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La consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti, tiene como principal preocupación desde hace cuatro años sostener la posición argentina en el conflicto con Uruguay por las papeleras en la Corte Internacional de La Haya. El martes encabezará la delegación que a partir de las 10 (hora argentina) escuchará el veredicto del tribunal que se extenderá durante unas tres horas. Así que es fácil imaginarla el viernes pasado –en el día previo al viaje– entrando y saliendo de reuniones mientras da entrevistas y sigue con un ojo atenta a la situación de los aeropuertos europeos que cerraban como consecuencia de la lava volcánica de Islandia. En esta entrevista con Página/12, Ruiz Cerutti admite, más allá de la bandera del desmantelamiento, que hoy las expectativas argentinas quedarían satisfechas con que la Corte reconozca que Uruguay violó el Tratado del Río Uruguay al dar luz verde a la instalación de Botnia.

–¿Con qué expectativas viajan a La Haya?

–Lo que esperamos está relacionado con lo que nos llevó a la Corte. Fuimos cuando quedó en evidencia que no había posibilidades de solucionar por vía de negociación una controversia de interpretación que teníamos con Uruguay en relación con el Estatuto del Río Uruguay. Entre otras cosas, el Estatuto crea una Comisión Binacional (CARU) que es la encargada de llevar a cabo esa administración y de completar las normas para la preservación del río. Estas disposiciones, en nuestra interpretación, no habían sido respetadas por Uruguay en lo que se refiere a su obligación de consultar con Argentina proyectos sobre el lado propio del río que podían poner en peligro la calidad de las aguas. Uruguay decidió que no tenía que consultar. Un proyecto de planta de celulosa como el de ENCE, de 500 mil toneladas por año, y la de Botnia, de un millón de toneladas por año (para tener una idea, todas las pasteras argentinas sumadas no llegan a 750 mil toneladas anuales), deben ser consultados previamente con la CARU y con Argentina. En ese momento, el canciller de Uruguay dijo que ésta era una cuestión de la soberanía de Uruguay y no tenía por qué consultarlo. Nosotros esperamos es que la Corte ratifique la interpretación argentina. En proyectos como ENCE, Botnia o el puerto de Botnia no hay soberanía que valga. Tienen que ser sometidos al régimen del Estatuto del Río Uruguay.

–Respecto de la contaminación, que Argentina dice que está comprobada y Uruguay sostiene que no, ¿hasta qué punto es decisivo en el fallo?

–Toda industria contamina, el tema es el grado. Conducida por la Secretaría de Ambiente, Argentina ha desarrollado un plan de vigilancia ambiental que analiza el río y su medio ambiente del lado argentino. Nuestros científicos –trabajó gente de las universidades de La Plata y Buenos Aires– produjeron informes que muestran que hay una influencia de la actividad de la planta que se nota en el río. Hemos llevado esos informes a la Corte y el jefe del equipo aportó elementos que demuestran que hay síntomas de la presencia de los efluentes de Botnia. Hasta qué punto eso va a ser considerado por la Corte un perjuicio sensible que implique que Uruguay está incumpliendo también los artículos del Estatuto que obligan a los partes a no producir ese perjuicio, eso tenemos que esperar el pronunciamiento. Indudablemente, si conseguimos que diga que el Estatuto se aplica a emprendimientos como Botnia, nos va a indicar que esa planta que ya está trabajando no puede producir perjuicios sensibles. No daría un cheque en blanco sino que indicaría que este emprendimiento va a ser vigilado estrictamente a través de la Comisión del Río Uruguay.

–¿Es lógico esperar que falle por un desmantelamiento, como reclaman los asambleístas de Gualeguaychú, dado el tamaño de la planta de Botnia?

–Cuando Argentina acude a la Corte había una ENCE, una Botnia, un puerto que aparecía como proyecto y la decisión de Uruguay de no consultar nada. También se hablaba de otros proyectos. En ese momento no había ninguna planta de celulosa funcionando. La primera que habla de desmantelamiento es la propia Corte, porque cuando nos dicen que no a la medida cautelar que buscaba parar su construcción en julio de 2006 dice que ella va a resolver sobre el fondo de la cuestión al final del caso. Y si en ese momento lo considera necesario puede llegar a tomar diversas medidas, entre ellas hasta el desmantelamiento. O sea, sigue estando dentro de las posibilidades de lo que pueda decir la Corte, no lo inventó la Asamblea de Gualeguaychú.

–Uruguay sostiene que la tecnología que utiliza Botnia es de lo más avanzado del mundo. ¿Eso es así?

