La provincia de Buenos Aires ha vuelto a tener más de 30.000 personas privadas de su libertad, lo cual constituye la tasa de prisionización más alta del país y sólo es superada en Sudamérica por Chile, sin que por ello se aprecie un incremento de la seguridad, salvo una leve merma de los hurtos menores. En cambio, crecen los actos de brutalidad cometidos por la policía provincial y por su servicio penitenciario, de cuyas filas proviene el ministro de Justicia y Seguridad, el alcaide mayor Ricardo Casal. Esto a su vez coincide con mayores niveles de violencia por parte de quienes participan en robos, sin que pueda asegurarse a ciencia cierta cuál es la causa y cuál el efecto aunque es ostensible que se realimentan.

Uno de cada tres

El 76 por ciento, o casi 23.000 personas, no tienen condena firme. Según la estadística que el gobierno provincial suministró a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando esos casos concluyan el 30 por ciento serán declarados inocentes. Es decir que la principal provincia argentina retiene en condiciones de alojamiento que altas instancias internacionales han definido como denigrantes a unos 7000 ciudadanos/as que no han cometido ningún delito. En lo que va de este año se han pronunciado sobre esas condiciones, incompatibles con la dignidad humana y con las convenciones internacionales sobre Derechos Humanos que obligan a la Argentina, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 23 de marzo; el Comité de Derechos del Niño de la misma organización, el 10 de junio, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el lunes de esta semana. En las 54 unidades penitenciarias bonaerenses sobreviven 26.000 de esas personas en condiciones vergonzosas, con frío, sin buena alimentación, remedios ni cuidados médicos y sometidos a prácticas vejatorias como traslados constantes, duchas frías, palizas y hasta torturas con electricidad. Otras 4000 se hacinan en las comisarías, que no han sido concebidas para alojar personas en forma permanente. Sin intimidad alguna deben realizar todos sus actos fisiológicos en un mismo espacio minúsculo. Durante la campaña electoral del año pasado el gobernador Daniel Scioli había anunciado que vaciaría de presos las sedes policiales para volcar la totalidad de los efectivos a las tareas de prevención en la calle. De haber cumplido esa promesa la provincia sólo habría obedecido un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Pero nada de eso ocurrió. Por el contrario, esos números que habían comenzado a descender luego de la decisión del máximo tribunal, volvieron a aumentar gracias a las reformas legislativas y al discurso represivo del actual gobierno bonaerense. Como alternativa a este enfoque ilegal y autoritario, una coalición de universidades nacionales, expertos en seguridad, organizaciones sociales y partidos políticos de todo el espectro democrático elaboraron un Acuerdo para la Seguridad Democrática, que se presentó en el Congreso Nacional en diciembre y en La Plata este mes y que fue entregado en la Casa de Gobierno a la presidente CFK y a su ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak. La demagogia punitiva que practica el gobierno bonaerense, con permanentes reformas legislativas para ablandar garantías procesales, acrecer las facultades de la policía e impedir las excarcelaciones durante el proceso, convirtiendo la prisión preventiva no en la excepción sino en la regla, han incrementado los niveles de violencia pero no han sido eficaces. El Acuerdo afirma que esas políticas de mano dura “se han convertido en uno de los principales obstáculos para encontrar soluciones eficaces a las legítimas demandas de seguridad de la ciudadanía”. También destaca la “sospechosa incapacidad” de sus impulsores “para desarticular los grandes mercados delictivos, conviven con sectores que gozan de una impunidad que no puede ser casual ni producto de la mera ineficiencia y no desarrollan planes consistentes para prevenir la conflictividad violenta”.

