El tribunal del Ciadi falló ayer en contra de la Argentina en el litigio que planteó el grupo francés Vivendi, controlante de la ex Compañía de Aguas del Aconguija, en Tucumán. Esta empresa obtuvo la concesión de la distribución de agua en 1995 y dos años después se le rescindió el contrato, luego de que fuera denunciada por llevar agua en mal estado a los hogares, mientras elevaba drásticamente la tarifa del servicio. Vivendi demandó al país y en 2007 obtuvo un dictamen favorable para ser indemnizado por 105 millones de dólares. Los abogados argentinos apelaron la medida, pero el Ciadi finalmente rechazó el pedido. Ahora el país deberá pagar los 105 millones que solicita la compañía más intereses y costas, que elevarían la cifra, según la empresa, a 200 millones. Hasta el momento existen unos 30 conflictos abiertos que se tratan en ese organismo arbitral.

El gobierno tucumano recibió en 1997, dos años después de que entregara el servicio a Vivendi, varias denuncias de parte de usuarios porque les estaba llegando agua turbia a sus casas desde hacía veinte días. Ante esto y el fuerte ajuste de sus tarifas, se le rescindió el contrato de concesión de aguas y cloacas en la ciudad de San Miguel a Aguas del Aconguija, subsidiaria de Vivendi. La empresa francesa demandó al Estado argentino. En 2000 el tribunal interviniente le dio la razón a la Argentina, pero en 2007 el Ciadi emitió un segundo fallo en el que se sostenía que la caída de la concesión “contravenía” la protección de los inversiones extranjeras garantizadas en un tratado francoargentino.

El Ciadi condenó entonces a la Argentina a pagar 105 millones de dólares en resarcimiento. Esa medida fue apelada por el Estado. Los letrados argentinos argumentaron que el segundo Tribunal no estaba debidamente constituido. La Procuración del Tesoro descubrió que Kaufmann-Kohler, que se desempeñó como “árbitro” durante el procedimiento, había sido nombrada previamente como miembro del directorio de UBS, institución bancaria suiza que a su vez tenía acciones en Vivendi.

La apelación fue rechazada y la empresa gala aduce que ahora, sumando los gastos judiciales e intereses, la indemnización ascendería a 200 millones de dólares. “A pesar de que no se anuló el laudo, la decisión del Comité deja al descubierto las graves deficiencias que se producen en la constitución de los tribunales, lo que sin duda afecta la credibilidad del Ciadi en su función de órgano que administra el mecanismo para la solución de controversias en materia de inversiones extranjeras”, advirtió ayer un escrito del cuerpo letrado de la Procuración al que tuvo acceso este diario. “Esto es algo que deberá tenerse en cuenta en otros casos, ya que esta misma profesora –Kaufmann-Kohler– integra otras comisiones de investigación contra la Argentina ante el Ciadi”, explicaron a Página/12 desde esa dependencia.

La semana pasada el Ciadi también falló en contra del país en la demanda presentada por el consorcio Aguas de Barcelona, Suez Environnement y GDF Suez por la anulación de la concesión de Aguas Argentinas, aunque ese fallo será apelado. En los últimos días se conocieron también otros dictámenes, algunos a favor del país, como en el caso de la compañía estadounidense Sempra Energy International, accionista de Camuzzi Gas Pampeana. También existen casos en que las partes se pusieron de acuerdo y la empresa retiró la demanda, como Telefónica y Siemens.

Desde la devaluación de 2002 y el posterior congelamiento de tarifas, el país acumuló 45 demandas ante el Ciadi, por unos 50 mil millones de dólares, según datos de la Procuración del Tesoro. De ese total quedan quince casos pendientes, cuatro de ellos en fase de espera de un laudo y el resto en prliminares del proceso. En otros doce casos, las empresas retiraron la demanda luego de llegar a acuerdos con el Gobierno, mientras que diez expedientes quedaron en suspenso también por acuerdos preliminares entre las partes. Hay cuatro laudos en contra de la Argentina, por acciones promovidas por CMS, Azurix y Enron que obligan al país a pagar indemnizaciones por 405 millones de dólares. El Gobierno apeló estas resoluciones. A ellos se suma el caso de Vivendi que acaba de tener resolución. A su vez, el Ciadi desestimó dos reclamos y falló en favor de la Argentina en otro.

Las demandas más importantes provienen de bonistas italianos, que reclaman unos 4300 millones de dólares, aunque la cifra podría bajar luego del último canje de deuda. Más allá del Ciadi, quedan otras catorce demandas ante la Comisión de Naciones Unidas para las leyes de Comercio (Unitral) y la Cámara de Comercio Internacional (CCI).