Desde Aschaffenburg, Alemania

El departamento legal de Google en Alemania había tenido que capear hasta ahora pocos frentes de tormenta, al menos en lo que es de conocimiento público. En 2004 tuvo que ocuparse de proteger su identidad corporativa presionando exitosamente para que el verbo googeln (“googlear”) no apareciera automáticamente en los diccionarios como sinónimo de búsqueda en Internet. Pero en esta oportunidad los abogados tal vez deban poner mayor creatividad en juego, ya que la empresa del logo multicolor está por cruzar una línea que los alemanes suelen cuidar con particular celo: la de la esfera privada.

No a todo el mundo le apetece que la fachada de su casa o la imagen de sus hijos jugando en una plaza sean contenidos de libre acceso en la red, tal como promete el servicio Google Street View (“vista callejera”), implementado ya en otros países y pronto a ser lanzado en noviembre en Alemania –Google también planea incorporar Buenos Aires a ese servicio antes de fin de año–. En un país que le confiere rango ministerial a la defensa del consumidor y en el cual años atrás la inclusión en los pasaportes de datos biométricos causó un revuelo que sigue resolviéndose en algunos juzgados, no es difícil imaginarse que el disgusto esta vez se haya transformado en una cuestión de Estado.

Los autos de Street View, que cuentan con un dispositivo fotográfico de última generación montado en el techo y recuerdan a una versión torpe y sin gracia del robot Wall-E, recorren desde hace dos años las veinte ciudades más importantes del país, registrando imágenes por millones, no ya desde el cielo, como el pionero Google Earth, sino desde las calles mismas; y aquello que solía despertar curiosidad, provoca ahora sensaciones que navegan entre el escepticismo y el rechazo. La noticia de que estos autos hayan captado y registrado también datos a través de redes wi-fi particulares (“por descuido”, según Google) no ayuda precisamente a mejorar el humor ciudadano.

La empresa había asegurado en un principio la utilización de un software que permitiría identificar personas, cuyos rostros volvería irreconocibles mediante una técnica similar al pixelado. Para los especialistas, que ya han advertido en reiteradas ocasiones sobre el modo maníaco de acopiar datos por parte de Google, es una solución con gusto a poco. Aducen –por citar un ejemplo– a la posibilidad de echar un vistazo por encima de cercos y tapiales privados, que eventualmente le permitiría a un patrón ver en qué condiciones viven sus empleados o los postulantes a un empleo. Ni hablar del temor ante el (ab)uso por parte de criminales, a quienes la planificación de robos en viviendas se les facilitaría con un par de clicks. También el comisionado federal para la protección de datos, Peter Schaar, expresó días atrás su preocupación por el peligroso cóctel conformado por fotos de Street View en combinación con datos extraídos de guías telefónicas y directorios, en términos de obtener información sobre la posible solvencia económica de un particular.

Sin embargo, la coalición conservadora de demócratas cristianos (CDU-CSU) y liberales (FDP) parece haber encontrado un tema que le permite seguir cultivando el disenso interno, una de sus características desde que asumiera a fines de 2009. Así, mientras la ministra de Justicia, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP), apura una reforma de la legislación de protección de datos, su colega de Interior, Thomas de Maizière (CDU), intentó poner paños fríos a la discusión, ninguneando –por insuficiente– el proyecto de ley presentado por el Consejo Federal para regular el manejo de los llamados “servicios de geodatos”.

Ante la presión de la opinión publica y de un sector importante de la política, Google cedió unos metros más de terreno, poniendo a disposición un formulario online para que los ciudadanos interpongan un recurso sobre fotos que involucren a su persona o a su propiedad. Como para alimentar suspicacias, miles de usuarios que quisieron acceder a él durante el primer día vieron frustrado su intento debido a la inestabilidad de la página correspondiente. Y el trámite no termina ahí, en tanto Google –que prevé decenas de miles de estos recursos sobre sus escritorios– envía por correo un formulario de verificación a cada solicitante, que éste, a su vez, debe completar y reenviar y... Que el plazo para presentar el recurso venza a mediados de septiembre es visto poco menos que como una chicana, teniendo en cuenta que en algunas regiones coincide con el fin del receso estival.

En Europa, Google se las había arreglado para sumar simpatías cuando, a mediados de este año, obligó al gobierno chino a resolver con pragmatismo (a favor de Google, se entiende) la pulseada que tenía a ambos por protagonistas; el desenlace ameritaba a pensar en una derrota parcial de la censura estatal en China, pero aparentemente resultó un triunfo de la libertad de empresa.

“Don’t be evil” (“No seas malo” o “maldito”) reza el lema interno de Google. “Sonría ahora, lo pixelamos luego” podría ser una sugerencia para los tiempos que corren...