El resultado de la política de endurecimiento de las penas, de la modificación espasmódica del Código Procesal Penal bonaerense y del agravamiento de la situación de detención en cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires tiene esta semana un escenario de reclamo que no es el cotidiano local, sino el nivel más alto en el concierto internacional: el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ayer, la Comisión Provincial por la Memoria, el CELS y la APDH presentaron sus informes al respecto ante la 98ª sesión del Comité, en Nueva York. En dichos informes se señala el aumento de detenidos en comisarías, el retorno a los límites en el hacinamiento carcelario, la ausencia judicial en los múltiples casos de torturas en cárceles y dependencias policiales. La propia Corte Suprema, el 23 de febrero pasado, exhortó al máximo tribunal provincial a atender “las condiciones inhumanas de detención y prisión preventiva”, minuciosamente descriptas en un informe presentado por el CELS a la CS en noviembre pasado. Mañana y el jueves, no será el gobierno provincial sino el nacional el que responda como responsable, punto por punto, esos informes ante la comunidad internacional.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo fueron ratificados por Argentina en 1986. Entre sus obligaciones los Estados nacionales deben responder informes periódicos sobre el cumplimiento del pacto ante el Comité de Derechos Humanos, el órgano facultado por las Naciones Unidas para evaluar los informes y resolver lo que se produce en las audiencias. El de esta semana es el Cuarto Informe Periódico de Argentina. Primero se presentan los informes de organismos reconocidos, en este caso, la Comisión Provincial por la Memoria y el CELS, y luego responde a esos informes el Estado nacional.

Alejandro Mosquera y Roberto Cipriano presentaron ayer un pormenorizado informe en representación de la Comisión Provincial por la Memoria y el Comité Contra la Tortura (que la integra). El documento de la CPM indica que en la provincia de Buenos Aires “hay alrededor de 30.000 personas privadas de su libertad en 54 cárceles, 12 institutos penales de menores y 310 comisarías”. En términos numéricos, la cifra se acerca a la cantidad tope de detenidos en 2005 (30.414 en cárceles y 5951 en comisarías, con una sobrepoblación de 55,97 por ciento), cuando el fallo Verbitsky de la Corte Suprema de la Nación ordenó a la Corte bonaerense poner límite al hacinamiento, la prisión preventiva, la anulación de las excarcelaciones y las detenciones en comisarías.

“Este panorama va a agravarse si se aprueba la iniciativa del gobernador Scioli de volver a endurecer el régimen de excarcelaciones y aún más si insiste con un Código Contravencional arcaico y basado en dotar de mayor poder arbitrario a la Policía Bonaerense”, sostuvo Mosquera. “Hay un uso generalizado de la prisión preventiva como pena anticipada –señaló Cipriano–. La provincia tiene uno de los más altos del continente.”

El documento recuerda que durante el año pasado el Comité Contra la Tortura presentó 996 hábeas corpus por hechos graves de violencia ocurridos en 43 de las 54 cárceles, 15 comisarías de las más de 300 comisarías y cuatro de 11 institutos de menores. Además, el informe se detiene en la nueva desaparición de persona: la del joven Luciano Arruga, visto por última vez en una comisaría de Lomas del Mirador, con cantidad de evidencias sobre la participación de personal policial, además de recordar la no resuelta desaparición de Julio López. El documento desglosa datos entre los que se destacan el “crecimiento de la cantidad de mujeres detenidas en los últimos tres años”, “aumento de las muertes en establecimientos del Servicio Penitenciario Provincial”, “ascenso de hechos violentos”, “represión como herramienta para resolver situaciones conflictivas” y “uso de traslados constantes como forma de disciplinar a quienes se quejan por los malos tratos”.

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