La noticia llegó como un rayo, justo cuando la Cámara de Diputados empezaba a debatir el proyecto para anular el DNU del Fondo del Desendeudamiento: el juez en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico ordenó que la Comisión Bicameral revisora de los decretos vuelva a su composición anterior, con igual número de integrantes del oficialismo y de la oposición. Su fallo suspendió la resolución del titular del Senado, el vicepresidente Julio Cobos, que le daba mayoría a los “anti K” e indicó restituir a la senadora Beatriz Rojkés de Alperovich (Frente para la Victoria), que había sido desplazada para que entrara Luis Juez (Alianza Frente Cívico). En este escenario, caería el dictamen contra el último decreto de necesidad y urgencia que dispuso pagar vencimientos de deuda con reservas del Banco Central.

Al enterarse de la novedad, que desconcertó a más de uno, los diputados que estaban en plena sesión no se pudieron poner de acuerdo sobre si votar o no la anulación del DNU 298/10, que surgía precisamente de un dictamen de la bicameral que el juez Lavié Pico consideró ilegítima tal como había quedado integrada. Ante el desacuerdo, no lo votaron.

En el Senado, el titular del bloque del FpV, Miguel Pichetto, dijo que el oficialismo está dispuesto a aceptar, en el esquema de “representación igualitaria de ocho legisladores por sector”, que la presidencia de la comisión quede en manos opositoras, tal como había acordado días atrás con su par radical, Gerardo Morales, acuerdo luego desbaratado por otros sectores de la oposición. Cobos, señalaron en su entorno, intentará buscar consenso para conformar la comisión y sólo si no lo logra apelará la decisión judicial. Juez, que deberá devolver la banca en la bicameral a la esposa del gobernador tucumano José Alperovich, también estaría en condiciones de cuestionar el fallo, pero anunció que no lo hará.

“Siempre creímos en la legitimidad de nuestro reclamo porque hubo una violación de la ley”, se jactó Pichetto, quien le había pedido la semana pasada a la Justicia una medida cautelar que impidiera que se reuniera la llamada Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. El argumento era que la conformación aprobada con la firma de Cobos el 3 de marzo era irregular al haber repartido los lugares en forma desigual: nueve para la oposición y siete para el oficialismo. La integración, decía el planteo, ya había sido aprobada el 23 de diciembre “respetando la proporción de las representaciones política” que fija la ley, con ocho puestos para cada grupo. “Los derechos adquiridos no pueden ser vulnerados ni avasallados”, cuestionaban el texto que pedía una medida cautelar, un tipo de medida con la que hasta ahora –en la pelea por los DNU y las reserva– sólo se había favorecido a la oposición.

El expediente le tocó primero al juez Ernesto Marinelli, pero Pichetto lo obligó a apartarse al recusarlo “sin causa”, anticipándose a un posible resultado adverso. Pasó al juzgado de Lavié Pico que rechazó la recusación por “extemporánea” y le devolvió la causa a su colega. Mientras los juzgados se peloteaban los expedientes, en el Congreso avanzaba el dictamen contra el DNU del Fondo del De-sendeudamiento. La apelación K llegó ayer temprano la Sala III de la Cámara del fuero en lo Contencioso Administrativo. En cuestión de horas, el tribunal –con la firma de Sergio Fernández y Jorge Argento– le dijo a Lavié Pico que se hiciera cargo del caso y lo conminó a que “se pronuncie en forma inmediata”. Y fue lo que hizo.

- La resolución ordena reponer a la senadora K Beatriz Rojkes de Alperovich en la bicameral que analiza los DNU, donde había sido nombrada en diciembre, hasta que haya una sentencia firme. Al modificar la integración de la comisión a comienzos de este mes, la oposición le cedió ese lugar a Juez, que lo exigía para cerrar un acuerdo político. Según Lavié Pico, la bicameral en su última versión quedó “conformada de manera irregular”.

- A su vez, le advierte a Cobos que “deberá abstenerse de dictar cualquier acto que importe un incumplimiento” del decreto parlamentario qué el mismo firmó (el DPP-60/09) en aprobación de la composición original de la bicameral, con cuatro senadores opositores y cuatro del kirchnerismo. De esto se deduce que aunque Diputados intentara avanzar en la anulación del DNU del Fondo del Desendeudamiento, seguro que el Senado no podrá hacerlo a menos que quiera burlar la decisión judicial. En el Gobierno interpretan que con esta medida judicial el dictamen de anulación del DNU que aprobó la bicameral carece de validez, o por lo menos la pone en duda.

- El fallo recuerda que los integrantes de la comisión son nombrados cada vez que se renuevan las cámaras y duran allí “hasta la siguiente renovación”. La fecha de renovación de la bicameral, indica, fue el 23 de diciembre, y quedó plasmada en el decreto del titular del Senado. Por lo tanto, razona, “se habría vulnerado el derecho de Rojkes de Alperovich a permanecer” en ese cargo.

- Recuerda que la integración debe ser “proporcional” a las representaciones políticas, pero no interpreta cuántos cargos le corresponde a cada quien. Advierte, sí, que “la nueva composición” al excluir a la senadora desconoció “la elección, integración y consolidación avalada en su oportunidad por el acto administrativo del Sr. Presidente H. Senado”.

- También destaca que la comisión bicameral tuvo actividad después de diciembre “sin objeción de ninguna naturaleza”.

- Lavié Pico le reconoció “legitimación” para impulsar la medida cautelar únicamente a Rojkes de Alperovich. En cambio, sacó de la causa a Pichetto, Nicolás Fernández y Marcelo Guinle “porque no acreditaron una real afectación de su derecho”.

Mientras tanto, el DNU que creó el Fondo del Desendeudamiento Argentino sigue suspendido por la decisión de la jueza del fuero contencioso Claudia Rodríguez Vidal, que días atrás hizo lugar a una ampliación de la medida cautelar que había inmovilizado el derogado Fondo del Bicentenario. Para esa jueza, la Presidenta dictó un nuevo DNU con el solo objetivo de burlar el bloqueo de fondos que ya había impuesto la justicia y de eludir la intervención del Congreso. El Gobierno apeló y en unos pocos días los expedientes –uno impulsado por Graciela Camaño y peronistas disidentes y otro por el radicalismo– serán elevados a dos salas diferentes de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que volverán a definir la suerte de las reservas.