La aprobación en la Cámara de Diputados del 82 por ciento móvil para los jubilados volvió a abrir un panorama de incertidumbre en el Senado. Al cierre de esta edición, la oposición se disponía a darle media sanción a una iniciativa mucho más ambiciosa que el proyecto que cuenta con dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión y Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, por lo que el escenario será aún más complejo que hace unas semanas, cuando los caciques del Grupo A tuvieron que postergar el tratamiento en el Senado ante una inminente derrota. Fuentes de la oposición, sin embargo, esperaban que el impulso de la aprobación en Diputados surta efecto sobre el ánimo de algunos legisladores. En el kirchnerismo, en cambio, consideraban poco probable que se revierta el cuadro de situación anterior y, en última instancia, deslizaban la posibilidad de un veto presidencial.

“Construyeron una mayoría importante, esperemos que no se repita con el 82 por ciento”, había dicho con preocupación el jefe del bloque del FpV, Miguel Pichetto, al terminar el miércoles pasado la última sesión, en la que el oficialismo perdió la normalización del Indec por 39 a 26. Lo cierto es que los propios opositores no confían en aquel resultado alentador, ya que sufrieron en carne propia la postergación de la iniciativa por falta de votos.

Según lo previsto, la media sanción que se votaba anoche deberá tratarse en las comisiones de Trabajo y Previsión y Presupuesto y Hacienda, que evaluarán el expediente junto con el dictamen emitido hace unos meses. La oposición deberá allí discutir si efectúa cambios a la media sanción, si la lleva al recinto como está o si la deja a un lado e insiste con su propio dictamen. En los primeros dos casos deberá, una vez conseguidas las firmas, esperar siete días para poder llevarlo al recinto.

El proyecto tal como vino de Diputados significa un costo fiscal mucho mayor que el del dictamen en el Senado, ya que no implica solamente el aumento para el haber mínimo, sino para todas las jubilaciones tal como lo indican los fallos de la Corte Suprema, Badaro y Sánchez. Según la oposición, la media sanción implica más de 30 mil millones de pesos mientras que el dictamen del Senado unos 9600 millones.

Con ese argumento, fuentes del oficialismo estimaban que si la oposición no logró juntar los votos para aprobar un proyecto más modesto, menos podrán aprobar éste. De todas maneras, el escenario de inestabilidad reinante en el Senado no deja margen para la improvisación.

Conscientes de sus dificultades, los impulsores de la iniciativa buscaron generar presión con audiencias públicas que arrancarán las semanas próximas. El socialista Rubén Giustiniani le solicitó al presidente de la Comisión de Previsión, el radical Alfredo Martínez, que convoque a “todos los sectores involucrados en el tema, trabajadores, jubilados, entidades gremiales, ONG”.

Al igual que en votaciones anteriores, la clave está en la posición de un grupo de senadores que no se identifican ni con el oficialismo ni con la oposición. Se trata de los pampeanos Carlos Verna y María Higonet, la chubutense Graciela Di Perna, la ex oficialista Adriana Bortolozzi, la rionegrina María José Bongiorno y la santafesina Roxana Latorre. Los primeros cinco se manifestaron a favor del proyecto del Senado, mientras que Latorre adelantó su rechazo. Sin embargo, la semana pasada Bongiorno le adelantó a Página/12 que si bien está a favor de la iniciativa con despacho del Senado, dejó en duda su posición respecto de lo que se aprobaría en Diputados. “Hay que ser responsables”, aclaró Bongiorno. Hasta ayer, el rechazo contaba con 31 votos del oficialismo, tres aliados, Latorre y la probable ausencia de Carlos Menem, es decir 36 senadores. La oposición cuenta con 32 seguros y habrá que esperar la definición de esos cuatro restantes.