La tercera fue la vencida. La Cámara de Diputados dio ayer media sanción al hasta ahora dos veces frustrado proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares. El texto acordado por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales de ambas cámaras –el diputado opositor Miguel Bonasso y el senador oficialista Daniel Filmus– sufrió una sola modificación: se prohibirá la autorización de nuevos emprendimientos industriales en las zonas protegidas hasta que se realice un inventario de glaciares existentes, que hará el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (Ianigla). El proyecto pasará ahora al Senado. En diálogo con Página/12, Filmus dijo que, antes de definir su postura, deberá “analizar” la modificación introducida ayer.

“Se ha respetado el acuerdo. Estoy seguro de que Filmus va a defender el proyecto en el Senado. Y si la Presidenta, como dijo el jefe del bloque oficialista (Agustín Rossi), esta vez no veta la ley que salga del Congreso, vamos a tener una normativa más protectora para los glaciares y el agua potable de los argentinos”, sostuvo Bona-sso, después de que a mano alzada Diputados aprobara los once artículos que habían quedado pendientes antes del receso parlamentario.

El oficialismo no acompañó con su voto la iniciativa. Varios diputados kirchneristas de distintas provincias cordilleranas, así como peronistas disidentes, radicales catamarqueños y el macrismo, insistieron sin suerte en modificar el artículo 6, el que prohíbe actividades mineras y de hidrocarburos en las zonas protegidas.

El oficialista sanjuanino Héctor Tomas lamentó que Bonasso no aceptara cambios y volvió a cuestionar la definición de ambiente periglacial de alta montaña que establece el artículo 2º, votado el 14 de julio. “Prohíbe cualquier tipo de actividad productiva en toda la Cordillera de los Andes, desde Jujuy a Tierra del Fuego”, sostuvo. Luego Tomas afirmó que “las provincias son las dueñas de los recursos naturales”, y lanzó su propuesta para modificar uno de los incisos del artículo 6º: que las prohibiciones a las actividades productivas quedaran sujetas a un estudio de impacto ambiental.

El jefe del bloque macrista, Federico Pinedo, adhirió al pedido de Tomas con argumentos propios. Cuestionó la definición de ambiente periglacial como “insuficiente” y dijo que el cuidado de aguas congeladas, a cero grado, marginaría a toda la Cordillera de cualquier proceso productivo. Y le propuso a Bonasso incorporar el estudio de impacto ambiental en la habilitación de emprendimientos, para acompañar sin cuestionamiento el resto del proyecto. Otros cuestionaron la iniciativa desde el supuesto desconocimiento y enfrentamiento con el interior del país, o por el peligro que correrían acuerdos del Mercosur, como la apertura de un corredor bioceánico.

La líder de la CC, Elisa Carrió, salió al cruce de la “falsa disyuntiva” del enfrentamiento con el interior. Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur) advirtió que le “corresponde a la Nación dictar los presupuestos mínimos y las provincias no pueden disponer normativas que la contradigan”.

Con acuerdo opositor, Ricardo Mansur (UCR) propuso el único cambio al texto acordado: la prohibición de autorizar nuevos emprendimientos en las zonas protegidas hasta que culmine el inventario del Ianigla. Los opositores consideraban que la modificación no incomodaría a Filmus y que promovería la aprobación del proyecto en la Cámara alta, pero el senador aseguró a este diario que deberá “analizar” el texto final.

De aprobarse en el Senado, la ley les cerrará el paso a distintos proyectos mineros que requieren agua de las regiones periglaciales y son cuestionadas por su alto impacto ambiental. “Así como la megaminería entró por el Congreso en los ’90 –sentenció la cívica Fernanda Reyes–, esta vez el Parlamento priorizó la protección del agua de todos los argentinos.”