–El tema es que Uruguay –tampoco Argentina– no puede decidir por sí mismo sin consulta, sin información previa y sin intervención de la Comisión para el Río Uruguay en un emprendimiento de esa naturaleza. Uruguay no puede ser juez de si ese emprendimiento corresponde o no, debe consultar a su vecino.

–En principio, desde los dos países se comprometieron a acatar lo que decida la Corte Internacional. ¿Cómo se puede imaginar el día después del fallo?

–¡Pero Argentina no tiene nada que acatar! Quien incumplió el Estatuto, que es el motivo por el que fuimos a la Corte, es Uruguay. Espero que el fallo sea una especie de hoja de ruta, una guía, para que los dos países volvamos a trabajar en la CARU como siempre lo hemos hecho. Lo ideal sería que nos pusiéramos juntos a desarrollar todas las potencialidades que tiene ese organismo y que tengamos en cuenta lo que la Corte nos diga para la futura gestión de este recurso compartido. Estoy segura de que nos vamos a entender siguiendo las guías que nos dé el Tribunal. Para eso fuimos, es la forma más civilizada de resolver un diferendo.

–Ustedes se mantienen en contacto con los asambleístas de Gualeguaychú. ¿Existe alguna conversación para que levanten el corte luego del fallo?

–Ese tem no es de nuestra competencia, nosotros somos del equipo que defendió la posición nacional en la Corte Internacional. Tampoco es un tema que concierna directamente a la Cancillería. Hemos tenido encuentros con la Asamblea de Gualeguaychú, también la Secretaría de Ambiente, donde los informamos sobre los pasos que se fueron dando en el juicio. Nosotros le estamos mandando algunos mensajes a la Asamblea. Por cierto que interesa que ellos comprendan lo que se estaba buscando y lo que se puede llegar a obtener en esta decisión judicial. Y seguramente vamos a seguir analizando y tratando de ayudar con nuestra interpretación de la sentencia. Pero respecto al corte de ruta, no tenemos una relación con ellos. Hay que decir que tampoco el gobierno argentino alentó esos cortes y ha tratado de disuadirlos de manera permanente. Si el resultado que se da es como el que yo digo, es un poco el objetivo que los asambleístas se plantearon al principio de su campaña: “No a las papeleras”. Si Uruguay debe necesariamente someter a la Comisión Binacional y a Argentina proyectos de esta naturaleza y tener que aceptar las observaciones y comentarios que se le hagan, de alguna manera el “No a las papeleras” se habrá logrado. Respecto de Botnia, bueno, esperemos a ver qué dice el tribunal.

–Entonces si la Corte de La Haya sostiene en su sentencia que Uruguay violó el Estatuto del Río Uruguay, ¿Argentina ya se sentiría satisfecha?

–Estaríamos muy satisfechos porque ése fue el motivo del diferendo. Hace muy poquitos días, cuando estaba a punto de entregarle el mando al presidente Mujica, el ex presidente Tabaré Vázquez insistió con que esto era una cuestión que pertenecía a la soberanía de Uruguay. Ese fue el nudo de la cuestión. Recuerdo que un senador le preguntó a Martha Petrocelli, que era la presidenta de la delegación uruguaya ante la Comisión del Río Uruguay, qué hubiera pasado si Uruguay hubiera consultado a la Argentina. La respuesta no pudo ser más clara: “Ah, entonces la obra no se hubiera hecho”. De modo que en lo que se refiere a la vigencia del Estatuto y la obligación de cumplir con sus requisitos –que no son menores ni simplemente procesales– que hacen a la salud del río, podemos estar bien satisfechos. Esperemos que sea así.

–Ustedes deben haber estudiado fallos de la Corte de La Haya en temas similares. ¿Tienen algún temor frente a lo que pueda resolver?

– Temor no, sí ansiedad y una enorme curiosidad por conocerlo.

–¿Hay que imaginar que a partir de la asunción de Mujica, Uruguay cambiaría su política respecto de la radicación de este tipo de industrias?

–Tenemos que esperar a ver lo que dice la Corte y que los países se adapten a esas conclusiones. Por lo que hemos visto en la prensa uruguaya hay una ratificación de un proyecto que fue el de ENCE –y que felizmente se apartó del río Uruguay–, donde se instalaría Stora Enso. Después hay otros proyectos que ahora pareciera que se orientan en otras direcciones. Tal vez sea una anticipación a esto que nosotros esperamos de la sentencia: preservar al río Uruguay de las industrias contaminantes.