La denuncia de la Corte Suprema de Justicia contra el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, por no haber acatado una sentencia que lo obligaba a restituir al ex procurador de esa provincia Eduardo Sosa, generó encontronazos entre la oposición y el oficialismo en el Parlamento. Los diputados opositores presentaron diversos proyectos de ley para hacer cumplir esa sentencia. El GEN de Margarita Stolbizer impulsa directamente la intervención federal de la provincia, mientras que el radicalismo propone el cumplimiento del fallo “de la manera menos cruenta posible” y sin el desplazamiento del mandatario provincial. El oficialismo anunció que rechazará “todo intento de intervención federal” y advirtió que la Corte incurrió en “un acto de irresponsabilidad”.

“No queremos desestabilizar a nadie, pero sí queremos que se cumpla el fallo de la Corte”, aseguró ayer el presidente del radicalismo, Ernesto Sanz. El senador expuso así la posición de la UCR ante la denuncia penal que formuló la Corte Suprema de Justicia contra el gobernador santacruceño, Daniel Peralta, por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, al no acatar un fallo que lo obliga a reponer en el cargo de procurador de la provincia a Eduardo Sosa, removido hace quince años.

La oposición, sin embargo, no consiguió unificar su posición. El bloque del GEN presentó un proyecto de ley en el que se plantea la “intervención federal” para dar cumplimiento al dictamen de la Corte.

El radicalismo no se quedó atrás y también presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados. “No se propone el desplazamiento de las autoridades locales”, explicó el titular del bloque radical, Oscar Aguad, a propósito de la declarada intención de ese partido de que el contrapunto se resuelva en forma incruenta. El autor del proyecto es Ricardo Gil Lavedra, quien aseguró que “de esa forma se preserva la autoridad de las decisiones de la Corte y se respeta la autonomía de la provincia”.

Tanto el Peronismo Federal como el PRO impulsaron sendas propuestas para ejecutar una intervención federal y la Coalición Cívica anunció que intentará realizar una reunión de los legisladores de la oposición que integran las comisiones de Asuntos Constitucionales en el Congreso para acordar una “posición común”. “Se trata de un desacato a un principio básico de nuestra convivencia y a la división de poderes, un hecho inédito desde la recuperación democrática”, señaló en un comunicado la fuerza que conduce Elisa Carrió.

El diputado de Proyecto Sur Fernando Solanas también se pronunció a favor de “reponer al ex procurador provincial Eduardo Sosa ante la desobediencia del gobernador de acatar la decisión judicial”. Aclaró, de todos modos, que debe buscarse “el mecanismo adecuado sin llegar al extremo de una intervención federal”.

Por su parte, diputados y senadores kirchneristas por Santa Cruz presentaron un pedido ante los presidentes de ambas Cámaras del Congreso para que sean rechazados los proyectos presentados por la oposición para intervenir la provincia patagónica. El senador justicialista de Santa Cruz Nicolás Fernández aseguró que es “escandaloso e inconstitucional que la Corte pretenda restituir a un particular en un cargo que ya no existe más en la provincia. Es un error gruesísimo y grosero”. El senador oficialista aludía al hecho de que en la última reforma constitucional de la provincia, el cargo de procurador se eliminó y se creó el de fiscal general, para el que fue designado Claudio Espinoza, con acuerdo de la Legislatura provincial. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, también se refirió a la situación en su exposición de ayer en la Cámara baja y se preguntó “cómo hace el gobierno –de Santa Cruz– para sacar a alguien que tiene el mismo cargo para cumplir con la sentencia. Quien está hoy en el cargo tiene la misma intangibilidad”.

Tanto el jefe del bloque del oficialismo en el Senado, Miguel Angel Pichetto, como el de Diputados, Agustín Rossi, anticiparon que se opondrán a “todo intento de intervención federal a la provincia” de Santa Cruz.