La lentitud de la Cámara Nacional de Casación Penal para confirmar las sentencias de los juicios por crímenes de lesa humanidad derivó ayer en la obtención del beneficio del arresto domiciliario para Luciano Benjamín Menéndez, quien suma cuatro condenas a prisión perpetua en el haber. El mayor asesino del norte argentino durante la última dictadura fue condenado en julio de 2008 a cumplir su sentencia en el penal de Bouwer, pero se benefició días después con una resolución de la Sala III de Casación, que ordenó postergar el cumplimiento efectivo de la medida hasta que el fallo quedara firme, paso que no dio durante los 25 meses posteriores. El retorno del ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército a su chalet del barrio Bajo Palermo se produce mientras recrudecen las amenazas a querellantes, fiscales y militantes de derechos humanos.

Paradójicamente, Menéndez no pasó los últimos dos años en la cárcel por las condenas de los tribunales orales de Córdoba y Tucumán, sino por los procesamientos con prisión preventiva de jueces que instruyen causas en primera instancia. Ayer por la mañana, el Tribunal Oral Federal 1 recibió la notificación de la decisión del riojano Daniel Herrera Piedrabuena: el mismo juez que un año atrás decidió postergar la estadía de Menéndez en la cárcel, le otorgó finalmente el arresto hogareño en base a un diagnóstico médico de neumonía bilateral. Al mediodía, durante la audiencia del juicio que Menéndez comparte con el dictador Jorge Videla y 29 ex subordinados, el presidente del tribunal Jaime Díaz Gavier informó la habilitación para retornar al hogar cuando concluyera la jornada.

“El mayor asesino que conocieron las diez provincias que integraron el Tercer Cuerpo de Ejército vuelve a su casa. Ya aprendimos que el único camino que nos garantiza justicia es la organización del pueblo”, escribió minutos después Hijos Córdoba en su perfil de Facebook, para convocar a una marcha de repudio. Cuando concluyó el testimonio de Marcelo Gustavo Iturbe, otro ex preso político que detalló los padecimientos en la Unidad Penitenciaria 1, un centenar de personas se trasladó hasta la casa de Menéndez, custodiada por un imponente operativo a cargo de fuerzas de elite de la policía provincial. A las 20.18, tras recoger sus petates en el Hospital Militar, donde estaba internado desde el 2 de julio, el condenado volvió al barrio en un celular del Servicio Penitenciario Federal, que mañana a primera hora lo devolverá a la sala de audiencias.

“La Cámara de Casación es la gran responsable de que Menéndez vuelva a su casa. Su actitud es absolutamente funcional para que los represores de mayor rango mueran sin sentencia firme”, destacó Claudio Orosz, abogado de Hijos Córdoba. “Días después de la sentencia de 2008, sin entrar en el fondo del asunto, la Sala III ordenó que no se aplicara el punto que ordenaba el cumplimiento de la pena en la cárcel. Luego de esa resolución en tiempo record pasó más de dos años sin pronunciarse”, recordó Orosz. “En diciembre, cuando nos rechazaron el segundo pedido de pronto despacho, dijeron que habían pedido documentos al tribunal. Tres meses después nos enteramos que el tribunal no había recibido nada”, abundó.

La medida que beneficia a Menéndez se produce en un contexto de amenazas crecientes a sobrevivientes, familiares y querellantes: desconocidos que anuncian encomiendas y desaparecen, mensajes telefónicos con música durante horas. “Su hijo va a mirar los rabanitos desde abajo”, le advirtieron al padre de Orosz. La frase lleva la marca registrada de La Perla. La semana pasada, el ex comisario Carlos Yanicelli, torturador del Departamento de Informaciones (D2) que llegó a ser director de inteligencia criminal del gobernador Ramón Mestre, insultó a la fiscal Graciela López de Filoñuk, a quien acusó de “peinar testigos”. La acusación se convirtió ayer en volantes que circularon por tribunales.

Menéndez no es el único condenado beneficiado por las demoras de la Cámara de Casación para confirmar las sentencias. Circulan por las calles con impunidad, entre otros, el general Jorge Olivera Róvere, responsable de la represión en la ciudad de Buenos Aires durante 1976, y los brigadieres César Comes e Hipólito Rafael Mariani, condenados por crímenes en Mansión Seré. A cuatro años de los primeros juicios desde la reapertura de las causas existen sólo dos condenas confirmadas por la Corte Suprema de Justicia: Julio Simón y Miguel Etchecolatz, ambos juzgados en 2006. Los otros 1462 represores imputados y/o procesados, son para el Poder Judicial teóricamente inocentes.