La semana que viene caducarán las facultades delegadas comprendidas en una serie de normativas que cubren todos los aspectos de la administración nacional, desde la gestión de algunos servicios públicos, la carta orgánica del Banco Central y el Código Aduanero. Dentro de este último capítulo, la potestad para aplicar retenciones es lo que genera más tensión entre el oficialismo y la oposición. Desde la UCR informaron ayer que si bien el próximo 24 de agosto caerán las facultades delegadas, los efectos sobre los temas legislativos seguirán vigentes. “Lo que se ha hecho tiene validez. Ese es un principio elemental de la seguridad jurídica”, afirmó el senador y presidente de la UCR, Ernesto Sanz. Así, el mendocino se diferenció de la postura más rígida de un sector del Grupo A, encabezada por Elisa Carrió y el abogado Daniel Sabsay, quienes argumentan que todo lo legislado a partir de esas delegaciones podría caducar.

El radicalismo está dispuesto a recibir del Gobierno una lista con el paquete de normas que considere relevantes para estudiar si corresponde realizar una prórroga que se ajuste al artículo 76 de la Constitución nacional, que fija un plazo y una finalidad específica para las delegaciones. Sin embargo, avanzarán de lleno con las retenciones, a partir de una iniciativa que todavía están “negociando” dentro del Grupo A en Diputados.

Para el Gobierno, la lista de leyes relevantes para la gestión diaria alcanza las 365 normativas. Su principal estrategia es esperar la reacción de la oposición. O en un escenario más confrontativo, conseguir un aval de la Corte Suprema para “dejar las cosas como están”. “El 24 no se cae el mundo. No estamos de acuerdo con que el Ejecutivo carezca de delegaciones, pero queremos tener un absoluto control de ellas”, aseveró Sanz.

La Comisión Bicameral encargada de realizar un digesto jurídico depuró una base de más de 2000 leyes que contenían una delegación de facultades desde 1853 hasta 1994. De ese total, los juristas que participaron de la comisión determinaron que aproximadamente 1850 leyes ya habían caducado o cumplido su objeto. El resto continúa vigente y es la base que tomó la oposición para elaborar una grilla de normas relevantes.

En todo el conjunto de normas hay temas de alcance tributario, servicios públicos, minería, administración pública, promoción industrial, salud, trabajo, educación, justicia y partidos políticos. Es decir, un amplio espectro de normas que exceden el tema de las retenciones.

La estrategia del radicalismo es abrir el juego para que el Ejecutivo envíe un paquete de las leyes que considere importante prorrogar o mande ley por ley. Uno de los motivos que explican esta estrategia negociadora tiene que ver con las elecciones del próximo año. “Nosotros también queremos ser gobierno”, afirmó el jefe de los radicales en la Cámara alta, al mismo tiempo que señaló que hasta el momento no hubo ningún puente con el oficialismo.

Para el FpV hay un dato relevante. La hipótesis Carrió-Sabsay de que todo lo legislado en base a las delegaciones dejaría de tener efecto ya no atrae a la oposición. “Esa ya es una batalla ganada. Para no-sotros, todas las leyes que mandamos están bien. Y en el tema retenciones, nos podemos quedar plantados en el 35 por ciento de alícuota para soja”, explicó a este diario una alta fuente del bloque oficial.

El tema más complejo pasará por la discusión de los derechos de exportación. La oposición no esperará ningún informe del Gobierno y avanzará con su ley. El debate central pasa por segmentar o no segmentar.