Por orden del juez federal Norberto Oyarbide, la Gendarmería allanó las oficinas de la Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía de Misiones. El magistrado busca evidencias sobre el caso de espionaje ilegal en el que están involucrados policías y ex jueces misioneros, el multifascético Ciro James, el ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios, el ex ministro de Educación Mariano Narodowski y el propio Mauricio Macri. El jefe de Gobierno está procesado como partícipe necesario de una asociación ilícita.

La causa de espionaje comenzó en septiembre del año pasado cuando Sergio Burstein, familiar de una víctima de la AMIA, descubrió que tenía pinchado el teléfono. La investigación comprobó que James actuaba en complicidad con policías y jueces misioneros: los jueces de instrucción Horacio Gallardo y José Luis Rey firmaban pedidos de escuchas en causas que no tenían relación alguna con los espiados y luego James retiraba los casetes de la SIDE. Los policías misioneros funcionaban como nexo.

El allanamiento a la Dirección de Investigaciones misionera comenzó ayer a las 17 y duró unas cinco horas. Lo efectuó la Unidad Especial de Procedimientos e Investigaciones Judiciales de Gendarmería. Según trascendió, revisaron computadoras y expedientes en las oficinas donde cumplían tareas cinco policías misioneros procesados en la causa: Alberto Quintana, Augusto Fernández, David Amaral, Raúl Rojas y Diego Guarda.

Según el fallo de Oyarbide, Guarda era quien tenía la relación con James y el que recibía los números de las personas a intervenir. Guarda los involucraba en investigaciones por robo u homicidio, los hacía pasar por prófugos y esas pistas falsas eran enviadas por los cuatro jefes policiales a los jueces que están involucrados en la causa. Luego de que los magistrados firmaban las órdenes, la SIDE hacía las escuchas. Los jueces, sin embargo, no reclamaban en ningún momento las cintas, que James retiraba luego. El espía porteño era el nexo entre todas las partes y, según el escrito de Oyarbide, tenía “estrechos vínculos con el Poder Judicial de Misiones”. Los policías misioneros fueron puestos en disponibilidad cuando empezó la investigación, mientras que los jueces fueron sometidos a juicio político y destituidos. Una vez que dejaron de contar con fueros, Oyarbide los indagó.