La censura provincial

Casal fue entrevistado sobre este Acuerdo y acerca del detenido desaparecido Luciano Arruga en el programa La página del medio, de Radio Provincia. Arruga es un adolescente de 16 años que luego de su detención por fuerzas policiales fue golpeado en el destacamento de Lomas del Mirador y nunca más volvió a saberse de él. La entrevista fue realizada por las periodistas Margarita Torres y Silvina Garrido al mediodía del sábado pasado. El diálogo fue ríspido y Casal levantó la voz para negar que su política fuera de mano dura y que hubiera crecido la tasa de prisionización. Al terminar, Casal les dijo que eran terribles y estaban “en pie de guerra en la discusión”, por lo cual las felicitó. Pero las autoridades de la radio consideraron que interrogar al ministro sobre estos temas constituía una falta de respeto. “Es el patrón de ustedes”, les gritó el director de Producción Radial y Programación de la radio, Oscar Castañeda Alippi, según informaron los trabajadores. El 22 de junio, el mismo funcionario y el director de Gestión Comercial, Ricardo Luis Spaletti, comunicaron la cesantía de los periodistas Marcelo Chapay y Silvina Garrido. También prohibieron colgar la entrevista en la página de la emisora en Internet. Esto provocó un conflicto gremial en el que intervinieron el Sindicato de Prensa, la Asociación de Trabajadores del Estado y la CTA. Los trabajadores denunciaron este “nuevo acto de censura” para “ocultar y silenciar casos como el de Luciano Arruga que afectan la imagen de la Policía Bonaerense”. Ante una orden previa para bajar del portal otra noticia sobre Arruga, el jefe del servicio informativo, Rubén Cassano, comunicó al director de la radio, Roberto Zarlenga, que compartía el reclamo de los trabajadores, ya que la desaparición del chico “es un hecho gravísimo”. En su última nota a las autoridades, los trabajadores escribieron que “la radio pública que pretende la sociedad y que el gobierno nacional ha hecho suya a través del impulso que le ha dado a la nueva Ley de Comunicación Audiovisual, está demasiado alejada del oficialismo obsecuente que propicia la dirección de LS 11”. Recién cuando el caso cobró volumen público y ante el reclamo epistolar a Scioli, la radio revocó las cesantías. Pero los trabajadores mantienen el estado de alerta, ya que los contratos precarios por tres meses vencen el 30 de junio y temen que no sean renovados. También reclaman que se extiendan por lo menos a seis meses.

La entrevista

Ante una pregunta de las periodistas sobre la fusión de los ministerios de Justicia y Seguridad, Casal prefirió responder que el Acuerdo para la Seguridad Democrática era un documento político del ex gobernador Felipe Solá y de su ministro de Seguridad Carlos Arslanian, cuyo contenido calificó como falso. En realidad, Arslanian no está alineado con Solá sino con el gobierno nacional y el ASD fue suscripto por dirigentes políticos y sociales de todas las fuerzas del arco democrático, como el presidente del bloque oficialista Agustín Rossi y los integrantes de esa bancada Remo Carlotto, Diana Conti, Héctor Recalde y Adela Segarra; los secretarios generales de la CGT y de la CTA, Hugo Moyano y Hugo Yasky, los diputados radicales Raúl Alfonsín y Ricardo Gil Lavedra; los socialistas Rubén Giustiniani y Ariel Basteiro; los miembros de la CCL Griselda Baldata, Marcela Rodríguez y Elisa Carca; Horacio Alcuaz, del GEN; los dirigentes del centro izquierda Martín Sabbatella y Pino Solanas y organizaciones de derechos humanos como el CELS y la Comisión Provincial por la Memoria, entre muchos otros. También participaron otros expertos, como el creador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Marcelo Saín; el secretario de seguridad de Santa Fe, Enrique Font; el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl Zaffaroni y el de la Suprema Corte de Santa Fe, Daniel Erbetta. Cuando le preguntaron por la autonomización de la policía que vuelve a fijar su propia estrategia como en tiempos del comisario Pedro Klodyck, Casal dijo que había una “interacción absoluta entre la policía y la representación democrática” (sic). Cada vez más molesto, Casal se negó a dar información sobre la desaparición forzada de Luciano Arruga, porque dijo que estaba delineando una nueva estrategia para esclarecer el caso de acuerdo con el Poder Judicial, y mencionó a Margarita Núñez, de Los Hornos, desaparecida durante seis meses pero no por obra policial, sino de un familiar. Una de las periodistas afirmó que “la mano dura no sirve para prevenir el delito” y preguntó acerca de penas alternativas y sustitutivas de la privación de la libertad, que logren los fines de resocialización. Casal respondió que estaba de acuerdo en términos filosóficos pero que una “realidad criminal distinta”, con aumento notable de la violencia en el delito, “anula la posibilidad excarcelatoria”. Explicó que hay personas que han “decidido que el delito sea su forma de vida”, pese al “esfuerzo del tratamiento penitenciario”. La reincidencia de aquellas personas que según Casal “son realmente peligrosas y no hay un cambio de modalidad en su vida por más opciones que tengan es casi automática” una vez cumplida una condena o lograda la libertad. Otro momento de exacerbación ministerial ocurrió cuando dijo que no era cierto que tres cuartas partes de las personas privadas de su libertad lo estuvieran con prisión preventiva. Dijo que por el contrario, el 53 por ciento tenía condena de un tribunal de primera instancia. Estos datos no coinciden con los que las propias autoridades ministeriales y penitenciarias suministraron hace pocas semanas al Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los Derechos de las Personas Privadas de su Libertad, el colombiano Rodrigo Escobar Gil. Su informe, aprobado por la CIDH, dice que “según las cifras oficiales, el 61 por ciento de los privados de la libertad en Buenos Aires no tiene sentencia en firme; sin embargo, la Relatoría observa que dicho porcentaje no incluye aquellos detenidos en dependencias policiales”, lo cual eleva el porcentaje por encima del 70 por ciento. Como ya lo había hecho la Corte Suprema en 2005, también la Relatoría considera preocupante “el uso abusivo de la detención preventiva”, que es “una medida excepcional, de naturaleza cautelar”. La CIDH también sostuvo que “entre febrero y junio de 2010 se reportaron 241 casos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, de los cuales 115 fueron denunciados formalmente ante las autoridades. La Relatoría también recibió información por parte de diversas fuentes sobre la falta de voluntad del Estado para investigar y sancionar los actos denunciados, la impunidad imperante, y la falta de un registro oficial, que permita contar con información fidedigna sobre la dimensión real del problema y diseñar políticas de prevención”.

