado –y que deberá compatibilizarse con la versión un poco más progresista que descansa en la Cámara de Diputados–, extiende la cobertura médica para cerca de 30 millones de norteamericanos que hoy no tienen seguro, en un país donde no existe la medicina gratuita y los costos de salud son algunos de los más altos del mundo. La casi totalidad de esos 30 millones son sectores de ingresos medios y bajos, desempleados, empleados en condiciones precarias de las grandes compañías, empleados regulares de pequeñas y medianas empresas que no pueden afrontar los costos del seguro, inmigrantes recientes, individuos cuyos pedidos de seguro fueron rechazados por las aseguradoras por tener condiciones preexistentes y/o por presunta insolvencia económica.

Si se aprueba la ley, esa masa de norteamericanos deberá contratar un servicio de salud con alguna de las aseguradoras, y el costo del mismo será pagado por el Estado. En números, eso significa que el Estado norteamericano tendrá una intervención en el mercado de salud invirtiendo unos 871 mil millones de dólares durante los próximos diez años. Parte de esos fondos irán también a extender la cobertura de los dos programas públicos creados en la década del ’60, Medicaid and Medicare, hacia sectores que no estarán incluidos dentro de la cobertura de las aseguradoras privadas.

Según los cálculos del gobierno, los costos de tamaña intervención estatal serán financiados con cambios en la política impositiva general, el ajuste de gastos dentro del Medicaid and Medicare, y la creación de un nuevo impuesto del 40 por ciento sobre los seguros de salud “premium”, aquellos que las compañías ofrecen a los sectores de más altos ingresos.

Los avances de la reforma son tan grandes que le garantizaron a Obama el voto positivo y el apoyo público de sectores progresistas que pujaban por cambios mucho más radicales, desde el senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, hasta el Premio Nobel de Economía Paul Krugman, una de las voces de mayor influencia en este debate entre los sectores más politizados del país. Para un país que ha puesto a la libertad individual como la única verdad indiscutida del orden vigente, la intervención del Estado para “forzar” una cobertura casi universal es lo más parecido al socialismo que este país ha vivido, y así lo expresan los sectores conservadores que se oponen con más fuerza a la medida.

Las concesiones que el gobierno de Obama hizo respecto de su proyecto inicial son abrumadoras. Por encima de todo, la nueva ley no incluirá una empresa pública que compita con las aseguradoras privadas, lo cual hubiera forzado una baja en el costo de las mismas. El proyecto también excluye a los inmigrantes ilegales de cualquier tipo de seguro de salud, algo que en cualquier lugar sería sólo horroroso e injusto, pero en Estados Unidos es también altamente ineficiente, ya que se trata de una masa de entre 10 y 15 millones de personas cuya cobertura de salud termina siendo absorbida mal y a costos más altos por los servicios de emergencia, las organizaciones no gubernamentales y hasta los bomberos, que en la última década incorporaron más médicos en la medida en que los llamados por emergencias de salud crecieron exponencialmente. El proyecto también le permite a los estados prohibir la cobertura del aborto (un procedimiento legal en los Estados Unidos desde 1973) para aquellos seguros que reciban subsidio público. Finalmente, la nueva ley tampoco establecería controles estrictos a los costos médicos y de las farmacéuticas, una de las razones más importantes del costo de la salud en los Estados Unidos.

Visto con menos simpatía, el proyecto les entrega a las aseguradoras privadas un nuevo mercado de 30 millones de personas sin ningún riesgo de mercado. Vista con menor simpatía aun, la ley puede ser percibida como una gigantesca transferencia de recursos del Estado hacia las aseguradoras privadas a lo largo de la próxima década. Lo cual explica el moderado mutismo de la industria de las aseguradores, después de un año de lobby sobre los poderes públicos cuyo costo es difícil de calcular. Algunos de los sectores progresistas del Partido Demócrata sostuvieron esta visión, entre ellos Howard Dean, el ex precandidato presidencial y jefe del partido durante la campaña de Obama. Pero aun si estas definiciones no son inexactas, las mismas no sólo invierten el más mínimo sentido de las prioridades, sino que también discuten la política norteamericana en un alto nivel de abstracción, desconociendo la formidable regresión conservadora que el país vivió en las últimas décadas, el verdadero punto de partida de esta reforma, y las transformaciones que la misma implica.

Quienes mejor entendieron las implicancias de esta reforma fueron los líderes de la derecha y la enorme red de organizaciones sociales sobre las que se montó una oposición cerrada, sistemática e ideológicamente irreductible contra Obama. La ex candidata a vicepresidente republicana, Sarah Palin, graficó la falta de libertad individual inventando que la nueva ley crearía “paneles de la muerte” en la que burócratas públicos decidirían acortar la vida de ciertos pacientes en pos de atender el bienestar general. Rick Scott, el referente del grupo llamado “Conservativos for Patients’ Rights”, difundió durante meses la idea de que en países con sistemas de salud pública como Canadá y Gran Bretaña, los individuos morían en masa cuando los funcionarios decidían arbitrariamente cortar la asistencia que en un sistemas de libre mercado supuestamente hubieran tenido al alcance de la mano. Grupos varios y masivos irrumpieron en los debates públicos con pancartas que comparaban a Obama con Hitler, Stalin o Perón, una fuerte paranoia y una aparente vaguedad que seguía en verdad una lógica precisa, ubicando cualquier intención por colocar al interés público en el centro de la política como un atentado simultáneo a la libertad y a la propiedad, la decadencia del país, y la llegada del totalitarismo.

La oposición a la reforma volvió a radicalizar al Partido Republicano y se mantuvo su consistencia y su tono desde el comienzo hasta ayer mismo, sin alterarse en lo más mínimo pese a los numerosos cambios que introdujo el gobierno. Mostró los principios e ideas que la enfrentan a la misma más allá de los detalles de la ley, y un racismo sustantivo corporizó en Obama la idea de un objeto “externo” a la “naturaleza” norteamericana, dudando de su patriotismo, de la legitimidad de su mandato y hasta de su ciudadanía.

El trayecto que le queda ahora a Obama para lograr la aprobación de la reforma es largo, y la armonización de los proyectos del Senado y de Diputados podría traer sorpresas en la ley final. Pero difícilmente altere el enfrentamiento radical de la derecha, algo que pesará sobre Obama cuando deba explicar por qué se sometió durante un año a un fatigoso proceso de negociación del que emergió con mucho más desgaste en su base que consenso en sus adversarios, y que podría limitar la energía disponible para el resto de su ambiciosa agenda.