La estrategia legislativa de opositores y oficialistas en la Cámara de Diputados se resuelve “minuto a minuto” en medio de la disputa por fijar la agenda parlamentaria de cada semana. El Grupo A trabaja en un listado de temas que le permita mantener la frágil cohesión opositora: un reducido acuerdo que por ahora alcanza la modificación de la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia, además del intento de unificación de los 17 proyectos para cambiar la composición del Consejo de la Magistratura y otra docena de iniciativas para dotar de autonomía al Indec. Pero ahora la prioridad para el núcleo duro opositor es sostener y aprobar en la Cámara baja la polémica media sanción de los senadores sobre la coparticipación total del impuesto al cheque, que ya generó cortocircuitos con Proyecto Sur. En tanto, el kirchnerismo deberá concentrar esfuerzos para resistir la embestida opositora sobre la coparticipación del impuesto a los créditos y débitos bancarios, mientras impulsa la utilización de reservas por ley y facilita el debate en el recinto del proyecto sobre matrimonio gay que divide transversalmente a todas las bancadas, incluso la propia. Los bloques opositores volvieron a juntarse el miércoles por la tarde para acordar una agenda legislativa que les permita sostener la iniciativa política. La idea es avanzar con proyectos que le “pongan límites a la discrecionalidad del Gobierno”, aunque la tarea opositora es mucho más difícil de consensuar a la hora de promover alternativas conjuntas a la política oficial. Del encuentro participaron la UCR, el PJ disidente, la CC, PRO, el GEN, socialistas y los juecistas cordobeses.

“Existen propuestas en las que tenemos un alto nivel de acuerdo, otras de mediano nivel y otras de nivel más bajo. Hay iniciativas que no son tan importantes para la mayoría de los bloques, pero que vamos a ayudar a tratar”, declaró Patricia Bullrich a Página/12.

Pero la diputada de la Coalición Cívica y principal espada parlamentaria de Elisa Carrió en el armado del entramado legislativo opositor sólo nombró dos prioridades de la agenda común: la modificación de la ley 26122, que regula los DNU y los vetos presidenciales a las leyes aprobadas en el Congreso –que podría llegar al recinto esta semana– y tratar de sellar un proyecto único para cambiar la integración del Consejo de la Magistratura.

Sin embargo, Carrió volvió a subirle la vara al resto del entramado opositor al empujar el tratamiento en Diputados de la polémica media sanción del Senado sobre el impuesto al cheque. Lilita no quiere que el Grupo A pierda la iniciativa política después del rechazo de Diputados al DNU 298, que habilita el uso de reservas para el pago de vencimientos de deuda pública, que todavía debe ser ratificado por el Senado. Por eso la líder de la CC está dispuesta a respaldar proyectos con los que no concuerda para mantener unido al Grupo A en la embestida contra el Gobierno. Como lo hizo con el impuesto al cheque, donde pasó de la postura de eliminarlo gradualmente a “coparticiparlo mientras exista”. Una estrategia que respalda a rajatabla el PJ disidente de Felipe Solá, que acompaña el macrismo y que a veces genera dudas entre los radicales por la “intransigencia y el protagonismo de Carrió”.

La radical Silvana Giúdici, una de las principales negociadoras del entramado opositor, también coincidió en ratificar las prioridades legislativas del Grupo A y en reconocer las limitaciones. “Vamos a llevar al recinto la modificación de la ley 26122, a tratar la media sanción del Senado sobre la coparticipación del impuesto al cheque y estamos terminando de unificar el dictamen sobre el Consejo de la Magistratura y el Indec”, sostuvo la diputada de la UCR. “No es fácil conciliar tantos puntos de vista diferentes pero lo vamos logrando”, concluyó.

