Los senadores del oficialismo y de la oposición acordaron ayer que en quince días tratarán en el recinto los proyectos de ley que contemplan el uso de reservas del Banco Central para el pago de deuda. En la reunión plenaria de las comisiones de Economía Nacional y Presupuesto y Hacienda, los bloques opositores también propusieron tratar en esa misma sesión el DNU del Fondo de Desendeudamiento, pero el kirchnerismo exigió que exista un acuerdo político para que se apruebe una ley en ambas cámaras antes de tratar el rechazo u aprobación del Fondes. “Nosotros no vamos a cometer la locura de permitir que se rechace el DNU y dejar una ley con media sanción porque la media sanción es la mitad de la nada”, aseguró el santacruceño Nicolás Fernández, conocedor de los vericuetos administrativos del Parlamento. La semana próxima, mientras tanto, se invitará al plenario de esas comisiones a funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central para analizar en detalle los números del Presupuesto nacional y de las reservas de la entidad monetaria.

A pesar de que en Diputados la oposición se encontraba a punto de conseguir la derogación del DNU 298/10, sus pares del Senado sugirieron postergar su tratamiento con el objetivo de tener un panorama más acabado de los votos con los que cuentan en el recinto. Los máximos referentes de la oposición en la Cámara alta revelaron que hoy no podrían juntar los votos para rechazar el DNU –ni siquiera saben si podrán formar quórum– y por eso le propusieron al oficialismo tratarlo dentro de quince días junto con la ley de uso de las reservas. El jefe del bloque radical, Gerardo Morales, fue el encargado de transmitir ayer la propuesta opositora.

“Tiene que haber un compromiso de ambas cámaras, como parte de un gran acuerdo político institucional, porque lo que hay es una intencionalidad de primero derogar el DNU y luego tratar la ley para lesionar al Gobierno”, respondió el titular de la bancada kirchnerista, Miguel Pichetto, y advirtió sobre la posibilidad de saldar “en sede judicial” la discusión sobre el tratamiento del DNU que no tiene dictamen de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

El argumento del oficialismo es el que viene sosteniendo desde hace meses: no van a facilitar el rechazo del Fondes sin que se cree previamente otra herramienta que le permita al Gobierno darles previsibilidad y certeza a los mercados económicos sobre el pago de la deuda. Sobre todo porque en medio está la negociación del Gobierno con los bonistas por la reapertura del canje de deuda. En ese marco, el Frente para la Victoria aceptó el compromiso de debatir en quince días los proyectos de ley que serán analizados en las comisiones y adelantó que acompañará formalmente el proyecto de los senadores Carlos Verna y María Higonet.

Con los votos de los autores de ese proyecto, más los 35 del FpV y sus aliados, el kirchnerismo se garantizaría la media sanción en el Senado, pero no así en Diputados, donde la oposición tiene una diferencia más amplia.

En diálogo con Página/12, el jefe del bloque de los diputados radicales, Oscar Aguad, aseguró que no está de acuerdo con la utilización de reservas para el pago de deuda y que no tratará ningún proyecto en ese sentido. “En este contexto de la Argentina no hay que utilizar la reservas para realizar ningún pago”, sentenció el jefe radical, para quien “el desendeudamiento es en realidad para un nuevo endeudamiento”.

Hasta ayer había cinco proyectos de ley en condiciones de ser tratados en el Senado. Por un lado, el de Verna e Higonet y por el otro cuatro proyectos opositores: el de la radical Laura Montero, que contempla una redefinición de la expresión “reservas de libre disponibilidad”, lo que según la senadora les da “certeza de pago suficiente” a los vencimientos de la deuda externa; uno del porteño Samuel Cabanchik, que establece la creación de un Fondo de Garantía; otro del correntino Carlos Roldán y, por último, uno de los peronistas disidentes Adolfo Rodríguez Saá y Juan Carlos Romero.

Entre los convocados la semana que viene al debate en comisiones se encuentran el gerente general del Banco Central, Benigno Vélez, y su antecesor Hernán Lacunza, como así también el titular de la Subgerencia General de Asuntos Jurídicos, Marcos Moiseff, además de varios de los funcionarios que participaron en el DNU 298/10. Por el lado del Ministerio de Economía se pidió la presencia del secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, entre otros.