La demagogia punitiva

La cantidad de personas privadas de su libertad no guarda relación con los índices delictivos, sino con decisiones políticas que a su vez responden a estrategias electorales. Durante treinta años la tasa de prisionización creció sin pausas, hasta que en 2005 la Corte Suprema declaró inconstitucionales las condiciones de alojamiento en comisarías, objetó el uso de la prisión preventiva como pena anticipada y ordenó una serie de reformas legislativas. Forzado por esa resolución, ante el reclamo de las organizaciones sociales que focalizaron la situación en las cárceles como la principal violación contemporánea de los derechos humanos y bajo la presión del Poder Ejecutivo Nacional, el entonces gobernador Felipe Solá cumplió con algunas exigencias de la Corte. De ese modo, por primera vez se redujo el número total de detenidos en la provincia y, en forma más señalada, en comisarías. Contra lo que pretende la agenda mediática, esas reformas racionales no produjeron rechazo social. Por el contrario, el oficialismo provincial se impuso en las elecciones de 2007. Lo contrario puede decirse con la contrarreforma emprendida por Scioli, cuya demagogia punitiva no fue acompañada por el éxito electoral. La cantidad de personas privadas de su libertad en la provincia creció un 11 por ciento y en comisarías un 51 por ciento y sin embargo el oficialismo fue derrotado. Por supuesto, en los comicios influyen una gran diversidad de elementos, pero los resultados de 2007 y 2009 bastan para poner en cuestión la ciencia infusa que medios y políticos comparten sobre las bondades proselitistas de la ilusión penal. Si se observa desde los intereses generales de la sociedad y no de la dirigencia política, la esterilización de un enorme porcentaje de la fuerza policial para custodiar a los detenidos, 24 horas por día los 365 días del año, lejos de reforzar la seguridad la deteriora. La devolución de todo el poder a la policía, liberada de los controles civiles, se refleja en su ineficiencia investigativa (caso Pomar), su desinterés o incapacidad para enfrentar a las grandes bandas (caso Tigre), su corrupción (primero algunos jueces y luego el ex ministro Stornelli denunciaron que la policía recluta jóvenes y adolescentes para robar) y su violencia (caso Arruga y otras sesenta muertes en episodios en los que intervino la bonaerense. En algunos se ha comprobado el estado de indefensión de las víctimas y el uso desproporcionado de la fuerza). En el caso de Emiliano Martino, de Ramos Mejía, la policía disparó sobre el auto pese a que sus familiares habían alertado que se lo estaban llevando como rehén. Antes de cualquier peritaje de las armas, Casal declaró que las balas que mataron al ciudadano secuestrado no fueron policiales. Estas políticas se replican luego en los municipios. En Tigre comenzó a actuar una UCEP como la que Maurizio Macrì montó en la Capital, que en compañía de funcionarios policiales desalojan familias en la noche e incendian sus precarias carpas y frazadas. Los desalojados cortaron una ruta, pero por presión del intendente Sergio Massa ni las radios, ni el diario ni el canal de televisión local lo informaron.

La reforma como estafa

Las reformas anuales del Código Procesal no dan cuenta de la inutilidad de la reforma anterior, lo cual constituye una estafa a la sociedad. En consecuencia no se resuelve la inseguridad; aumentan la violencia y la impunidad policial en las calles; colapsan las cárceles, cuyo hacinamiento recrudece la violencia al interior de los penales y el Estado argentino termina sancionado por organismos internacionales como la OEA y la ONU por la situación en las cárceles y por los casos de violencia policial.