Aunque presentaron públicamente una agenda parlamentaria propia para avanzar en un “acuerdo político” y diferenciarse del resto de la oposición, el GEN de Margarita Stolbizer y el socialismo no sacarán los pies del Grupo A. “Firmamos el dictamen sobre la modificación a la ley de DNU y vetos presidenciales, trabajamos en temas como el Consejo de la Magistratura y el Indec, y vamos a acompañar el dictamen del Senado sobre el impuesto al cheque”, afirmó a este diario la jefa de los diputados socialistas, Mónica Fein.

Aunque están confiados en su mayoría, el Grupo A no deja de repasar los números. Por eso apuesta a hacer algunas concesiones para no romper lanzas con el interbloque de centroizquierda que lidera Fernando “Pino” Solanas.

El diputado Claudio Lozano, de Proyecto Sur, ya salió a cuestionar la estrategia opositora para coparticipar el “distorsivo” impuesto al cheque. “Los esfuerzos por darle tratamiento redundarán en el veto o muy posiblemente en el cierre de otras transferencias que las provincias perciben desde el Ejecutivo”, sostuvo y reclamó un “cambio de estrategia”.

Lozano propuso “restituir las contribuciones patronales sólo para las grandes compañías y, en simultáneo, devolverles a las provincias el aporte del 15 por ciento de la coparticipación que vienen haciendo desde que se quitaron esos aportes en el ’93”. “Esto –continuó el economista– permite mejorar el financiamiento de la Anses, el Estado Nacional no pierde recursos y las provincias recibirán más que con el impuesto al cheque.” La discusión con el resto del conglomerado opositor no está saldada.

El otro lado

La polémica aprobación en el Senado del impuesto al cheque cambió también la estrategia oficialista en Diputados. El kirchnerismo buscará bloquear el tratamiento en las comisiones legislativas de la media sanción que Julio Cobos ya giró a su par de la Cámara baja, Eduardo Fellner, y que considera “nulo porque no fue aprobada por la mayoría calificada que establece la Constitución”.

El jefe del bloque K, Agustín Rossi, ya pidió que Fellner impida el tratamiento. Fellner por ahora mantiene silencio frente a la encrucijada: el jujeño sabe que su decisión los expondrá ante quienes piden su cabeza como presidente de la Cámara. Una cruzada que comanda el PJ anti K y en especial Felipe Solá.

En tanto, el oficialismo prepara la resistencia, en desventaja numérica, al proyecto que modifica la ley que regula la implementación y el control parlamentario sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia y los vetos presidenciales. Aunque los diputados K saben que la suerte de la iniciativa dependerá más del esfuerzo que puedan hacer sus compañeros del Senado que del propio.

Por eso apuestan a impulsar en las comisiones, aunque también en minoría, el proyecto de ley del aliado Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro), que habilita el uso de reservas para cancelar deuda pública por ley y con control parlamentario.

La propuesta también divide a la oposición. La UCR dijo estar dispuesta a discutir un proyecto de ley pero lo condicionó a la previa revisión presupuestaria de este año. EL PJ disidente de Graciela Camaño tiene su propio proyecto, el GEN y el PS no ven mal que la confrontación se resuelva por ley, mientras la CC y el macrismo se oponen a cualquier utilización de las reservas, y Proyecto Sur no quiere que se usen para cancelar deuda pero sí para propuestas “productivas”.

Desde el oficialismo quieren apuntalar los debates que rompan la lógica binaria entre oficialismo y oposición, que impulsa el núcleo duro anti K. Por eso ratificó con las firmas de los diputados de su bloque, aun en disidencia, el dictamen sobre matrimonio gay para que el proyecto, que divide transversalmente a todas las bancadas, llegue al recinto. Pero ésa no será la única iniciativa. También aspira a promover otras alternativas que –según el criterio oficialista– volverían a encolumnar voluntades “desde lo ideológico”: como el proyecto que Carlos Heller presentará esta semana para modificar la ley de entidades financieras de la dictadura. El banquero cooperativista prefirió no adelantar detalles del proyecto, que según su propia definición “invertirá el sentido del actual sistema”.