La gestión PRO levantó en tiempo record la clausura del lavadero El Lucero y por eso el ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, tendrá que darles explicaciones a tres legisladores opositores. Esa empresa ganó junto a otras dos una licitación del ministerio a su cargo que está siendo investigada por la Justicia. El propio gobierno porteño la había clausurado por no contar con las condiciones de seguridad e higiene mínimas, por lo que los legisladores quieren que Lemus explique cómo fue habilitada para competir en la licitación sospechada. También le pidieron información sobre el levantamiento expeditivo de la sanción. Los opositores recordaron que se habían encontrado 29 infracciones una semana antes y que “la gravedad de las anomalías comprobadas impedía que sean resueltas en tan breve lapso”.

Lemus enfrenta dos pedidos de juicio político en la Legislatura por desobedecer dos fallos judiciales. A esto se suma una investigación penal sobre una licitación por 30 millones de pesos para el lavado de la ropa de cama de 16 hospitales. Los denunciantes son otros lavaderos que quedaron afuera de la licitación y que aseguran que fue dirigida a tres empresas y que ya existen sobreprecios: como ejemplo, indican que la facturación del lavado del Hospital Muñiz pasó de 12 mil pesos en octubre del año pasado a 55 mil pesos en noviembre y a 81 mil en diciembre. En esos últimos dos meses empezó a hacer el lavado El Lucero. Las otras dos empresas que ganaron son ANCA y Tex Care, sobre las que se investiga si pertenecen al mismo grupo familiar.

Desde el gobierno porteño contraargumentan que la licitación permitió tener números más bajos de facturación por cama y señalan que a los denunciantes les rechazaron dos amparos en el fuero contencioso administrativo. En esa causa, sin embargo, no se investigaba la posible cartelización. En el fuero penal, en cambio, el fiscal Carlos Giménez pudo comprobar vinculaciones familiares entre los directorios de Tex Care y ANCA y estaría preparando un pedido de procesamiento.

El Lucero fue la tercera empresa que ganó la licitación sospechada y el 7 de abril fue clausurada por la Dirección de Protección al Trabajo “a fin de preservar la vida y la salud de los trabajadores por configurar graves incumplimientos a las normas de higiene y seguridad”. Encontraron 29 infracciones, como la falta de ventilación ante el acopio de químicos y la falta de salidas de incendio. Sin embargo, el 14 de abril hubo una nueva inspección que, a toda velocidad, levantó la clausura. En la subsecretaría del Trabajo aseguran que durante ese lapso la empresa estuvo cerrada. Sin embargo, en otras áreas del Gobierno porteño indicaron que, en realidad, “el lavadero nunca dejó de funcionar”.

En el apuro también dejaron de lado algunos detalles: en lugar de un inspector con título habilitante en seguridad y medio ambiente, lo fueron a rehabilitar un abogado, un arquitecto y una persona que no había terminado el secundario. En la gestión PRO negaron esto, pero se rehusaron a mostrar el acta con la que revocaron la sanción. El subsecretario de Trabajo, Miguel Angel Virgilis, aseguró a Página/12 que “se tomó la decisión de levantar la clausura por la nueva inspección”.

–Tenía 29 infracciones... ¿Las resolvió todas en tan poco tiempo?

–No, se cumplimentaron las más importantes y para las otras se les dio un plazo –respondió el coordinador del área de salud e higiene, Fernando Cohen, que estuvo en la reapertura–. Ante una pregunta de este diario, Cohen también señaló que “no pudo ver” si existía una barrera sanitaria (una condición de la licitación), porque “el lugar no estaba funcionando. La ropa viene sellada y eso actuaría como barrera”. En realidad, la ley que regula el lavado de ropa de hospital especifica que la barrera sanitaria incluye “una pared que separe física y funcionalmente a la zona contaminada de la zona limpia”. Esto es algo difícil de no ver.

–¿Hubo un pedido político para levantar esta clausura?

–No. Acá se hace lo que dice el subsecretario. Y el día que no pueda, me voy –afirmó el subsecretario Virgilis.

Los legisladores Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires), Marcelo Parrilli (MST-Nueva Izquierda) y Jorge Selser (Proyecto Sur) presentaron una nota ante Lemus, y al de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, del que depende el área de Trabajo. Sólo este último se las recibió. Allí indicaron que cuando se intentó clausurar “los inspectores fueron amenazados, por lo que materialmente no se efectivizó”. Y pidieron explicaciones por el levantamiento de la medida. “Hay una clara protección del gobierno porteño hacia el lavadero El Lucero –interpretó Ibarra–. Esto no es de ahora, sino de cuando hicieron una licitación claramente dirigida para que ganaran tres empresas.”