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La Justicia porteña decidió ayer prohibir el uso de los dispositivos eléctricos Taser X26 por parte de la Policía Metropolitana, haciendo lugar a un recurso de amparo presentado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad. La medida fue celebrada por dirigentes de la oposición, quienes adelantaron que darán impulso a un proyecto de ley en la Legislatura para prohibir definitivamente su uso. Por su parte, el gobierno porteño adelantó su intención de apelar la medida y pretende seguir adelante con su implementación.

La magistrada a cargo del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Número 9, Andrea Danas, dictó ayer una medida cautelar y ordenó suspender el uso de esas armas por parte de la Metropolitana, hasta tanto exista sentencia definitiva. El recurso de amparo impulsado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) las consideraba “un elemento de tortura”, y había sido presentado ante la Justicia el pasado 22 de febrero.

La jueza, en su dictamen, consideró que a primera vista las pistolas “no resultan razonables” para ofrecer seguridad a la población. Además sostuvo que su uso “puede lesionar derechos como la vida, integridad física y salud de las personas, aun de quienes se encuentran en perfecto estado de salud” y que “la incorporación de estos dispositivos puede fomentar el encubrimiento o la impunidad policial favoreciendo situaciones de abuso”.

Consultados por Página/12, voceros de la Policía Metropolitana aseguraron que respetarán el fallo de la Justicia porteña, pero anticiparon que la intención de la fuerza conducida por Eugenio Burzaco es apelar la medida. “La Justicia está obstaculizando la gestión”, aseguraron desde el macrismo en referencia a este fallo y al que impidió emplazar en terrenos del Parque Sarmiento la nueva comisaría de la Metropolitana.

“No está fundamentado. No se puede judicializar un hecho a futuro”, sostuvieron las fuentes consultadas al aclarar que el fallo ordena la “suspensión” del uso de las Taser, las cuales el gobierno porteño asegura no tener en su poder. Desde el gobierno comunal dejaron en claro que la resolución de apelar la medida la tendrá que promover la Procuración porteña, pero aseguraron que la Metropolitana “no tiene intención de desechar el uso de las Taser” y piensa continuar con su implementación. Lo que aún no han podido precisar es en qué momento la fuerza recibirá los artefactos adquiridos mediante contratación directa el pasado 14 de enero.

En un comunicado, la nueva fuerza destacó que “la utilización criteriosa” de este tipo de equipamiento “bajo circunstancias puntuales y por personal debidamente entrenado disminuye el uso de armas que sí ocasionan la muerte”. Al mismo tiempo destacaron los mecanismos de control técnicos que poseen los dispositivos, los cuales están destinados a prevenir abusos y excesos.

“La Justicia no deja de sorprender y no sé qué elementos técnicos se evaluaron para evitar el uso de las Taser”, afirmó el subsecretario de Derechos Humanos, Helio Rebot. “A veces existen juicios de valor más por desinformación que por otra cosa”, consideró el macrista, al tiempo que subrayó que los dispositivos eléctricos “protegen los derechos humanos” y “no permiten que haya violencia”.

En tanto que la medida que ordenó la jueza Danas fue celebrada por dirigentes de la oposición, quienes adelantaron que darán impulso a un proyecto de ley en la Legislatura para prohibir definitivamente el uso de las Taser por parte de los efectivos de la Metropolitana.

“Vamos a plantear en el ámbito de la Legislatura lo que mundialmente dicen los organismos de derechos humanos acerca del peligro que implican estas armas”, afirmó el diputado de Encuentro Popular para la Victoria Francisco “Tito” Nenna. El proyecto de ley impulsado por el legislador opositor propone la prohibición en la Ciudad de la utilización de “armas eléctricas o electrónicas u otros dispositivos similares de descargas eléctricas”.

Tras la difusión de la orden judicial, el bloque de legisladores de Proyecto Sur también expresó su “conformidad con el fallo y la expectativa de que se prohíba el uso de estas picanas eléctricas en todo el territorio argentino”, algo que también había intentado el actual senador Rubén Giustiniani, aunque sin éxito, en el 2006.

Informe: Gabriel Morini.