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La corporación judicial, a través de sus entidades más emblemáticas, salió a responderle a Cristina Kirchner con la advertencia de que si sabe que hay jueces que cobran las excarcelaciones y se guían por la tapa de Clarín está en la obligación de denunciarlos. “Las generalizaciones descalifican a los justos y protegen a los culpables”, decía un comunicado de la Federación Argentina de la Magistratura, que nuclea a jueces de todo el país. “Se requiere que la Dra. Fernández de Kirchner haga públicos los nombres omitidos en su afirmación a fin de que por los carriles constitucionales pertinentes se pueda juzgar y, de corresponder, expulsar del Poder Judicial a los magistrados supuestamente infieles”, se pronunció también la Asociación de Magistrados, abiertamente enfrentada desde hace tiempo al Gobierno.

Los dos comunicados fueron difundidos también por el Centro de Información Judicial (CIJ), que depende de la Corte Suprema. La situación estaba planteada en sus titulares como un “nuevo intento de presión” sobre los jueces a partir del discurso de la Presidenta en la apertura de sesiones del Congreso. “Necesitamos jueces que no dejen salir a los delincuentes, porque están tabulados los precios de excarcelaciones o eximiciones de prisión y, entonces, los criminales que entran por una puerta salen por la otra”, fue una de las frases que desató la ira entre la casta judicial. “Necesitamos jueces que fallen no de acuerdo con la tapa de Clarín, sino del Código Civil y del Código Penal”, fue la otra. A la Corte, en cambio, la elogió por su independencia.

“La afirmación da cuenta del conocimiento que tendría la Dra. Fernández de Kirchner acerca de la comisión de delitos que como funcionaria está obligada a denunciar”, sostiene el texto de la Asociación de Magistrados. “Denuncias generales e innominadas como la realizada no puede sino ser entendidas –máxime considerando la investidura de quien las profirió y el ámbito en el cual lo hizo– como un nuevo intento de indebida presión a un Poder Judicial que cumple con su rol constitucional de control, materializado, esta vez, a través del tendido público de un inmerecido manto de sospecha sobre la honorabilidad de miles de funcionarios y magistrados”, remata la entidad que conduce Ricardo Recondo.

La FAM también reclamó que CFK haga la denuncia que corresponda en lugar de aparecer como “una observadora ajena”. La acusó de “debilitar a la Justicia y, con ello, de hacer más vulnerable a la última barrera de defensa que tienen los más débiles frente a los abusos y atropellos de los poderosos”. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense también reclamó “denuncias concretas” y sugirió que la Presidenta podría estar violando sus deberes. “Los jueces y funcionarios de la provincia de Buenos Aires trabajamos todos los días con las consecuencias de la pobreza, la marginalidad, la desigualdad y la violencia que, en no pocos casos, son producto de pésimas decisiones políticas adoptadas a lo largo del tiempo”, cuestiona el organismo.