Sakineh Mohammadi Ashtiani es iraní, tiene 43 años y es madre de dos hijos. Sus días podrían estar contados. Fue condenada a muerte por lapidación por cometer adulterio y se encuentra en el corredor de la muerte en la prisión de Tabriz, al noroeste de Irán. Su drama despertó la solidaridad de organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y generó una campaña mundial de protesta contra el régimen que gobierna el país. Hace pocos días, autoridades iraníes dejaron trascender que no la ejecutarían a latigazos, pero no descartaron matarla por otros medios, como la horca. “Este es un caso importante no solo para destacar la barbarie que significa la lapidación como castigo por realizar actos sexuales consentidos entre adultos, sino también para poner en primer plano un tema más amplio, como es la ausencia de derechos para las mujeres en Irán”, señaló en diálogo con Página/12 el abogado irlandés, especializado en derechos humanos, Bill Shipsey, fundador de Art for Amnesty, la pata de la entidad que trabaja a nivel global con artistas de distintas disciplinas en apoyo de sus iniciativas humanitarias.

La mujer hizo declaraciones al diario inglés The Guardian, a través de un intermediario, y acusó a Teherán de tratar de “confundir a los medios de comunicación” con el fin de matarla en secreto. No tiene dudas de que su calvario se debe a una única causa: “La respuesta es muy simple, es porque soy una mujer, es porque piensan que pueden hacer cualquier cosa a las mujeres en este país. Es porque para ellos el adulterio es peor que el asesinato, pero no todos los tipos de adulterio: un hombre adúltero ni siquiera podría ser encarcelado, pero una mujer adúltera es el fin del mundo para ellos. Es porque estoy en un país donde sus mujeres no tienen derecho a divorciarse de sus maridos y se ven privadas de sus derechos fundamentales”, dijo la mujer.

En pocos días, más de 150 mil personas firmaron un petitorio a través de Internet para salvar su vida. Entre otras celebridades, el magnate inglés Richard Branson, creador de la cadena de tiendas de discos Virgin Records; los cantantes Peter Gabriel y Caetano Veloso, las actrices Vanessa Redgrave, Gwyneth Paltrow y Catherine Zeta Jones y la colombiana ex rehén de las FARC Ingrid Betancour. El presidente de Brasil, Lula da Silva, ofreció recibir en su país a Sakineh. Su gobierno ha construido una cercana relación con Teherán en los últimos años.

La situación de Sakineh se agravó en las últimas semanas, luego de que su abogado Mohammad Mostafaei, quien se ofreció a defenderla gratuitamente, tuvo que huir a Turquía, después de que las autoridades iraníes detuvieron el 24 de julio a su esposa y a un cuñado –que luego fueron liberados– y emitieron una orden para su arresto, según informó AI. Mostafaei llegó en las últimas horas a Noruega. “Ellos querían deshacerse de mi abogado para que fácilmente puedan acusarme de lo que quieran sin tenerlo a él para hablar. Si no fuera por sus intentos, ya habría sido lapidada hasta la muerte”, dijo Sakineh.

Su caso refleja la falta de derechos para las mujeres en Irán, donde son consideradas por la ley y en la práctica como ciudadanas de segunda. Sakineh está presa desde hace cinco años. Fue condenada en 2006 a recibir 99 latigazos por mantener “relaciones ilícitas” con dos hombres. Mientras recibía los azotes y se partía de dolor, habría confesado el crimen de su marido. Pero más tarde se retractó y dijo haberse adjudicado su muerte bajo coacción. Según fuentes de la magistratura iraní pesaría sobre ella una condena a muerte por el asesinato de su marido, pero su abogado desmintió que exista esa causa. En otro juicio, la mujer fue acusada de “adulterio mientras estaba casada” y recibió como sentencia la muerte por lapidación. Según informó Amnistía Internacional, dos de los cinco integrantes del tribunal la declararon inocente, al señalar que ya había sufrido una condena de flagelación y que no había pruebas suficientes de adulterio contra ella. Sin embargo, los otros tres, incluido el presidente del tribunal, la declararon culpable: se basaron, según AI, en el “conocimiento del juez”, un principio de la legislación iraní que permite a los magistrados –muchos de ellos clérigos– adoptar una decisión en relación con la culpabilidad del acusado, aun en ausencia de pruebas claras o concluyentes.

El Tribunal Supremo confirmó la condena a muerte el 27 de mayo de 2007. Su indulto depende de la decisión de la Comisión de Amnistía e Indulto, que ya se lo ha negado dos veces. El gobierno iraní hizo público un comunicado el 8 de julio en el que informaba que Sakineh no sería lapidada. Posteriormente, el 13 de julio el ministro de Exteriores de Irán, Manucher Mottaki, desmintió esas afirmaciones atribuyéndolas a “propaganda occidental”. Ante esta situación, AI reclama que se aclare la condición judicial de Sakineh. Y que no se la ejecute y se prohíban las condenas a muerte.