La oposición logró anoche darle media sanción a la reforma del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Con 39 votos a favor, 26 en contra y una abstención, el Senado envió el proyecto a Diputados, donde la oposición deberá aprobarlo para convertirlo en ley. Luego de que se resolviera en el recinto rechazar la impugnación presentada por el titular de la bancada oficialista, Miguel Pichetto, el Grupo A se alzó con la primera victoria, tras la frustración de la semana pasada del 82 por ciento móvil para los jubilados. Entre otras cosas, con esta modificación se fijará un plazo de normalización de 150 días, en el que se constituirá una comisión bicameral de seguimiento y se designarán por concurso público los directores del instituto, que también deberán tener acuerdo del Senado. “Esta ley es nula de nulidad absoluta porque es inconstitucional”, aseguró el senador kirchnerista Nicolás Fernández.

Luego de acordar por la mañana en la reunión de Labor Parlamentaria que la modificación de la ley 17.622 se trataría como primer punto, la oposición bajó al recinto para iniciar la sesión convocada para las tres de la tarde. Más de 50 minutos demoraron los opositores en alcanzar el quórum, mientras el oficialismo esperaba en el salón contiguo al hemiciclo. Cuando empezaban a impacientarse, el peronista Carlos Reutemann se sentó en su banca como número 36. Un aliado K, Horacio Lores (MPN), ya estaba ubicado en su lugar. Sólo faltaba la senadora Adriana Bortolo-zzi, célebre por haber desoído hace meses la estrategia oficial de retacear el quórum. “Sentate en mi banca”, le gritó la senadora Liliana Negre de Alonso, cuando desde otra punta del hemiciclo veía que luego de ingresar la formoseña daba vueltas antes de tomar asiento. Un segundo después de alcanzarse el quórum de 37 senadores, el vicepresidente Julio Cobos dio inicio a la sesión, mientras el peronista Agustín Pérez Alsina iba hacia su banca.

“Se ha soslayado el tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales”, reclamó el jefe de la bancada oficialista, Miguel Piche-tto, planteando en el recinto la impugnación presentada días atrás. Pichetto explicó que el proyecto de reforma del Indec presentado por el senador oficialista Luis Viana tenía giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales, además de la de Población y Desarrollo Humano, pero que nunca tuvo tratamiento ni dictamen en ella. La oposición, en cambio, prefirió avanzar con los otros proyectos que tenían giro sólo a la Comisión de Población y Desarrollo Humano, dejando de lado la iniciativa K. Finalmente, el tema fue sometido a votación y el cuerpo decidió rechazar la impugnación por 38 votos a 28. “Una vez agotada la instancia administrativa siempre queda abierta la vía judicial”, respondió un cauteloso Pichetto ante la consulta de Página/12 sobre un eventual planteo judicial.

Superado ese debate, comenzó a discutirse el proyecto. “La reforma le va a devolver prestigio a la institución. Los argentinos van a poder tener datos confiables sobre la economía y también la situación social”, aseguró Gerardo Morales, jefe del bloque radical. Además del plazo de 150 días para normalizar el organismo, la medida prevé la creación de una comisión investigadora sobre los cambios ocurridos desde fines de 2006, propone la autarquía del ente y la elección del director y subdirector del Indec por concurso público (ver aparte).

“Una sucursal del Ministerio de Economía que depende del Congreso será una nueva anomalía que intenta llevarnos a un régimen parlamentario en un sistema presidencialista”, cuestionó el oficialista Eric Calcagno. Uno de los más duros fue el peronista disidente Juan Carlos Romero: “El desmantelamiento del Indec es parte del modelo chavista” y remató diciendo que “han hecho una destrucción que ni siquiera las dictaduras militares”.

Nicolás Fernández, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, consideró que la media sanción está en conflicto con el reglamento y con la Constitución. Para cerrar el debate, que duró más de tres horas, Pichetto defendió la actuación del Indec, que “ha dado muestras de no trabajar para la usura y el sector financiero, como muchas veces lo han hecho otros organismos del Estado”.

En el Grupo A respiraban anoche felices por haber alcanzado un número de votos impensado desde el recambio legislativo. Por un lado, a los 31 miembros del núcleo duro opositor se les sumó de manera casi automática el voto de la senadora Adriana Bortolozzi. Además, los cinco senadores del grupo no alineado con el oficialismo ni con la oposición votaron a favor del proyecto. Se trata de Carlos Verna y María Higonet (PJ-La Pampa), Graciela Di Perna (PJ-Chubut), Roxana Latorre (PJ-Santa Fe), María José Bongiorno (Frente Grande-Río Negro). Por otro lado, la iniciativa obtuvo dos apoyos sorpresivos: el aliado kirchnerista Horacio Lores (MPN-Neuquén) y el oficialista Luis Viana (FpV-Misiones). El senador Marcelo Guinle (FpV-Chubut) pidió permiso para abstenerse.