Desde Gualeguaychú

Nadie muestra grandes ilusiones con el fallo de La Haya. Más que escepticismo, parece una cuestión de desconfianza. La ciudad se divide en dos tipos de desconfiados. Están los que desconfían de la Corte Internacional porque los intereses en juego, señalan, son demasiado grandes (“es una Corte del Primer Mundo, no va a ordenar la relocalización de Botnia”, dice su vaticinio). Y están los que creen en la Corte de La Haya, pero desconfían del gobierno (“el fallo puede llegar a ser bueno, pero hay que ver si el gobierno no negocia con el Uruguay y lo diluye”, es la advertencia). Los desconfiados del primer tipo tienen una desconfianza más antigua, que viene de que la Corte, allá lejos y hace tiempo, rechazó el pedido argentino de frenar la construcción de Botnia. Los desconfiados del segundo tipo dicen que se sienten en alerta desde que los funcionarios de los dos lados del río empezaron a hablar de “administrar” el fallo que el tribunal internacional dará a conocer el martes. “Administrar” es una palabra que aquí le hace chirriar los oídos a todo el mundo.

Como sea, la opinión extendida en Gualeguaychú es que el conflicto por Botnia va a seguir y que la pelea por la relocalización será de largo plazo. ¿Qué creen que va a decir el tribunal? Que los uruguayos violaron el Tratado del Río Uruguay al autorizar unilateralmente la construcción de la pastera, pero que no ordenará su desmantelamiento.

Seis años después

Una camioneta con parlantes recorre el centro. Llama a ir, este martes, a Arroyo Verde, el lugar del corte de ruta, para escuchar la transmisión de la sentencia. En la zona comercial, no es posible caminar diez metros sin toparse con un cartel sobre el tema. Las vidrieras tienen afiches contra la papelera; los autos llevan en sus lunetas el “No a Botnia”, en la plaza principal, dos chicos reparten volantes ídem. En el baño del hotel hay una invitación a “preservar el agua del río” y no ordenar lavar innecesariamente las toallas. En la puerta de la pizzería Pouler hay un cartel de “Abierto a la vida”. Al entrar y cerrar la puerta se puede leer su revés: “Cerrado a Botnia”.

José Pouler, conocido popularmente como Pepo, uno de los fundadores de la asamblea, termina de despachar un pedido y escucha la pregunta:

–¿Qué sería un buen fallo, de mínima?

–De mínima tendría que decir que los uruguayos violaron el Tratado del Río Uruguay y que Botnia debe relocalizarse, aunque no se vaya ya y les den un plazo.

–¿Y qué sería un mal fallo?

–Uno que no dijera que los uruguayos violaron el Estatuto del Río Uruguay. Si el fallo da a entender, por ejemplo, que ellos podían no consultar a la Argentina para construir Botnia. O que considere obsoleto el Estatuto. Eso nos cerraría las puertas.

Pepo se para en la vereda de los desconfiados del segundo tipo. “No veo imposible una relocalización; nosotros movimos ciudades para hacer represas (se refiere a Federación, que fue relocalizada para construir el complejo hidroeléctrico de Salto Grande). Ellos, en dos años, van a haber amortizado su inversión, porque la tonelada de pasta de celulosa está a 930 dólares, y Botnia produce más de un millón de toneladas por año. Si invirtieron, como dicen, 1800 millones de pesos, ya están cerca de recuperar lo que pusieron. Se pueden ir.”

“Mi duda es qué van a hacer los gobiernos”, sigue casi sin tomar aire. “Que (el presidente uruguayo José) Mujica haya viajado de sorpresa a Buenos Aires para hablar con Cristina, sin audiencia previa, creo que fue porque algo se enteró sobre el fallo, él abrió el paraguas, viajó para presionar. Y ahí empezaron a hablar de administrar el fallo. Eso es algo nuevo, nunca antes lo había escuchado. Administrar el fallo, ¿qué significa?

