Gobierno y oposición se cruzaron ayer por la decisión de la presidenta Cristina Kirchner de emitir dos nuevos decretos –uno simple y otro de necesidad y urgencia– para ordenar el pago con reservas del Banco Central tanto a los organismos de crédito internacionales como a los tenedores privados de bonos argentinos. “Nos importa que las finanzas del país anden bien, para poder seguir haciendo escuelas, calles, rutas. Y eso se hace con plata, no con discursos”, dijo la propia jefa de Estado durante un acto en Berazategui. La oposición, que se siente desairada, no lo vio de la misma manera y se dispone a usar todos los recursos a su alcance para anular la decisión. Desde la Comisión de Finanzas de Diputados convocaron al ministro de Economía, Amado Boudou, y a la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, para que den explicaciones. Al mismo tiempo, los bloques opositores consensuaron realizar mañana una sesión especial para votar la nulidad de los decretos mientras que el PRO y la Coalición Cívica optaron por recurrir a la Justicia.

Cristina Kirchner valoró la reacción de los mercados ante la decisión oficial de utilizar 2187 millones de dólares para pagar deudas con el Banco Mundial y al BID y de destinar otros 4382 millones de dólares en reservas para cubrir vencimientos de deuda privada. “Los bonos argentinos han vuelto a crecer hoy el 4 por ciento”, ponderó.

La estrategia judicial de los bloques que responden a Mauricio Macri y Elisa Carrió fue diseñada por un grupo de diputados y juristas; lo encabezaron Federico Pinedo (PRO) y Patricia Bullrich (Coalición Cívica). Allí se discutió la letra chica del recurso extraordinario que hoy será presentado ante la Corte. No será la única presentación judicial de lilitos y macristas. También acudirán de nuevo ante el juzgado del fuero Contencioso Administrativo Federal en el que supo desempeñarse como subrogante la jueza María José Sarmiento. Presentarán un escrito que se inscribe en la figura de los “hechos nuevos” (ver página 6).

Ayer, superada la sorpresa inicial que les provocó el discurso de la Presidenta en la Asamblea Legislativa, la mayor parte de las bancadas anti-K advirtieron que esta semana intentarán declarar la “nulidad absoluta” de los decretos a través de una sesión especial en el Congreso. “Ya anunció su asistencia la centroizquierda, por lo que el quórum está cómodo”, vaticinó ayer la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aunque luego se comprobó que eso todavía no estaba cerrado. “Hay un ambiente muy difícil, muy complicado, donde hay una postura netamente obstructiva que va a impedir avanzar en los grandes temas del país. La oposición ejerce una crítica feroz, sin una sola propuesta”, cuestionó el jefe del bloque de senadores del kirchnerismo, Miguel Angel Pichetto.

La propia jefa de Estado aludió de manera indirecta a la cruzada de los bloques opositores para impedir el uso de reservas del Central para pagar vencimientos de deuda. “Si pudiéramos construir con palabras, seríamos primera potencia mundial”, dijo CFK. Poco antes había criticado las “palabras sin sentido, contradictorias con la propia historia” de una parte de la oposición, a la que no identificó: su referencia iba dirigida a la Unión Cívica Radical. Desde el oficialismo también buscaron restarle importancia a lo que pueda suceder en la sesión especial que la oposición pretende realizar en Diputados. El eje de la discusión en este punto es si una eventual declaración de nulidad por parte del Congreso –algo que en los últimos años sólo se concretó con la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final– podría implicar efectos retroactivos, ya que las sumas mencionadas en los dos decretos ya fueron transferidas del Banco Central a dos cuentas del Tesoro y ayer comenzaron a pagarse.

La postura de la oposición podría resumirse en lo que planteó Carrió. “El efecto es para atrás y para adelante. La Justicia puede dictar lo que se llama una medida cautelar innovativa, que es volver para atrás”, dijo la jefa de la Coalición Cívica. La lectura del oficialismo es totalmente opuesta. “Con la sesión que están planteando pueden llegar a tener impacto mediático. Pero el episodio fundamental de este nuevo capítulo es que el Gobierno ya dispone de esos fondos. Y esto va a permitirle al país ahorrar unos 120 millones de pesos por día. Ninguno de los cuatro proyectos que ha presentado la oposición va a tener eficacia legislativa”, pronosticó el diputado Héctor Recalde en diálogo con Página/12. “Igual, el dato más importante salió ayer (por el martes) publicado: decía que tras el discurso de la Presidenta la banca JP Morgan había comprado dos millones de dólares en bonos argentinos”, agregó el asesor jurídico de la CGT.

En el oficialismo no se privaron de recordar que el actual diputado Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica), titular de la Comisión de Finanzas, supo trabajar como jefe de la división de compra de monedas de la JP Morgan. Para que los bloques opositores finalmente puedan tratar el tema en la sesión especial de Diputados primero deberán haber obtenido dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Finanzas y Presupuesto y Hacienda. De no conseguirlo, deberán contar con los dos tercios de los presentes para poder arrancar la discusión. Desde el entorno del jefe del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara baja, Agustín Rossi, ya deslizaron que no pretenden facilitar demasiado la tarea. Entretanto, en la oposición no descartan que el Poder Judicial, al menos en juzgados de primera instancia, vuelva a hacer lugar a medidas cautelares para trabar las decisiones del Ejecutivo.

En el Ejecutivo saben que en pocas horas podrán ver cómo evolucionan las iniciativas de los opositores, tanto en la Justicia como en el Congreso. Hasta entonces, y como una forma de ir sumando consenso, el Gobierno eligió poner el acento en la reacción positiva de los mercados financieros. “Los bonos de canje subieron más de un 3 por ciento, la Bolsa subió casi un 2 por ciento y no hubo tensión sobre el tipo de cambio”, fue el informe pormenorizado que dio ayer Boudou. También se destacó la opinión favorable que habría tenido la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, al ser informada sobre las últimas medidas de desendeudamiento dispuestas por el Ejecutivo. Según el embajador Héctor Timerman, la administración de Barack Obama manifestó su “apoyo abierto y total al proceso de desendeudamiento de la Argentina”.

La oposición no pareció interesarse demasiado por estas repercusiones aparentemente favorables. Ayer, cuando le preguntaron a Carrió cómo se debería realizar el pago de la deuda si fracasaba la posibilidad de usar reservas, la titular de la Coalición Cívica dejó en evidencia cuál es el objetivo de una buena parte de los bloques anti-K: dijo que el pago de deuda deberá concretarse buscando “los mercados internacionales”, pero también incluyendo “muchísimas reformas estructurales en la línea económica del Gobierno”. En otras palabras, recortar el gasto.