Los dos forman parte del equipo que deberá trabajar contra reloj para cumplir con los plazos que prevé la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para su propia reglamentación. Y ese equipo, que tiene espíritu de cuerpo y ciertos códigos de pertenencia, se muestra disperso por la inmensa geografía del país. Quizás es una metáfora no buscada de la impronta federal que se le pretende dar a la reglamentación de la ley, sobre la que alguien alguna vez dijo –nadie cobró los derechos de autor– que venía a “democratizar la palabra”. Decir equipo es mencionar a Gabriel Mariotto. Titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Mariotto recibe el llamado de Página/12 mientras se prepara para escuchar en vivo a Adriana Varela en el Centro Cultural Carlos Mugica, en Banfield. Director nacional de supervisión y evaluación de la Afsca, de viaje en Tierra del Fuego, Gustavo Bulla también conversa con este diario sobre el proceso de reglamentación de la ley de medios. “El texto de la ley es muy racional. Se ajusta a derecho y en la Justicia vamos a defender su articulado, porque es una ley antimonopólica”, dice Mariotto. Se refiere al debate jurídico, que ya llegó a los miembros de la Corte, sobre el plazo de adecuación al nuevo marco legal, el límite a la titularidad de licencias y el régimen de sanciones.

El fallo de la Cámara Federal de Salta revocó la última medida cautelar que suspendía en su totalidad la aplicación de la ley de medios. Tras esa resolución que acató lo que había resuelto previamente la Corte, la ley 26.522 volvió a entrar automáticamente en vigencia. Ahora falta reglamentar cada artículo de la norma. El proceso incluirá una consulta en sintonía con la elaboración participativa de normas que tendrá en cuenta los aportes que lleguen al sitio de Internet de la Afsca y a la mesa de entradas del ex Comfer, Suipacha 763, tercer piso. En simultáneo, el Consejo Federal –órgano consultivo federal y multisectorial– tiene previsto organizar foros participativos, aunque deberá lidiar con una limitación: el factor tiempo. La propia ley fija un plazo de sesenta días para elaborar el decreto reglamentario; también establece que la norma nacional de servicios, lo que antes se llamaba plan técnico y que consiste en la regulación del espectro radioeléctrico en materia de frecuencias, potencias y categorías, debe estar lista en 180 días.

Mariotto sabe que la reglamentación deberá tener en cuenta la estrategia de dilación de los grupos concentrados. Igual se lo nota optimista. Incluso muestra su confianza ante la toma de posición que deberá asumir la Corte a partir de las medidas cautelares presentadas por las empresas que se consideren damnificadas por los apartados más conflictivos de la ley, o sea los que afectan intereses: los artículos 45 y 161. “No quiero opinar sobre lo que va a hacer la Corte, que es independiente y va a fallar sin ningún tipo de presiones. Pero cuando me consultan sobre el plazo de adecuación, yo digo que el año de plazo es absolutamente racional. Es el mismo que le dieron a Microsoft en Estados Unidos para desprenderse de sus posiciones dominantes. Desde el punto de vista empresarial es lógico que se pretendan defender intereses sectoriales, pero nosotros tenemos que defender los intereses de todos los ciudadanos. Yo creo que el año de plazo va a quedar en vigencia”, asegura el titular de la Afsca.

–Usted sabe que la estrategia de los grupos monopólicos es ganar tiempo, ¿qué va a pasar entonces con los artículos de la ley que sean objetados a través de medidas cautelares? O sea, ¿qué va a pasar en el mientras tanto hasta que se expida la Corte?

–Si hay gravedad constitucional, la Corte puede fallar rápidamente. Nosotros creemos que más tarde o más temprano se va a aplicar el plazo de un año. Y el año empieza a contar a partir de la reglamentación de ese artículo, que se va a concretar quince días después de que termine la elaboración participativa de normas. Nosotros estamos confiados en que lo que resuelva la Corte Suprema va a ser coherente con lo que votaron por amplia mayoría diputados y senadores. Yo estoy confiado en el texto de ese artículo. En lo racional de la ley y en que se ajusta a derecho y al Pacto de San José de Costa Rica, de rango constitucional, que dice que los monopolios y oligopolios atentan contra la libertad de expresión. Eso se tiene que cumplir, que concretar con normas lógicas como el plazo de un año.