Gualeguaychú tiene unos 90 mil habitantes y todo queda cerca. A cuatro cuadras de la pizzería Pouler tiene su estudio Luis Leisa, uno de los abogados de la asamblea. Sobre el escritorio, Leisa tiene un dossier con los antecedentes de la Corte de La Haya en materia ambiental y un punteo del caso Botnia. Se está preparando para la invasión mediática del martes. “El caso tiene dos ejes”, recuerda. “Su primer objeto es demostrar que el Uruguay violó el Estatuto, porque no cumplió con el mecanismo de información y consulta con la Argentina antes de autorizar la construcción de Botnia. El segundo objetivo es probar que hubo un ‘daño sensible’, es decir, que tiene que ver con la contaminación. Yo creo que el primer punto se puede obtener, pero no sé si el segundo.”

–¿Por qué?

–Porque la Corte de La Haya ha sido muy conservadora con los temas ambientales.

Leisa le desconfía a la Corte. “La Haya no es la Corte Suprema”, diferencia, aludiendo al fallo sobre el Riachuelo del máximo tribunal argentino.

Ex intendente –le tocó gobernar en la época previa a la instalación de Botnia-, Leisa fue quien, en la última asamblea, mocionó para que se rechazara la invitación de la Cancillería a que una delegación de Gualeguaychú escuchara el fallo junto a los funcionarios en la Secretaría de Medio Ambiente. Propuso, en cambio, que los abogados de la asamblea se mantengan juntos para hacer una primera lectura del fallo sin contacto con los funcionarios. “Mejor es no contaminarse”, dice.

El día después

El martes, en Arroyo Verde se va a montar una pantalla gigante para seguir la transmisión de la lectura del fallo. La gente está convocada a reunirse una hora antes, a las nueve de la mañana. Los concejales ya anticiparon su presencia y está invitado también el intendente Juan José Bahillo. Hubo un pedido de que la municipalidad declarara asueto, pero hasta ahora no fue resuelto. Tampoco los centros comerciales ni las cámaras empresarias darán el día libre a sus empleados, aunque algunos gremios, como el de docentes, ya anticiparon que participarán movilizándose.

¿Y después? Gustavo Rivollier es otro de los históricos de la asamblea, pero en un caso, uno de los pocos optimistas detectables. “Si el fallo no ordena la relocalización pero dice que el Uruguay violó el Tratado”, aventura, “la etapa que sigue es la de negociación. Ahí yo valorizo el trabajo de la Cancillería que es la que conoce el tema y creo que tiene que negociar. Los uruguayos están desesperados por minimizar los efectos de una condena, y la Argentina no tiene que dejarse presionar. Reparar un daño no es pagar una indemnización, es devolver el bien que fue robado”.

Rivollier, como toda la asamblea, se opone a que a partir del fallo se haga un monitoreo compartido de Botnia, “porque eso sería reconocer una empresa que está funcionando de manera ilegal”. Pero en el debate interno de la ciudad ya se discute sobre cómo probar judicialmente la contaminación. Si La Haya no la diera por probada, porque todas las muestras argentinas se están tomando en la costa entrerriana (el razonamiento es que los contaminantes detectados podrían provenir de otras industrias, así como también de agrotóxicos), entonces habrá que tomar muestras dentro del perímetro de la propia Botnia. Y para esto, aunque la asamblea no apruebe un monitoreo conjunto, tendrá que hacerse algún tipo de acuerdo entre los dos gobiernos.

Para el día siguiente a la lectura del fallo, ya está convocada una asamblea en la que los abogados darán a conocer su evaluación del dictamen. Para el domingo siguiente se prepara la gran marcha anual al puente internacional San Martín, que este año se espera que funcione como un canal de expresión sobre el resultado del juicio. Sólo después, en el caso de que el fallo no ordene el cierre de Botnia, se convocará a una asamblea ampliada con la idea de que toda la ciudad pueda discutir cómo seguir. Los más entendidos no descartan ir con una nueva denuncia a La Haya; el corte sobre la ruta 136 también está en discusión. Se habla de levantar el bloqueo, de reforzarlo, de mantenerlo pero selectivo, sólo impidiendo cruzar a los camiones. Dos días antes del fallo, en lo único que hay coincidencia es que lo que dictamine el tribunal será un punto de inflexión. Hacia dónde irán después es un tema abierto.