–La oposición, incluso desde la centroizquierda de Pino Solanas que en su momento votó a favor de la ley de medios, acusa al Gobierno de estar impulsando una nueva concentración de medios, en este caso de medios ligados al oficialismo. ¿Qué opina de ese argumento?

–La ley de la democracia no permite que hayan posiciones dominantes bajo ningún aspecto, no importa cuál sea el signo político. Lo que sí importa es la pluralidad. Más allá de las líneas editoriales que pueda tener cada medio, lo que no puede haber es monopolio. Evitar los monopolios es algo que tiene que ver con profundizar la democracia.

Hombre de confianza de Mariotto, Bulla se encuentra a tres mil kilómetros del recital de la cantante con aire de milonguera fatal. Atiende el llamado de Página/12 desde la helada Río Grande. Llegó a la segunda ciudad de la isla invitado por el Concejo Deliberante local, lo invitaron a participar de la entrega de un premio a las producciones periodísticas de la zona. En la división internas de tareas del ex Comfer, Bulla se especializa en cuestiones técnicas. Desde esa función adelanta detalles de cómo se elaborará la norma nacional de servicios: “Sabemos que en muchos lugares del país hay una demanda de frecuencias radioeléctricas que supera largamente las posibilidades concretas. Por eso, la norma nacional de servicios va a permitir un ordenamiento del espectro que haga posible la normalización. Los censos que se hicieron entre el 15 de enero y el 15 de marzo de este año también contribuyeron a dotar de información a la Afsca para tener un mapa bastante aproximado de la cantidad de emisoras de radio y televisión en todo el país”.

–¿Ustedes prevén que se produzca una catarata de presentaciones ante la Justicia para trabar la aplicación de determinados artículos, como los que regulan el plazo de adecuación y la multiplicidad de licencias?

–Es difícil pronosticar eso. Ya hay una medida cautelar del Grupo Clarín en la Capital Federal sobre el artículo 161, que tiene ratificación de segunda instancia y que fue apelada para que sea la Corte la que finalmente defina. También hay una en San Juan, que pide que no sea aplicado el artículo 45, de multiplicidad de licencias. Si uno se guía por los dichos de los propios legisladores que se opusieron a la ley durante el debate parlamentario, cuando decían que iban a ir a la Justicia e incluso que iban a modificar la ley antes de que se pusiera en práctica, da la impresión de que va a haber más medidas cautelares. Pero a partir de ahora la batalla judicial se va a dar en términos más racionales, porque se va a discutir con quienes se consideren damnificados. Nosotros consideramos que esta ley no vulnera ningún derecho sino al contrario, pero ellos tienen toda la legitimidad para ir a la Justicia y discutir allí punto por punto. Lo que sí era descabellado es que a partir de dos recursos judiciales interpuestos por dos diputados de la Nación se suspendiera la aplicación global de la ley. Y me parece muy significativo que la Cámara Federal de Salta, en su fallo, haya dicho que los recursos presentados por (la diputada Zulema) Daher y por (el diputado Enrique) Thomas en Mendoza eran prácticamente idénticos. Yo me atrevería a decir, incluso, que fueron escritos en la misma computadora.

–¿En la computadora de un grupo de medios?

–Supongo que en la computadora de un estudio jurídico. O quizás en el bloque que se autodenomina Peronismo Federal. Pero el fallo de la Corte no deja de ser un mensaje hacia los distintos estamentos de la Justicia. Le pone un límite a la idea de judicializar la política.

–Hay dirigentes de la oposición que votaron a favor de la ley y ahora dicen que se está avanzando en una concentración de medios favorables al oficialismo.

–Sobre la centroizquierda que apoyó la ley, habría que recordar que durante el debate parlamentario quien hizo las declaraciones más críticas fue Pino Solanas. Entonces había trascendido que Solanas tenía reticencias con la ley, que sí apoyó el diputado Claudio Lozano. Hay que recordar que cualquier ley puede ser puesta de nuevo a consideración del Congreso. Pero antes habría que pedirles un tiempo para que la ley camine un poco. Después corregir lo que sea necesario. Esto tiene que ver con un uso oportunista de un debate importante que se subordina a la contienda electoral.